La disputa por las Islas Malvinas suma un nuevo frente judicial. El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra cinco empresas por participar en proyectos de explotación de hidrocarburos en ese territorio sin autorización de Buenos Aires.
La medida concreta parte de un paquete más amplio que Milei anunció el pasado jueves en cadena nacional, cuando adelantó sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de petróleo y recursos en Malvinas. El anuncio generó expectativa por el endurecimiento de la postura argentina, y también críticas desde sectores de la oposición por el giro en el discurso del mandatario, que hasta ahora no había puesto a las islas en el centro de su agenda.
Ahora, la Oficina del Presidente informó que avanzará con la investigación y sanción de posibles violaciones a la Ley 26.659. En total, 45 entidades están bajo investigación por sus vínculos directos o indirectos con actividades petroleras en torno a las islas. Entre ellas figuran compañías y fondos israelíes, lo que cruza el reclamo argentino por Malvinas con intereses empresariales de ese país, uno de los principales aliados del Gobierno de Milei.
¿Cuáles son las cinco empresas demandadas?
En lo concreto, según informó la Presidencia argentina, la denuncia alcanzará a: Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.
Argentina alega que estas empresas "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo Gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte", en "violación" de las leyes argentinas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, presentó la denuncia ante la justicia federal, con el patrocinio de Sebastián Amerio, jefe de la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado argentino.
Uno de los principales proyectos involucrados es Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. La petrolera Navitas posee una participación del 65% y opera el proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. Está previsto que la extracción de crudo comience en marzo de 2028.
El gobierno argentino dijo que la demanda también se dirigirá contra "todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido" en el proyecto.
45 empresas investigadas
En tanto, la denuncia penal es solo una parte de las medidas anunciadas, ya que el número de entidades investigadas es mayor.
La documentación oficial identifica 45 empresas, fondos de inversión, accionistas, directivos y prestadores de servicios de Reino Unido, Israel, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, Jersey (Islas del Canal) e Islas Vírgenes Británicas. La mayoría está vinculada al proyecto petrolero Sea Lion.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios”, señaló.
"La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional", dijo el gobierno en su comunicado.
Ahora bien, el endurecimiento de las medidas se produce pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejara abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la disputa por las Malvinas. “Siempre reviso todas las posturas. Esta es una de muchas”, declaró Trump el lunes, sin ofrecer más detalles, al ser consultado sobre la tradicional posición de neutralidad de Estados Unidos.
¿Qué implica una sanción?
La medida se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones para personas y empresas que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización. Si se hicieran efectivas, incluyen multas equivalentes a entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo, inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para operar en Argentina, el decomiso de equipos y la reversión de concesiones o permisos que las compañías tengan en el país.
El alcance puede extenderse además a empresas que presten servicios o mantengan determinados vínculos con las compañías involucradas, que también podrían enfrentar restricciones para operar en Argentina o acceder a permisos relacionados con la actividad energética.
El componente israelí
De las entidades investigadas, 13 son israelíes, según la información oficial publicada por medios argentinos. La presencia de capitales de ese país se extiende por la estructura empresarial vinculada con Sea Lion.
Navitas cotiza en Tel Aviv y está presidida por Gideon Tadmor, una figura del sector energético israelí que posee cerca del 9% de la compañía, según datos de LSEG citados por el medio The Times of Israel.
Entre las firmas investigadas también aparecen Meitav Investment House, Harel Insurance Financial Service y empresas del grupo Phoenix. A su vez, entre los principales inversores de Rockhopper figuran las firmas israelíes Noked Capital, Brosh Funds e ION Fund Management, con participaciones de entre el 4,6% y el 9,2%, según el mismo periódico.
Uno de esos vínculos conduce además a Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Su firma de inversión, Affinity Partners, invirtió alrededor de 250 millones de dólares para adquirir cerca del 10% de Phoenix Financial desde julio de 2024, según la revista Forbes. A finales de julio redujo su participación al 7,4%, aunque continúa como su mayor accionista individual, de acuerdo con Bloomberg.
“No perjudica” la relación con Israel
Pese al alcance de las investigaciones sobre compañías israelíes, el Gobierno de Argentina descarta consecuencias diplomáticas.
“Esto no perjudica en lo más mínimo la relación argentino-israelí. Hemos estado y seguimos estando en comunicación permanente con Israel y con el ministro de Relaciones Exteriores israelí”, afirmó Quirno en diálogo con Radio Mitre.
Así, el ministro sostuvo que las medidas responden al reclamo argentino sobre la explotación de recursos naturales en las Malvinas y no constituyen una decisión contra Israel.
La aclaración cobra relevancia por el fuerte acercamiento político y diplomático de Milei con Israel, cuyo respaldo se ha convertido en uno de los ejes de la política exterior de su Gobierno.
Londres afirma que mantiene su compromiso con Malvinas
En respuesta al discurso de Milei, Londres reafirmó el viernes que las islas "son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la voluntad abrumadora de sus habitantes" y que su compromiso es "inquebrantable".
Asimismo, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores británico aseguró este martes que “no hay duda” sobre la soberanía del Reino Unido.
“No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía de Reino Unido sobre las islas”, afirmó Kirsty McNeill, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional, ante legisladores británicos.
