Bolivia vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. Desde hace poco más de tres semanas, las principales carreteras del país permanecen bloqueadas, los mercados comienzan a vaciarse y miles de personas salen a las calles para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
El mandatario centroderechista, que apenas lleva seis meses en el poder, enfrenta una creciente ola de descontento social en medio de una profunda crisis económica marcada por la escasez de dólares, el aumento de la inflación y la falta de combustibles, alimentos y medicinas.
Lo que comenzó como protestas por el encarecimiento de la vida y la escasez de combustible terminó convirtiéndose en una movilización nacional mucho más amplia. Campesinos, obreros, maestros, mineros y transportistas han ido endureciendo sus reclamos hasta exigir abiertamente la salida de Paz.
Las protestas se extienden por distintas regiones del país, con bloqueos en más de medio centenar de carreteras que afectan especialmente a La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.
Una capital cercada por la escasez
La Paz, sede administrativa del país, permanece prácticamente cercada por los bloqueos. Allí, los efectos de la crisis ya se sienten en la vida cotidiana. En los mercados faltan productos básicos, las filas frente a las gasolineras se prolongan durante horas y los hospitales empiezan a sufrir escasez de medicamentos.
“No sabemos hasta cuándo vamos a aguantar (...). No tenemos ni para comer a veces”, contó Marco Cuttila, un estudiante paceño afectado por el aumento de precios.
En una gasolinera de la ciudad, el conductor de minibús Javier Quispe esperaba desde hacía horas para conseguir combustible. “La paciencia se acabó”, afirmó, mientras anunciaba que se sumará a las protestas junto a su sindicato.
La falta de suministros obligó al Gobierno a organizar vuelos desde Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba para transportar carne y verduras hacia La Paz. Incluso el Departamento de Estado estadounidense anunció el envío de ayuda alimentaria de emergencia para aliviar la escasez.
Operativos policiales y carreteras bloqueadas
Mientras tanto, la tensión en las carreteras continúa aumentando.
El sábado, policías apoyados por militares lanzaron operativos para intentar despejar algunas de las rutas bloqueadas y permitir el ingreso de alimentos y combustibles hacia la capital política boliviana.
Desde primera hora de la mañana, excavadoras y maquinaria pesada comenzaron a retirar piedras, tierra y escombros colocados por los manifestantes en distintos puntos del país. Uno de los principales operativos se desarrolló en la carretera que conecta La Paz con Oruro, dentro de una operación bautizada como “Corredor Humanitario Bandera Blanca”.
Sin embargo, el intento de reabrir las vías derivó rápidamente en enfrentamientos.
En El Alto, ciudad vecina de La Paz, y en la carretera hacia Oruro, los manifestantes respondieron con piedras, hondas, petardos y cartuchos de dinamita.
Aunque algunos camiones lograron atravesar los bloqueos, varias zonas volvieron a quedar cerradas horas después, cuando los manifestantes retomaron el control de algunos puntos.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezó uno de los operativos junto a unos 2.000 efectivos y aseguró haber sufrido una emboscada durante el recorrido.
“Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro (...) He sentido mi vida en riesgo”, declaró a la televisora Unitel.
Las autoridades denunciaron además que un agente policial fue retenido y golpeado brevemente por manifestantes en El Alto, donde también fueron incendiadas oficinas de control aduanero.
Pese a la escalada de violencia, Paz aseguró que seguirá intentando encontrar una salida negociada a la crisis.
“Voy a extremar todos los esfuerzos”, afirmó el mandatario en una entrevista con la televisora argentina TN, aunque advirtió que “todo tiene un límite” y dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas excepcionales, como declarar un estado de sitio.
En paralelo, el Gobierno convocó a una reunión de diálogo con campesinos aimaras, uno de los principales grupos que mantienen paralizadas las carreteras en el altiplano boliviano.
La Iglesia y organizaciones civiles piden diálogo
Pero mientras las autoridades intentan contener la crisis, distintos sectores sociales y organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de que la situación continúe deteriorándose.
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos pidieron públicamente abrir un diálogo entre el Gobierno y los manifestantes para evitar una mayor escalada del conflicto.
Al mismo tiempo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, el principal sindicato agrario del país, llamó a “masificar” los bloqueos en todo el territorio nacional, una señal de que las protestas podrían intensificarse aún más en los próximos días.
Evo Morales propone elecciones anticipadas
En medio de este escenario, el expresidente Evo Morales volvió a irrumpir en el debate político y pidió convocar nuevas elecciones en un plazo de 90 días como salida a la crisis.
Morales aseguró que Paz enfrenta una disyuntiva crítica.
“Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca.
El exmandatario sostuvo además que “para que no haya muertos, para que no haya heridos”, la solución pasa por la renuncia de Paz y la formación de un gobierno transitorio que convoque a elecciones anticipadas.
El Gobierno boliviano acusa a Morales de estar detrás de las protestas y denunció ante la Organización de los Estados Americanos un supuesto intento de “alterar el orden democrático”.
Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, permanece prófugo en un caso relacionado con la presunta trata de una menor y fue impedido de participar en las elecciones presidenciales del año pasado tras un fallo constitucional que limitó las elecciones, sin embargo, él lo niega.
