Mientras las bombas siguen estallando en Oriente Medio pese al alto el fuego entre EE.UU e Irán, otra forma de violencia más silenciosa sigue su largo curso: la de las sanciones, contempladas en la Carta de la ONU como “medidas que no implican el uso de la fuerza armada”.

Pero las que más pesan hoy son, sobre todo, medidas unilaterales: restricciones impuestas por una sola parte para forzar cambios de conducta en otro Estado. Su impacto depende de la desigualdad de poder entre quien sanciona y quien es sancionado. Cuba, bajo sanciones de EE.UU. desde 1960, e Irán, desde 1979, lo muestran con claridad. En Iraq fueron multilaterales, impuestas desde 1990, pero EE.UU. y Reino Unido bloquearon su levantamiento.  

Se presentan como una alternativa no militar dirigida a gobiernos, pero golpean a la población civil: debilitan sistemas de salud, bloquean el comercio y erosionan economías cada vez menos capaces de sostener lo básico. Según un estudio publicado en la revista The Lancet Global Health, las sanciones unilaterales se asocian con unas 564.000 muertes en exceso al año, una cifra similar a algunas estimaciones de la mortalidad anual total de las guerras, incluidos civiles. Los autores añaden, además, que el 51% de esas muertes correspondió a menores de cinco años. 

El estudio subraya que cuánto más se prolongan mayor es la mortalidad asociada. Si se toma esa estimación anual como promedio para el período analizado (1971-2021), estaríamos hablando de 28,8 millones de vidas en total. No extraña, por eso, que un dossier jurídico especializado sostenga que las sanciones pueden resultar más “letales”, operar como “guerra por otros medios” y, además, preparar el terreno para el salto a la fuerza.

En muchos Estados del Sur Global, estas medidas se imponen como instrumentos de castigo y desgaste que no sólo buscan forzar cambios de conducta, sino también debilitar la capacidad del Estado para sostener su funcionamiento. En una entrevista con Al Jazeera, Narges Bajoghli, profesora en la Universidad Johns Hopkins, advirtió que, cuando a las sanciones se añaden campañas de bombardeo, se suma “una capa de guerra sobre otra”. El aumento del uso de esta carta por parte de EE.UU –más de un 900% en 20 años– muestra hasta qué punto esta lógica de coerción se ha consolidado.

Los casos de Irán, Cuba e Iraq permiten observar cómo esa presión puede adoptar ritmos y alcances distintos, pero mantiene una misma lógica: asfixia económica, negociación bajo coerción y la amenaza de una intervención militar siempre sobre la mesa. 

Irán

Estados Unidos sancionó unilateralmente a Irán desde 1979, tras la Revolución que derrocó al shah –uno de sus principales aliados en la región– y la toma de su embajada en Teherán, donde 52 diplomáticos estadounidenses fueron retenidos durante 444 días. Con el tiempo, Washington amplió ese régimen alegando “terrorismo”, “abusos de derechos humanos” y el programa nuclear iraní. Teherán, por su parte, rechaza esas acusaciones y denuncia que las sanciones de EE.UU., lejos de abrir una salida negociada, son “disparatadas y absurdas” y cierran “permanentemente” la vía diplomática.

Al embargo comercial inicial se sumaron sanciones al petróleo, el gas, la banca y el transporte, además de castigos a empresas y bancos extranjeros que negociaran con Irán. A partir de 2006 se sumaron la ONU y la Unión Europea, aunque con medidas más acotadas y centradas en el programa nuclear.

El Plan de Acción Integral Conjunto, acordado en 2015 entre Irán, EE.UU. y otras cinco potencias, limitaba e inspeccionaba el programa nuclear iraní a cambio de alivio de sanciones. Esto abrió un breve respiro económico, roto en 2018 durante el primer mandato del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, quien retiró unilateralmente al país del acuerdo e impuso su “campaña de máxima presión”. Washington apuntó al núcleo de la economía iraní: las exportaciones de crudo, la banca y el transporte. 

El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo (2018-2021), resumió el objetivo: Teherán debía dar un “giro de 180 grados” o ver cómo “su economía se desmoronaba”. Aunque solo EE.UU. se retiró del acuerdo, muchas empresas dejaron de operar por miedo a represalias. 

La presión llegó a ser crítica: la moneda iraní pasó de unos 34.000 por dólar en 2016 a alrededor de 270.000 en 2021 y a cerca de 1,5 millones en enero de 2026; la inflación se ha mantenido por encima del 40% anual y la cesta básica se volvió difícilmente asumible. Aunque existen “excepciones humanitarias”, las restricciones bancarias dificultan pagos esenciales, mientras residentes denuncian escasez de medicinas críticas.  

En enero de 2026, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, presentó las sanciones como una estrategia para debilitar a Irán desde dentro: habían “funcionado” porque la economía “colapsó” en diciembre y, por eso, “la gente salió a la calle”, en referencia a las protestas que sacudieron al país.

El diálogo nuclear entre EE.UU. e Irán se reactivó en mayo de 2025, pero la agresión de Tel Aviv y Washington lanzada el 13 de junio frenó el proceso. Y menos de un año después, el 6 de febrero de 2026, ambas partes reanudaron las conversaciones. En ese contexto llegó la nueva agresión: el 28 de febrero, Irán fue atacado por EE.UU. e Israel, mientras la negociación seguía abierta. Apenas un día antes, el mediador omaní Badr Albusaidi había asegurado que un acuerdo estaba “al alcance”. 

Cuba

Cuba muestra otra versión de la misma lógica, endurecida con el regreso de Trump: no la guerra abierta, por ahora, pero sí una estrategia de asfixia prolongada acompañada de amenazas de intervención para doblegar al país.

Tras la Revolución cubana de 1959, que puso fin a un régimen aliado de Washington y afectó intereses estadounidenses en la isla, EE.UU. comenzó su presión económica sobre Cuba. Arrancó con un embargo parcial en 1960 y se convirtió en un embargo comercial pleno en 1962. En la década de los noventa, el embargo se codificó en la legislación estadounidense, consolidándose como una política estructural hacia la isla. Desde entonces, ha restringido el acceso a combustible e importaciones básicas, con efectos profundos sobre el desarrollo económico cubano, tanto agravando su fragilidad energética como debilitando el abastecimiento de alimentos. 

En enero de 2026, cuando Washington lanzó una operación militar en Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro, la Casa Blanca endureció aún más esa presión sobre Cuba: cortó el crudo venezolano que aún sostenía a la isla, y amenazó con aranceles a cualquier país que siguiera abasteciéndola. Expertos de la ONU calificaron ese bloqueo como “una grave violación del derecho internacional”. 

En marzo de 2026, Cuba sufrió tres colapsos nacionales de la red eléctrica. El gobierno activó “micro-islas” de generación para servicios esenciales, pero en algunos hospitales tuvieron que cancelar cirugías. El presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la isla no había recibido petróleo en tres meses, y que la producción nacional sólo cubría un 40% del combustible necesario.

Trump resumió la lógica de la presión: La Habana no tiene dinero, petróleo, ni comida y, por ello quiere “ayuda” de Washington. Añadió que, después de Irán, “Cuba será la siguiente” y que “llegará a un acuerdo” o, de lo contrario, hará “lo que sea necesario”. Díaz-Canel acusó a Washington de intentar “apoderarse del país y de sus recursos”, asfixiando la economía para forzar la rendición.

El precedente de Iraq: sanciones, desgaste total e intervención militar

Iraq mostró cómo unas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad pueden ir más allá de su objetivo declarado y convertirse, al bloquearse su levantamiento, en un instrumento de desgaste prolongado. Tras la invasión iraquí de Kuwait en 1990 se impusieron sanciones amplias mediante la Resolución 661. Después de la guerra de 1991, la Resolución 687 subordinó su levantamiento al desarme iraquí.

Sus efectos fueron drásticos: en sólo seis semanas ya había escasez de suministros y, a finales de 1990, la falta de alimentos era generalizada. La catástrofe humanitaria llevó a la dimisión de tres altos responsables de la ONU –Denis Halliday, Hans von Sponeck y Jutta Burghardt–. Halliday calificó su impacto de “genocida”, en línea con la estimación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en 1995, que atribuía a las sanciones la muerte de más de un millón de adultos iraquíes y 567.000 niños.

Con el tiempo, quedó claro que el desarme no bastaba para explicarlas. Aunque entre 1997 y 1998 los organismos encargados dieron por concluida su labor, EE.UU. y Reino Unido votaron contra su levantamiento. Así, prolongaron un castigo que mantuvo a Iraq exhausto y acabó integrándose en una lógica de cambio de régimen.

El golpe final llegó en 2003, con la invasión de Iraq liderada por EE.UU., y apoyada decisivamente por Reino Unido, bajo el pretexto de las “armas de destrucción masiva”. Kofi Annan, entonces secretario General de la ONU (1997-2006), la declaró contraria al derecho internacional. En las dos décadas posteriores, la invasión dio lugar a un ciclo de ocupación, descomposición estatal, fragmentación y violencia cuyas consecuencias siguen pesando sobre el país. Como hoy con Irán, la fuerza se justificó por una “amenaza” que la inspección internacional consideraba improbable.

Sanciones, ¿alternativa a la guerra… o guerra por otros medios?

El caso iraquí desacreditó en la ONU el modelo de sanciones integrales contra un Estado, al abrir un amplio debate sobre su impacto humanitario. En adelante, el Consejo de Seguridad no las ha vuelto a imponer y, desde entonces, el foco se ha desplazado a las sanciones unilaterales, hoy centrales en la política coercitiva occidental. 

Distintos expertos cuestionan que las sanciones sean una alternativa más “limpia” que la guerra. Mark Weisbrot, coautor del estudio en The Lancet, advierte que “erróneamente” se las asume como menos letales y casi no violentas. En su artículo “Weapons Against the Weak: International Law and the Political Economy of Coercion”, Aslı Ü. Bali, profesora en Yale Law School, subraya que producen “hambre” y “epidemias evitables” y que a menudo encubren objetivos estratégicos bajo discursos de “derechos humanos” o “democracia”. 

Las sanciones suelen perseguir dos fines: o “ejercer suficiente presión sobre el régimen y el Estado sancionado para cambiar su conducta”, o bien “ejercer suficiente presión sobre la sociedad para que se levante contra el Estado” y, en última instancia, “derribarlo”, resume Narges Bajoghli.

Y ni siquiera para esos fines aseguran resultados. Rara vez logran por sí solas un cambio de régimen o los objetivos políticos que dicen perseguir. A menudo no sustituyen a la fuerza, sino que actúan junto a ella: pueden proyectar hacia terceros la imagen de un país debilitado, o incluso empujar a quienes sancionan a recurrir a la violencia.

¿Quién sanciona a quién? La asimetría Norte-Sur

La Asamblea General de la ONU condena reiteradamente las medidas coercitivas unilaterales, pero el patrón de voto es claro: la mayoría de los países del Sur Global suele respaldar esas resoluciones en contra, mientras gran parte del Norte Global vota a favor, o se abstiene. 

Esa desigualdad de poder también marca el alcance real de las llamadas “excepciones humanitarias”: sobre el papel pueden excluir alimentos o medicinas pero, como han alertado expertos de la ONU, en la práctica resultan “ineficaces e ineficientes”. Como advierte la relatora especial Alena Douhan, si bancos, navieras, aseguradoras y proveedoras deciden no operar por miedo a sanciones secundarias o a perder otros socios comerciales, la excepción deja de servir. 

Sanciones como “herramienta de guerra económica”

Narges Bajoghli las define como una “herramienta de guerra económica” cuya violencia resulta menos visible: “Los fotoperiodistas no pueden fotografiar lo que las sanciones hacen con el paso del tiempo ni cómo afectan a la gente”.

No hace falta que cumplan los objetivos que dicen perseguir para “funcionar”: aunque no democratizan ni derriban por sí solas al régimen al que apuntan, sí desgastan, reducen márgenes de maniobra y castigan sin asumir el coste político de una acción armada. Y ese castigo empobrece masivamente y, al mismo tiempo, tiende a reforzar a las élites que controlan circuitos de escasez, contrabando y acceso a bienes básicos. 

La pregunta de fondo no es solo qué hacen las sanciones, sino quién puede imponerlas y contra quién. O, dicho de otro modo: ¿quién sanciona a quienes tienen capacidad de sancionar? ¿Quién sanciona a EE.UU. mientras viola el derecho internacional junto a Israel, incluso después de que la Corte Penal Internacional ordenara el arresto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de su anterior ministro de Defensa Yoav Gallant; y de que la Corte Internacional de Justicia dictara medidas provisionales en el caso de genocidio?