Tras más de un mes de incertidumbre, el balotaje en Perú finalmente quedó definido: Roberto Sánchez disputará la presidencia con Keiko Fujimori tras obtener un estrecho pero irreversible margen que le aseguró el pase a la segunda vuelta de junio. La definición llega un día después de que la Fiscalía solicitara más de cinco años de prisión para Sánchez por un presunto delito electoral.
Con el 99,94% de las actas revisadas, Sánchez aseguró su lugar en la segunda vuelta por una diferencia de 18.799 votos, según los datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esto se explica ya que menos de 18.000 votos siguen aún en disputa, lo que le otorga un margen suficiente para superar al empresario de derecha Rafael López Aliaga, de acuerdo con las cifras oficiales.
El diputado de izquierda logró así imponerse por una diferencia mínima y avanzar al balotaje frente a Fujimori, luego de semanas de revisión de votos impugnados.
"Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo", declaró Sánchez a periodistas luego de conocer la diferencia irreversible.
Así, Sánchez disputará la presidencia de Perú el 7 de junio, en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido nueve presidentes desde 2016. La mayoría fueron destituidos por el Congreso.
Perú se adentra ahora en una campaña polarizada con visos muy similares a la de la segunda vuelta de 2021. En aquella ocasión, Fujimori, próxima a cumplir 51 años, perdió por estrecho margen frente a Pedro Castillo.
Ahora, la hija del expresidente Alberto Fujimori se enfrentará a Sánchez, exministro del destituido Pedro Castillo. Será el cuarto intento de Fujimori por llegar a la presidencia, esta vez frente a un político de 57 años que disputa por primera vez el cargo.
Durante la primera vuelta, los retrasos en el envío de material electoral impidieron que más de 50.000 personas pudieran votar, lo que obligó a las autoridades a extender la jornada electoral un día más.
La misión de observación de la Unión Europea mencionó "graves deficiencias", pero afirmó no haber constatado "ninguna prueba objetiva" de fraude.
Sin embargo, López Aliaga continúa denunciando presuntas irregularidades y fraude electoral.
Acusaciones y presión legal
La presión judicial sobre Sánchez también aumentó este miércoles, luego de que la Fiscalía lo acusara de violaciones a las normas de financiamiento de campaña y solicitara una pena de más de cinco años de prisión.
La acusación sostiene que existen inconsistencias en los informes financieros de su partido político entre 2018 y 2020.
“Se atribuye a Roberto Sánchez la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de información sobre aportes”, señala el documento judicial.
Según la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en contribuciones no declaradas. “Nunca hubo fraude ni apropiación indebida”, respondió el candidato en redes sociales, al afirmar que las acusaciones buscan desacreditarlo políticamente.
Una audiencia prevista para el 27 de mayo determinará si el caso avanza a juicio.
