El Gobierno español ha aprobado una ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención de los menores migrantes no acompañados en Ceuta, una pequeña ciudad española situada en el norte de África que afronta las consecuencias de la llegada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio.
Los fondos permitirán a las autoridades locales cubrir desde las necesidades básicas de estos menores hasta los gastos derivados de su acogida e integración. La partida deberá ser votada este jueves en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, el órgano en el que el Gobierno central y las distintas regiones españolas coordinan sus políticas sobre infancia y juventud.
El dinero podrá utilizarse para pagar alojamiento, alimentación, ropa, traslados, atención médica y asistencia jurídica, además de servicios de traducción y apoyo psicológico y educativo. También permitirá escolarizar a los menores, favorecer su integración social y facilitar su futura incorporación al mercado laboral cuando corresponda.
Los fondos podrán destinarse asimismo a identificar a menores especialmente vulnerables y ofrecerles una atención adaptada a sus necesidades, así como a ampliar las plazas de los centros de acogida y contratar al personal necesario para atenderlos.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que presidirá la reunión de este jueves, ha considerado la partida una “decisión esencial” para que Ceuta pueda atender “con garantías” a los menores que actualmente se encuentran en la ciudad. Según Rego, la transferencia se ha tramitado con la máxima rapidez que permitían los procedimientos administrativos.
La ministra ha incluido además en la agenda de la reunión un punto específico sobre la situación de los menores migrantes en Ceuta, que deberá ser votado por las comunidades autónomas.
“Van a tener que retratarse: votar en contra de poder hablar de la situación de Ceuta es votar en contra de niños y niñas pero también de los y las ceutíes”, afirmó Rego.
La ministra ha defendido que el compromiso de su departamento con Ceuta y con los menores migrantes no acompañados es “inequívoco” y ha asegurado que el Gobierno seguirá apoyando a la ciudad. Desde el 16 de agosto, un equipo del Ministerio de Juventud e Infancia permanece además en Ceuta para trabajar sobre la situación de los menores, bajo la dirección del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.
Una crisis que desbordó a la ciudad
Ceuta es una pequeña ciudad española situada en la costa norte de África, a orillas del estrecho de Gibraltar y rodeada casi por completo por territorio marroquí. Aunque geográficamente se encuentra en África, forma parte de España y, por tanto, de la Unión Europea.
Su frontera terrestre con Marruecos es una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea en África, junto con Melilla, otra ciudad española situada más al este, en la costa mediterránea. Por su ubicación, Ceuta constituye uno de los principales puntos de entrada a territorio español desde África.
La ciudad tiene unos 85.000 habitantes y apenas 19 kilómetros cuadrados de superficie, lo que limita su capacidad para absorber llegadas masivas, especialmente cuando se trata de menores que llegan sin sus padres o tutores y deben quedar bajo protección de las autoridades.
Entre el 30 y el 31 de julio, más de 72.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta, en una llegada masiva que se produjo principalmente a través del mar, bordeando a nado los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, así como mediante otros puntos de la frontera.
La llegada repentina de decenas de miles de personas desbordó los recursos de la ciudad y provocó una grave crisis humanitaria. Más de 141 personas murieron durante el intento de cruzar la frontera, según un balance recogido por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.
La mayoría de quienes entraron regresó posteriormente a Marruecos, pero la crisis tuvo un impacto especialmente fuerte sobre el sistema de protección de menores. La llegada de niños y adolescentes sin sus padres o tutores hizo que los centros de acogida de la ciudad quedaran muy por encima de su capacidad habitual.
“Ceuta está en la UCI”
Semanas después de la llegada masiva, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha descrito la situación como una emergencia que sigue afectando a la ciudad. Vivas ha asegurado que Ceuta se encuentra “en la UCI” y ha pedido al Gobierno central una respuesta proporcional a la gravedad de la crisis.
Vivas ha calificado la llegada masiva como “el momento más difícil” de la historia reciente de Ceuta y ha advertido de que sus consecuencias siguen afectando a la seguridad, los servicios públicos, la economía y la convivencia.
Según el presidente ceutí, unas 10.000 personas de las que entraron durante la crisis permanecen todavía en la ciudad. Además, ha señalado que, sumadas a las personas migrantes en situación irregular que ya se encontraban en Ceuta, representan un colectivo equivalente a aproximadamente el 15% de la población local.
“Esa es una carga insostenible y cada día que pasa, más insostenible”, ha afirmado.
Asimismo, Vivas ha alertado especialmente del impacto sobre la seguridad ciudadana, la sanidad, los servicios públicos y la convivencia. También ha asegurado que parte de la población se siente “alterada” y “parcialmente confinada” y ha advertido de que “nadie garantiza un día de hoy que no pueda haber otro 30 de julio”.
El presidente ceutí también ha advertido del impacto económico de la crisis y ha señalado que la administración local podría llegar a una situación de “bancarrota” si esta se prolonga, debido al aumento de las necesidades asistenciales y, especialmente, al coste de atender a los menores migrantes.
Por ello, ha reclamado al Gobierno central que facilite, “de acuerdo con la ley”, el retorno de las personas que todavía permanecen en Ceuta tras la llegada masiva y que garantice el funcionamiento de servicios esenciales como la seguridad, la sanidad y el control de la frontera.
Vivas también ha reclamado una mayor implicación de la Unión Europea. Ha defendido que Ceuta y Melilla necesitan un tratamiento específico por ser las únicas fronteras terrestres de la UE en África y ha pedido una mayor presencia de la agencia europea Frontex y una aplicación efectiva de las políticas comunitarias de inmigración y asilo.
“Ceuta y Melilla son Europa porque Ceuta y Melilla son España hasta la médula”, ha afirmado.
España prepara cambios en sus leyes de asilo e inmigración
La crisis fronteriza se produce además mientras el Gobierno español prepara una reforma de su legislación migratoria. El Consejo de Ministros aprobó este martes, en primera vuelta, los anteproyectos de una nueva ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería, con los que busca adaptar las normas españolas al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado por la Unión Europea en 2024.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que las reformas pretenden crear un sistema de protección “más ágil, eficaz, ordenado y garantista” y responder mejor a la evolución de los movimientos migratorios sin reducir las garantías de las personas que solicitan protección.
La nueva ley de asilo actualizará las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria, una figura que permite proteger a personas que no cumplen todos los requisitos para ser consideradas refugiadas pero que correrían un riesgo grave si regresaran a su país.
También reconocerá expresamente situaciones como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
Un procedimiento de asilo más rápido en la frontera
La reforma establece diferentes vías para estudiar las solicitudes de protección internacional. El procedimiento ordinario convivirá con un procedimiento acelerado, que deberá resolverse en un máximo de tres meses.
Además, España incorporará un procedimiento específico en frontera, previsto por las nuevas normas europeas y obligatorio en determinados casos. Este mecanismo tendrá un plazo máximo de 12 semanas y permitirá examinar una solicitud antes de autorizar formalmente la entrada de la persona en territorio español.
Durante ese periodo, el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades. Si su petición es rechazada, el procedimiento permitirá facilitar su retorno.
¿Qué es el “triaje” migratorio?
La reforma de la ley de extranjería también introduce formalmente la figura del triaje, un proceso destinado a determinar rápidamente quién es la persona que acaba de entrar de manera irregular en España, cuál es su situación y qué procedimiento debe aplicarse en su caso.
El proceso incluirá identificación, recopilación de datos biométricos, reconocimiento médico, evaluación de posibles situaciones de vulnerabilidad y controles de seguridad. Después, las autoridades decidirán si la persona debe ser derivada a un procedimiento de asilo, retorno u otro mecanismo previsto por la legislación.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo permite que este proceso dure hasta siete días. España, sin embargo, mantendrá un plazo general de 72 horas, que solo podrá ampliarse por decisión judicial, según ha explicado Marlaska.
El Gobierno asegura que el objetivo es reducir al mínimo el tiempo que las personas que llegan irregularmente deben permanecer en instalaciones policiales y, al mismo tiempo, garantizar que cada caso sea evaluado antes de decidir qué ocurre con ellas.
La reforma también incorpora las disposiciones europeas que permiten impedir la entrada de personas que llegan irregularmente y no tienen derecho a protección internacional, estableciendo para determinados procedimientos un plazo máximo de 12 semanas.
