La visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a Colombia el pasado 8 de septiembre consolidó a Washington como el “principal socio de seguridad” del presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó un “nuevo renacer” bilateral. Desde la ciudad colombiana de Barranquilla, Rubio describió el momento como una “época dorada” frente a amenazas comunes, mientras que el mandatario colombiano presentó los Acuerdos de Barranquilla, una hoja de ruta de tres ejes –reconstrucción económica, seguridad y protección hemisférica– que incluye el fortalecimiento militar y la adhesión al Escudo de las Américas.
Dentro de esta estrategia, De la Espriella propuso el "Plan Patriota Siglo XXI", una iniciativa previamente mencionada el 21 de junio por Joseph Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas.
¿De qué se trata el Plan Patriota Siglo XXI?
Como parte central de los acuerdos, esta iniciativa “permitirá modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales y mantenimiento y operatividad”, según un comunicado de la Presidencia de Colombia emitido en septiembre.
Así, Colombia pondrá recursos propios para “construir, conjuntamente, capacidades para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas”, razón por la cual De la Espriella insistió en que “necesitamos el apoyo, la inyección de Estados Unidos”.
En materia de lucha contra el tráfico de drogas, De la Espriella agregó: “Vamos a empezar a fumigar, vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas”.
Ahora bien, el nombre de Plan Patriota remite a una etapa previa de alianza similar entre Colombia y EE.UU. En 2003 se firmó un acuerdo con ese nombre: fue una de las principales estrategias de seguridad del primer Gobierno del Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para contrarrestar el avance de diferentes grupos armados.
Y no fue el primero. Hay que sumar el Plan Colombia, lanzado en 1999, otra iniciativa de seguridad y cooperación bilateral entre Bogotá y Washington, mayoritariamente financiada por Estados Unidos, que la revista Semana detalló "se estructuró en el Gobierno del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) y que le permitió al (entonces) Gobierno de Álvaro Uribe enfrentar con contundencia” a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre 2000 y 2016, Colombia recibió más de 9.600 millones de dólares en asistencia estadounidense, y la iniciativa se extendió al Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Analistas como Pedro Buitrago, abogado e investigador en seguridad y defensa, resaltan la importancia de la implementación de ambos planes en Colombia y explican que permitieron la “modernización” de las Fuerzas Armadas para frenar la expansión de las FARC.
“Se empieza a hablar del país por la capacidad de desarrollar unas fuerzas militares con capacidades diferenciales para responder a las necesidades de ese momento”, explica Buitrago, quien ha sido docente de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá.
En particular, destaca a TRT Español que los principales beneficios fueron “recibir un buen número de aeronaves y, además, afinar los mecanismos de inteligencia y poder compartir información con agencias internacionales”.
En esta coyuntura, aunque aún no existe un documento oficial que detalle sus estrategias sobre el renovado Plan Patriota, el general Francis L. Donovan se reunió en agosto con el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, en el Pacífico y en la frontera con Ecuador para acelerar operaciones conjuntas contra “las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo en la región”, según la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
Aspersión y “el envenenamiento de ríos”
Para algunos sectores, la posibilidad de retomar esta estrategia genera interrogantes, como explica el líder cocalero William Orozco, quien dijo estar “analizando toda esta situación”.
Cocaleros como él han cuestionado la anterior política antidrogas asociada a esta cooperación, que incluye la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos.
En ese sentido, William percibe un “retroceso” del movimiento cocalero tras los avances en la cooperación con el Gobierno de Gustavo Petro, concluido el pasado 7 de agosto. Especialmente, señala, en "la transformación territorial" y de las "economías".
Antes, el movimiento campesino había logrado impulsar “propuestas de economía lícita en estas comunidades”, relata a TRT Español.
Ahora considera que este "no puede ser un gobierno que favorezca al país, sino que es un gobierno que va en contra de la población". Y explica esta posición sobre lo que calificó como "un avance" respecto la prohibición del glifosato, que, dice, está comprobado acaba "con la vida en los territorios, con el medio ambiente, con todos los daños que esto causa, incluso con la vida humana".
La historia se remonta décadas atrás. En 1984, el Gobierno de Colombia recurrió a la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca. En 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó la suspensión del uso de ese herbicida en las operaciones de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea.
Por su parte, William, quien lleva 17 años dedicado a su oficio en el campo, rememora: “Hubo muchos daños directos con la aspersión de glifosato. Todavía estamos recogiendo casos de mujeres embarazadas que perdieron sus bebés, incluso antes de nacer. Los suelos han demorado tiempo en recuperarse, dejó también el envenenamiento de ríos y, en algunas partes, se logró evidenciar animalitos con llagas o muertos en los caminos”.
Cicatrices
Años después se confirmó otro episodio oscuro en la historia de Colombia. En 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó un informe que arrojó luz sobre lo siguiente: "El despliegue de varias operaciones del Plan Patriota, al margen de los resultados militares alcanzados, óptimos desde el punto de vista institucional, constituyó la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)".
Y según su investigación, "los principales afectados fueron los pobladores de la Región Centro que vivían en áreas de operaciones; las violencias padecidas durante el tiempo de operación incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, violencias basadas en género y sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, amenazas, entre otros".
En esa línea, estos hechos han llevado a investigaciones y fallos judiciales nacionales e internacionales, y hoy forman parte de los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según William, este periodo dejó cicatrices en las comunidades, ya que, en sus palabras implicó "una extensión amplia después de algunas masacres donde la gente quedó atemorizada en las movilizaciones que se hicieron en algunos tiempos y, ya en mi generación, logramos nuevamente tejer un tema organizativo".
Hoy este cocalero de 41 años considera que la historia se repite con "el asesinato de líderes y lideresas sociales que se agudizó de una manera muy compleja y qué es lo que está nuevamente sucediendo".
Y para William, en el fondo, el propósito es "justificar temas de militarización y lo que conlleva a otros objetivos, que es el tema de la extracción de los minerales de la tierra, porque lo que buscan es acoplar a que las comunidades acepten la militarización y con ello después, diría, de alguna manera encadenar".
¿Una respuesta a una disputa geopolítica?
Daniela Gómez, exviceministra de Defensa y directora del Centro de Investigación en Seguridad e Innovación Pública, explica en diálogo con TRT Español que los planes de cooperación anteriores funcionaron para mejorar las capacidades que llevaron a “golpes muy duros” contra los grupos armados en su momento.
Sin embargo, cuestiona su efectividad en la lucha contra las drogas y también señala las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en el marco de ambos planes. “Hoy no es tan claro ese direccionamiento porque los grupos tienen una naturaleza y tácticas diferentes”, agrega Gómez.
Según la experta, lo que más llama la atención es que los enfoques de cooperación anterior se estructuraron bajo criterios técnicos, mientras que los actuales responden más a consideraciones ideológicas y a una disputa geopolítica frente al avance de China en el continente.
“Más que responder a una lucha contra el narcotráfico, responden a una estrategia de dominación de Estados Unidos frente a lo que considera como su espacio vital, que es América completa, incluyendo Canadá”, afirma Gómez.
Para ella, la falta de un componente técnico se refleja en el uso de herramientas que considera poco eficaces, como los bombardeos a lanchas de supuestos narcotraficantes en el Pacífico y el Atlántico y la definición del supuesto “terrorismo internacional de izquierda” como una gran amenaza.
“Para perseguir los grupos transnacionales, que es el crimen organizado y están en Bogotá y Medellín, pues de nada te sirven las tácticas que están usando en este momento. Se necesita inteligencia e investigación judicial”, agrega Gómez.
Sobre la efectividad de bombardear lanchas, el diario The Washington Post publicó una evaluación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que advierte que los ataques contra al menos 67 embarcaciones supuestamente cargadas de droga no han afectado el suministro ni el precio de la cocaína y han llevado a los grupos criminales a desarrollar nuevas rutas de transporte. Además, durante su visita a Colombia, el general Francis L. Donovan señaló que los ataques contra las “narcolanchas” continuarán.
Mano dura
En esa línea, la estrategia militar del gobierno colombiano ya se traduce en acciones concretas.
En su primer mes en el cargo, De la Espriella ha ordenado tres bombardeos: en el primero, contra el grupo armado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), hubo afectaciones sobre la población civil; en el segundo, murieron tres menores que habían sido reclutados “forzosamente” por una de las disidencias de las extintas FARC y, en el tercero, “23 terroristas fueron abatidos, entre ellos alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez”, según el presidente colombiano.
Además, firmó la extradición de 41 personas, entre ellas cinco hacia Estados Unidos, y canceló el diálogo con ocho grupos armados. A lo que se suma que después del último bombardeo, De la Espriella realizó una alocución rodeado de cuerpos de presuntos integrantes de una estructura de la disidencia de las extintas FARC en el país.
“Esta operación es un golpe letal para la banda liderada por el terrorista ‘Mordisco’. Esa estructura quedó afectada en su capacidad de control territorial. Una estructura que durante años ha impuesto el miedo en el sur de la patria. Como lo dije al principio, después de 12 años, esta es la operación más exitosa de nuestra patria”, aseguró.
Operaciones conjuntas
Además, la autorización de De la Espriella para realizar operaciones conjuntas, en el marco de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), como anunció el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth el 12 de agosto, abre una nueva dimensión en esta cooperación.
Hegseth calificó estas acciones como parte de la “lucha contra el narcoterrorismo” y señaló que permiten “operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”.
Poco antes, la agencia de noticias EFE reportó que el Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que prevé destinar 1.000 millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad.
Y no todos están en la misma página en un país muy polarizado.
Tras un año de elecciones muy reñidas en el que el péndulo político giró de la izquierda a la derecha, y un terremoto devastador el 10 de agosto, algunas organizaciones plantean interrogantes.
Temblores, una ONG colombiana, pidió claridad sobre el alcance de las operaciones. Según la organización, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, el Consejo de Estado no registró ninguna solicitud del Gobierno relacionada con "el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras en Colombia".
La ONG cuestionó qué tropas llegarán al país, qué operaciones realizarán y bajo qué mando, y sostuvo que la lucha contra el narcotráfico no exime al Gobierno de cumplir los controles constitucionales sobre tropas extranjeras.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, sostiene lo contrario: “No hay ningún tipo de violación a nuestra soberanía. Ni estamos entregando el territorio”. Dijo que Colombia busca ampliar la cooperación y aprovechar los medios tecnológicos de Estados Unidos.
¿Posible dependencia?
De la Espriella ya ratificó el ingreso del país al denominado Escudo de las Américas, del cual dijo que “ya entramos en operación. Colombia va a cumplir plenamente con sus responsabilidades”, y agregó que esto implica “atacar el crimen organizado y darle a esos delincuentes el lugar que se merecen, que es una cárcel o una tumba”.
Por lo pronto, Gómez explica que este plan va a agudizar la dependencia militar de Colombia hacia Estados Unidos e Israel, como principales proveedores de equipos de comunicación y armamento.
“Empezamos a ver realmente violaciones de derechos humanos por el endurecimiento de la política de seguridad con Estados Unidos, que ahí tenemos pues unas vulnerabilidades más grandes porque si despliegan tropas directamente aquí en los Estados Unidos, ellos tienen inmunidad diplomática, ellos no tendrían que responder eh judicialmente por ningún tipo de violación de derechos humanos”, advierte Gómez.
Para William, quien anteriormente ha tenido discusiones con el Gobierno Nacional sobre las dinámicas de su región, resalta la necesidad de una “transformación territorial” y mayor “inversión comunitaria” en conectividad y servicios básicos, como agua y energía, para garantizar “un buen desarrollo en las comunidades”.
Por eso, insiste: “Conociendo la historia debemos resguardarnos como comunidad y encontrar alguna forma de resistir a la violencia”.
“La militarización nunca va a ser una alternativa para las comunidades”, concluye William. “Siempre va a representar un riesgo, hambre y zozobra en los territorios”.
