Más de tres semanas después del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, la emergencia y la tragedia siguen lejos de terminar. Mientras en el estado de La Guaira continúan las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos con la ayuda de familiares, vecinos y voluntarios, el número oficial de víctimas mortales volvió a aumentar. El balance más reciente, publicado el viernes por las autoridades venezolanas, elevó la cifra de fallecidos a 5.069, frente a los 4.930 reportados hasta el jueves.
El número de heridos se mantiene en 16.740, según el boletín difundido en Telegram por la presidenta Delcy Rodríguez, como consecuencia de los terremotos “gemelos” de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio, que devastaron principalmente el estado de La Guaira, vecino de Caracas.
El número de heridos se mantiene en 16.740, según el boletín publicado en Telegram por el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Los sismos también dejaron a más de 21.000 personas viviendo en 107 campamentos temporales instalados por el Gobierno. Se calcula que más de 800 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron. En muchos de los refugios, las familias ya comenzaron a organizar la vida cotidiana dentro de las carpas, conscientes de que la espera para acceder a una vivienda permanente podría prolongarse durante meses.
Desde el terremoto, las autoridades han registrado 1.331 réplicas. La más fuerte ocurrió el 10 de julio, con una magnitud de 3,9, a unos diez kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado de La Guaira. Aunque no provocó daños de consideración, generó escenas de pánico y la evacuación preventiva de edificios.
Comienza la reconstrucción
Mientras las tareas de rescate continúan, el Gobierno intenta avanzar hacia la etapa de reconstrucción.
El fin de semana pasado anunció el inicio de un censo biométrico para determinar cuántas viviendas deberán construirse para los damnificados. La estimación oficial es de unas 25.000 viviendas.
En esa misma línea, el martes el Parlamento venezolano aprobó una reforma legal destinada a acelerar la construcción de viviendas tras la catástrofe.
Como parte de ese proceso, el Gobierno informó este viernes que podrá utilizar 346 millones de dólares correspondientes a recursos propios que permanecían inmovilizados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la recuperación del país.
La mandataria explicó que los fondos servirán para atender las necesidades de las familias afectadas, incluyendo la reconstrucción de viviendas, obras de infraestructura y la restitución de servicios esenciales, entre otras prioridades.
Aunque Venezuela integra el FMI desde 1946, los vínculos entre ambas partes permanecen limitados desde 2019, cuando la relación institucional quedó paralizada durante el gobierno del entonces presidente, Nicolás Maduro.
