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La CIJ declara que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyá en 2017 en una sentencia histórica
Por primera vez en sus 80 años, el máximo tribunal de la ONU declara responsable a un Estado por genocidio. El reto ahora es garantizar justicia, reparación y un regreso seguro para los rohinyá.
La CIJ declara que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyá en 2017 en una sentencia histórica
Refugiados rohinyá se reflejan en el agua de lluvia en Palang Khali, Bangladesh, tras huir de la ofensiva militar de Myanmar. / Reuters (Wire)

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ha determinado este jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la campaña militar de 2017. El tribunal concluyó que las fuerzas de seguridad actuaron con la intención de destruir una parte sustancial de esta población, tras examinar las pruebas de asesinatos masivos, violencia sexual y ataques contra niños.

En una sentencia histórica, los jueces señalaron que las operaciones militares incluyeron el asesinato de miles de civiles, violaciones generalizadas y actos de violencia extrema contra menores. Además, documentaron la destrucción sistemática de aldeas y asentamientos rohinyá, así como los ataques contra quienes intentaban escapar hacia Bangladesh para salvar sus vidas.

"Las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyá, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a los rohinyá que huían en grandes cantidades hacia Bangladesh", declaró el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, al pronunciar la sentencia en La Haya.

Durante casi tres horas, el tribunal, compuesto por 15 jueces, expuso las pruebas de las atrocidades cometidas por el Ejército de Myanmar durante las denominadas operaciones de limpieza militar. Los magistrados señalaron que las evidencias apuntan a alrededor de 10.000 personas asesinadas, además de documentar la destrucción sistemática de aldeas y asentamientos de esta minoría.

A esa violencia se sumó la ocupación posterior de algunos de esos asentamientos por personas ajenas a la comunidad rohinyá, mientras sus antiguos habitantes permanecían desplazados. Tras examinar el conjunto de las pruebas, los jueces concluyeron que la única inferencia razonable era que Myanmar había actuado con la intención de destruir a esta población, un elemento fundamental para establecer jurídicamente el genocidio.

El fallo tiene, además, un carácter excepcional en la historia de la justicia internacional. Es la primera vez en los 80 años de historia de la CIJ que sus magistrados determinan que un Estado ha cometido genocidio y constituye la cuarta ocasión desde el Holocausto nazi en que un tribunal internacional considera probado este crimen.

¿Quiénes son los rohinyá y qué ocurrió en 2017?

Los rohinyá son una minoría étnica y religiosa mayoritariamente musulmana que vive históricamente en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar, junto a la frontera con Bangladesh. Durante décadas, las autoridades birmanas han sometido a esta comunidad a una discriminación sistemática: han restringido sus movimientos, limitado sus derechos fundamentales y negado la ciudadanía a la mayoría de sus integrantes. Myanmar tampoco los reconoce como uno de los grupos étnicos nacionales del país, lo que los ha dejado en una situación de exclusión y desprotección.

En agosto de 2017, el Ejército de Myanmar lanzó una ofensiva militar en Rakáin que estuvo marcada por asesinatos masivos, violaciones, ataques contra niños e incendios de aldeas enteras. La violencia destruyó comunidades y obligó a más de 730.000 rohinyá a huir a Bangladesh. Estos crímenes constituyen el núcleo de las acusaciones de genocidio que Gambia presentó contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia.

La mayoría de quienes escaparon se refugió en Cox's Bazar, una región costera del sureste de Bangladesh que alberga uno de los mayores asentamientos de refugiados del mundo. Más de un millón de rohinyá viven actualmente en el país, muchos de ellos desde hace años, en campamentos superpoblados y sin una perspectiva clara de regreso.

Los rohinyá reciben la sentencia con lágrimas

En Cox's Bazar, donde miles de refugiados siguieron la lectura del fallo a través de una pantalla gigante, la decisión provocó lágrimas y muestras de emoción. Para quienes llevan años viviendo lejos de Myanmar, escuchar que un tribunal internacional ha reconocido el genocidio supone que sus denuncias han sido finalmente respaldadas por la justicia.

Entre quienes siguieron la sentencia estaba Mohammed Osman, un joven de 20 años cuyos padres y cuatro hermanos murieron durante la ofensiva militar. En declaraciones a la agencia AFP, afirmó que la decisión demostraba que los supervivientes habían dicho la verdad sobre lo ocurrido.

"No mentíamos cuando denunciábamos el genocidio", afirmó Osman. También describió su estado de ánimo como "desbordado por la emoción" y consideró que la sentencia representaba solo la mitad de lo que esperaba conseguir. Para él, la justicia no estará completa hasta que los refugiados puedan regresar a sus hogares con dignidad: "Será el 100% cuando podamos regresar con dignidad".

La sentencia también tiene un significado especial para las mujeres que sufrieron violencia sexual durante la ofensiva. Una superviviente de 23 años reclamó que los responsables de las violaciones reciban castigos severos. La mujer, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, expresó además su deseo de que el tribunal reconociera específicamente la violencia sexual sufrida por las mujeres rohinyá.

Sin embargo, la reacción no ha estado marcada únicamente por la esperanza. Entre quienes todavía viven en Myanmar también existe el temor a posibles represalias. Un activista rohinyá en Yangón celebró la decisión, pero manifestó su preocupación por la seguridad de los miembros de su comunidad que permanecen en el país. En declaraciones recogidas por AFP, resumió su deseo de vivir sin miedo y pidió a la comunidad internacional que evite nuevos crímenes:

"Todo el mundo quiere vivir en paz. Queremos que el mundo impida que se vuelva a cometer un genocidio aquí".

La ONU celebra la sentencia y pide acabar con la impunidad

Tras conocerse la decisión, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dio la bienvenida al fallo y pidió que los refugiados rohinyá puedan regresar a sus hogares. Asimismo, recordó que Myanmar debe cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar un retorno "seguro, voluntario y digno", además de facilitar la reunificación de las familias.

En la misma línea, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la sentencia de histórica y afirmó que debe marcar un punto de inflexión para la justicia de los rohinyá y para toda la población de Myanmar.

Türk subrayó que el tribunal había establecido claramente la responsabilidad del Estado birmano por uno de los crímenes más atroces conocidos por la humanidad. Por ello, pidió que la decisión no se quede en un reconocimiento judicial, sino que abra un proceso real para poner fin a la impunidad por las graves violaciones y los abusos que continúan produciéndose en el estado de Rakáin.

Gambia, y otros países reaccionan al fallo

Más allá de Naciones Unidas, Gambia, el país africano que presentó la demanda contra Myanmar en 2019, celebró la sentencia como una victoria para las víctimas. El ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, destacó que los supervivientes habían podido contar lo ocurrido y que sus testimonios habían sido finalmente reconocidos por la justicia internacional.

La demanda se presentó al amparo de la Convención sobre el Genocidio de 1948, que permite a cualquier Estado parte denunciar ante la CIJ a otro país cuando considera que está incumpliendo sus obligaciones para prevenir y sancionar este crimen. De este modo, Gambia pudo llevar el caso ante el tribunal sin necesidad de haber sido víctima directa de los hechos.

También Human Rights Watch destacó el alcance de la decisión. Maria Elena Vignoli, responsable de justicia internacional de la organización, afirmó que la sentencia representa un precedente significativo para las víctimas de genocidio y de otros crímenes graves que buscan justicia.

En el ámbito diplomático, Reino Unido anunció que expulsaría al agregado militar de Myanmar como respuesta a la sentencia. Esta medida añade presión sobre las autoridades birmanas y, especialmente, sobre Min Aung Hlaing, quien dirigía el Ejército durante la ofensiva de 2017 y encabezó el golpe de Estado de 2021 contra el Gobierno de Aung San Suu Kyi.

Sin embargo, frente a estas reacciones, Myanmar ha mantenido su rechazo a las acusaciones de genocidio. Durante las audiencias ante la CIJ, el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió que las operaciones militares respondían a ataques de grupos insurgentes contra las fuerzas de seguridad y sostuvo que el Ejército tenía derecho a actuar para combatirlos. Las autoridades han negado que su objetivo fuera destruir a la población rohinyá como grupo.

¿Qué puede pasar ahora?

Aunque la sentencia supone un reconocimiento histórico de los crímenes cometidos, su aplicación plantea importantes desafíos. La CIJ ha ordenado a Myanmar facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de los rohinyá que huyeron, investigar y castigar a los responsables de genocidio y proporcionar reparaciones a las víctimas. La cuantía de estas compensaciones deberá determinarse posteriormente.

Sin embargo, que las órdenes sean vinculantes no garantiza que se cumplan. Aunque las decisiones de la CIJ no pueden recurrirse, el tribunal carece de un mecanismo propio para ejecutarlas directamente. Por tanto, su aplicación dependerá en buena medida de la voluntad de las autoridades birmanas y de la presión internacional, en un contexto en el que Myanmar sigue rechazando las acusaciones.

Además, el alcance de la decisión trasciende el caso de los rohinyá. Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional siguen de cerca el pronunciamiento por sus posibles implicaciones para otros procedimientos relacionados con acusaciones de genocidio, especialmente la demanda presentada por Sudáfrica contra el Estado de Israel ante la CIJ por su ofensiva en Gaza.

En el centro de estos procesos está una cuestión jurídica fundamental: cómo demostrar la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La Convención de 1948 establece que el genocidio no se limita a los asesinatos. También contempla causar graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción del grupo, impedir nacimientos o trasladar por la fuerza a sus niños a otra comunidad.

A diferencia de otros crímenes internacionales, como los crímenes de guerra o los de lesa humanidad, el genocidio exige probar esa intención específica. Los tribunales pueden hacerlo mediante declaraciones u órdenes directas, pero también a partir de un patrón de conducta cuando no existe otra explicación razonable para los actos cometidos. En este sentido, la sentencia sobre Myanmar ofrece un importante referente jurídico para el análisis de otros casos, aunque cada procedimiento debe examinarse a partir de sus propias pruebas y circunstancias.

Para los rohinyá, no obstante, la justicia no se mide únicamente en términos jurídicos. También significa saber qué ocurrió con sus familiares, que los responsables rindan cuentas y, sobre todo, poder regresar a los lugares de los que fueron expulsados. Después de años de exilio, la sentencia reconoce el sufrimiento de toda una comunidad. Ahora, el desafío es que ese reconocimiento se traduzca en protección, reparación y la posibilidad de vivir de nuevo en sus hogares sin miedo a ser perseguidos.


FUENTE:TRT Español y agencias
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