En medio de un genocidio sin tregua en Gaza y Cisjordania ocupada, Israel dio un paso adicional para borrar del mapa a los palestinos que viven dentro de sus fronteras. El pasado 7 de noviembre, el parlamento israelí, conocido como la Knesset, aprobó una ley que autoriza la deportación de las familias de palestinos acusados de ataques contra ciudadanos judíos. La medida ha sido condenada por organismos internacionales y calificada por defensores de derechos humanos como una forma de castigo colectivo.

Con 61 votos a favor y 41 en contra, la ley entró en vigor de inmediato y afecta principalmente a los palestinos con ciudadanía israelí, conocidos como “árabes israelíes”. Sin embargo, esta denominación es rechazada por esta población, que prefiere identificarse como “palestinos del 48” o “palestinos del interior ocupado”. Son los que sobrevivieron a la Nakba, la catástrofe en árabe, de 1948 y permanecieron en sus pueblos y ciudades, que hoy forman parte del estado de Israel.

Khaled Zabarka, abogado y activista palestino, explicó a TRT Español que esta legislación se aprovecha de la situación actual del país, utilizando los marcos legales "antiterroristas" como un pretexto para legitimar el desplazamiento forzoso de familias palestinas. Señaló que se trata de un "castigo colectivo", ya que afecta a personas que “no tienen culpa de los hechos en cuestión”.

Aunque la ley no especifica el destino de los deportados, Zabarka indicó que Gaza podría ser uno de los lugares a donde se destinen los afectados por la medida. Además, la ley otorga al ministro del Interior la facultad de decidir qué familiares serán deportados por un período que oscila entre los 7 y los 15 años.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza, los palestinos con ciudadanía israelí han experimentado un aumento significativo de la represión. Zabarka asegura que Israel “ha aprovechado esto, como si lo hubiera estado esperando”, para implementar “todas las políticas de represión nunca antes vistas contra los palestinos de Cisjordania, Jerusalén Este y el interior ocupado, además del genocidio contra Gaza”.

Refuerzo de la discriminación estructural

La ley aprobada apunta directamente contra los palestinos dentro de Israel, aunque también contra los de Cisjordania y Jerusalén Este. Los palestinos con nacionalidad isarelí representan un 20% de la población total. Actualmente, su número asciende a unos dos millones de personas, según datos del Arab Society Stastical Report de 2023.

Según Zabarka, “esta ley tiene un objetivo político racista evidente. Tiene como objetivo facilitar el desplazamiento de palestinos en los territorios ocupados por Israel en 1948, que hoy son Israel. Siendo nosotros un 20% del total de la población de Israel quieren eliminarnos de aquí”.

Esta medida refuerza la discriminación estructural que sufren los palestinos dentro de Israel, quienes a pesar de contar con la nacionalidad, son ciudadanos de segunda clase en su propia tierra. Además, desde la incursión de Hamás el pasado 7 de octubre, han visto un repunte de la violencia sobre ellos sin precedentes.

En reiteradas ocasiones, organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones de derechos humanos sobre la población palestina, tanto en los territorios ocupados como en Israel. Human Rights Watch publicó en 2021 el informe “A Threshold Crossed”, en el que se concluye que las autoridades israelíes están cometiendo crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución.

“En Israel y en los territorios ocupados, Human Rights Watch ha descubierto que las autoridades israelíes han intentado privilegiar a los israelíes judíos a expensas de los palestinos. Lo han hecho mediante la aplicación de políticas destinadas a mitigar lo que describen abiertamente como la “amenaza demográfica” que plantean los palestinos y a maximizar la tierra disponible para las comunidades judías, al tiempo que concentran a la mayoría de los palestinos en densos enclaves”.

“Vivimos un auténtico apartheid”

“La palabra discriminación es light, para lo que vivimos” denuncia Zabarka, cuando TRT Español le preguntó por la situación de discriminación que viven los palestinos dentro de Israel. “Vivimos una situación brutal de segregación racial, de apartheid, racismo y opresión brutal en todos los aspectos de la vida, cada día de cada hora de cada año que vivimos”, añadió.

A pesar de contar con la nacionalidad israelí, su discriminación es evidente: la mayoría vive en aldeas y ciudades segregadas de la sociedad judía, principalmente en el norte del país, en zonas fronterizas a Cisjordania ocupada y en el desierto del Negev.

Además, con la aprobación en el año 2018 de La Ley del Estado-Nación, se consagró a los judíos el derecho exclusivo a la autodeterminación en su territorio, consolidando la discriminación institucional. En concreto, la ley redujo el estatus de los “árabes-israelíes” y niega su derecho a la igualdad plena. Además, limita el acceso a los derechos y recursos, como tener tierras y la enseñanza en árabe, y refuerza la idea de que Israel es una nación exclusiva para el pueblo judío.

Zabarka asegura que la discriminación se ejerce de muy diferentes maneras: “A través de la violencia, la marginación, la discriminación, la dificultad en el acceso al mercado laboral, a la educación, la limitación de nuestro desarrollo natural de la vida”. Por lo que insiste en que “lo que vivimos es una situación de apartheid impuesto por el ocupante israelí. Un apartheid basado en la supremacía judía sobre todo lo que no es judío”.

"Quieren eliminarnos"

“Creo que todas las leyes y políticas racistas aprobadas desde el 7 de octubre tienen un solo objetivo: eliminar totalmente la presencia palestina e implementar todas las formas de opresión sobre el pueblo palestino para que, por medio de la violencia, se vea obligado a abandonar su tierra”, continúa Zabarka.

También detalla que “con base en las declaraciones de algunos ministros del gobierno israelí” los palestinos tienen tres opciones: “Que vivamos como esclavos del Estado judío sin ningún tipo de derechos”, “que nos vayamos a otros lugares del mundo, lo cual es lo que pretenden” o “morir”.

En esa línea, Zabarka concluye que “la presencia de la población palestina dentro de Israel supone para Israel una lacra para el objetivo de crear un Estado judío”.

Sus palabras reflejan la profunda preocupación de que este tipo de políticas no solo refuercen la discriminación estructural, sino que podrían ser el preludio de una nueva Nakba, donde los palestinos dentro de Israel se ven forzados a desaparecer, una vez más, de su propia tierra.