Una fiscalía de México vuelve a recurrir a una acusación que llevaba más de 80 años sin presentarse ante la Justicia: traición a la patria. Esta vez, el señalado es César Jáuregui Moreno, exfiscal del estado fronterizo de Chihuahua, acusado de colaborar con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en operaciones secretas dentro del territorio mexicano, sin el conocimiento ni la autorización del gobierno federal.
El caso se centra en una presunta operación antidrogas realizada en abril, en la que participaron dos agentes estadounidenses que posteriormente murieron en un accidente de tránsito.
Pero la acusación va más allá de una presunta colaboración irregular con agentes extranjeros. Según la fiscalía, Jáuregui habría puesto en riesgo la soberanía de México e incluso abierto la puerta a una posible invasión estadounidense.
El exfuncionario, detenido el pasado 17 de octubre, enfrenta ahora una imputación formal y permanece en prisión preventiva desde la madrugada de este miércoles, después de una audiencia que comenzó el martes por la noche y se prolongó durante varias horas.
Durante la sesión, la fiscalía presentó sus argumentos iniciales y 150 elementos de prueba contra el exfiscal, quien había renunciado a su cargo en abril, tras los acontecimientos que dieron origen a la investigación. La audiencia se celebró a puertas cerradas, luego de que los fiscales argumentaran que divulgar detalles del caso podría comprometer la seguridad nacional.
Según relató el abogado defensor Héctor Villasana, los fiscales argumentaron que, al "permitir el ingreso de agentes norteamericanos a Chihuahua a un operativo, ponía en riesgo la soberanía, de que Estados Unidos pudiera invadir México como lo hizo ya en Venezuela".
La referencia apunta al operativo militar de Washington en Caracas que llevó al traslado forzado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
El abogado rechazó de plano el argumento, que calificó de "absurdo" y "desesperado". Además, aseguró que su defendido desconocía la operación que dio origen a la investigación hasta su trágico desenlace, el 19 de abril, cuando dos agentes estadounidenses murieron en un accidente de tránsito.
Las posibles consecuencias judiciales para el exfiscal no son menores: el delito de traición a la patria contempla penas de hasta 40 años de prisión.
En paralelo, Jáuregui enfrenta otro proceso ante la Justicia de Chihuahua por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
La acusación por traición tiene pocos antecedentes en México. El caso más reciente se remonta a la década de 1940, aunque no prosperó. Antes, hubo procesos por traición que terminaron con condenas a muerte en 1867, cuando fueron fusilados el emperador depuesto Maximiliano y dos de sus colaboradores, y en 1919.
El operativo de abril que desató la acusación
Para entender cómo el exfiscal terminó acusado de traición, hay que remontarse a abril, cuando una operación antidrogas en Chihuahua dejó al descubierto una colaboración entre autoridades estatales y agentes de inteligencia estadounidenses que no contaba con la autorización del gobierno federal.
En aquel momento, agentes de la CIA participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en ese estado del norte de México.
Sin embargo, la participación estadounidense no salió a la luz por el operativo en sí, sino por un accidente de tránsito ocurrido el 19 de abril, en el que murieron dos agentes estadounidenses.
Fue entonces cuando se conoció que miembros de la CIA habían estado trabajando junto a las autoridades de Chihuahua en operaciones de seguridad dentro del territorio mexicano.
El episodio desató un cruce diplomático entre México y Estados Unidos y abrió interrogantes sobre el alcance de la cooperación entre las autoridades locales mexicanas y las agencias de seguridad estadounidenses.
La Constitución mexicana establece que únicamente el gobierno federal tiene facultades para autorizar acuerdos de seguridad con gobiernos extranjeros. Los estados, por lo tanto, no pueden permitir por su cuenta la participación de agentes extranjeros en este tipo de operaciones.
Todo esto ocurre en medio de una creciente presión de Washington para ampliar su participación en las políticas antidrogas de países de América Latina, incluidas las reiteradas referencias a una mayor intervención estadounidense en México. Pero, más allá de las tensiones entre ambos países, ahora la cuestión central está en manos de la Justicia mexicana, que deberá determinar el futuro de Jáuregui.
