España aprueba una regularización extraordinaria que podría alcanzar a unas 500.000 personas en situación irregular, según estimaciones del Gobierno y de organizaciones sociales.
La medida se tramita por real decreto-ley y permitirá obtener residencia y permiso de trabajo (inicialmente por un año, renovable) a quienes acrediten al menos 5 meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales, además de incluir supuestos para solicitantes de asilo.
El Ejecutivo defiende que la regularización busca aflorar empleo, reforzar cotizaciones e impuestos y dar derechos laborales a personas que ya viven y trabajan en España. Te contamos quién puede acogerse, desde cuándo y qué cambia en la economía y en el debate migratorio en Europa.