Puerto Rico lleva años atrapado en una crisis de deuda que se ha convertido en un negocio para los fondos buitre.

En 2015, el Gobierno reconoció que no podía hacer frente a una deuda que superaba los 70.000 millones de dólares.

Desde entonces, fondos de inversión han comprado parte de esa deuda y presionado para recuperar grandes cantidades a través de acuerdos y tribunales.

Y la factura de esta crisis también la paga la población: recortes, cierre de escuelas, servicios públicos debilitados y una electricidad cara e inestable.