La presión de Washington sobre La Habana volvió a endurecerse este jueves con una nueva batería de sanciones dirigidas al núcleo del poder cubano. Estados Unidos anunció medidas contra el presidente Miguel Díaz-Canel, su esposa, Lis Cuesta, varios miembros de la familia Castro y cinco entidades estatales y empresariales de la isla.
Según informó el Departamento del Tesoro estadounidense, las sanciones también alcanzan al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y las empresas Amistur y Minera La Victoria.
Entre los sancionados figuran Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro; su nieto Raúl Alejandro Castro Calis; y Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel. Sin embargo, otro nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, señalado por medios estadounidenses como una figura clave en los contactos entre La Habana y Washington, quedó fuera de la lista.
La inclusión de Alejandro Castro Espín resulta especialmente significativa. Considerado una de las figuras más influyentes dentro del aparato estatal cubano, fue uno de los principales arquitectos de las negociaciones secretas que condujeron al histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2015.
Las nuevas sanciones llegan además en un momento en que la presión estadounidense sobre la cúpula cubana se ha extendido más allá del ámbito económico. El mes pasado, el Departamento de Justicia presentó una acusación contra Raúl Castro, de 95 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996, un incidente que causó la muerte de cuatro personas.

Trump endurece la presión sobre la isla
La nueva ronda de medidas se produce en un contexto de creciente endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Aunque Washington mantiene un embargo económico sobre la isla desde 1962, en los últimos años ha intensificado la presión mediante sanciones financieras, acciones judiciales y un bloqueo petrolero de facto que, según diversos analistas, ha contribuido a agravar la crisis económica cubana.
Las sanciones fueron anunciadas el mismo día en que Trump reiteró su intención de promover cambios políticos en la isla. Desde el Despacho Oval, aseguró que Cuba ha "colapsado" y afirmó que Estados Unidos quiere que el país sea "un país bien gestionado".
"Vamos a tratar a Cuba bien, y vamos a permitir a nuestra gente volver y que inviertan en Cuba, si quieren", declaró el mandatario estadounidense ante periodistas.
Washington justifica las nuevas medidas alegando que Cuba continúa participando en lo que denomina "actividades subversivas antiestadounidenses". En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que las sanciones buscan golpear "la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la ejecutan y financian".
"Desde el inicio del programa de Fidel Castro para globalizar la llamada 'revolución' marxista, La Habana ha servido como una base de operaciones adelantada para la guerra irregular global contra los intereses de Estados Unidos, reclutando, entrenando y equipando a militantes violentos de izquierda en toda nuestra región", añadió el comunicado.
Las acusaciones estadounidenses remiten a un capítulo central de la historia cubana. Durante décadas de Guerra Fría, la isla fue un centro de entrenamiento para movimientos guerrilleros y un refugio para activistas de extrema izquierda perseguidos en otros países, además de desempeñar un papel activo en la proyección internacional de la revolución cubana.
El impacto económico de las sanciones
Las nuevas sanciones también afectan a empresas vinculadas al conglomerado militar Gaesa, considerado por Estados Unidos como el verdadero centro de control de sectores estratégicos de la economía cubana, especialmente el turismo, una de las principales fuentes de divisas del país.
Las medidas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) prohíben cualquier tipo de transacción económica entre las personas y entidades sancionadas y ciudadanos o empresas estadounidenses.
La nueva ofensiva de Washington coincide con la peor crisis económica y social que atraviesa Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959. Aunque ambos países mantienen contactos y negociaciones para explorar posibles salidas a la crisis, los avances siguen siendo limitados y las diferencias políticas continúan marcando una relación bilateral definida, durante más de seis décadas, por ciclos de acercamiento y confrontación.

Díaz-Canel denuncia una "lista ilegítima de sanciones"
Por su parte, la respuesta de La Habana no tardó en llegar. Díaz-Canel rechazó la nueva ronda de sanciones y calificó de "ilegítima" la lista elaborada por el Departamento del Tesoro estadounidense, que incluye a dirigentes, organizaciones y empresas cubanas.
En una publicación en redes sociales, el mandatario también criticó las recientes declaraciones de Trump sobre Cuba, a las que calificó de "amenazadoras".
"El presidente de EE.UU. hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", escribió.
El gobernante cubano aseguró además que las medidas estadounidenses buscan "reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos" y sostuvo que forman parte de una estrategia destinada a aumentar la presión sobre la isla.
"Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano", afirmó.
Díaz-Canel añadió que "la agresividad y perversión del gobierno yanqui" chocará con la determinación de Cuba de "enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial".
En paralelo, ambos gobiernos mantienen contactos discretos para explorar posibles vías de diálogo. Según diversos informes, uno de los interlocutores cubanos en esas conversaciones habría sido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como "El Cangrejo", quien no figura entre los nuevos sancionados.
El Gobierno cubano insiste en que cualquier transformación política o económica debe ser decidida por el pueblo cubano y acusa a Estados Unidos de incrementar la confrontación bilateral y preparar el terreno para una eventual agresión contra la isla.






















