La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de tensión social y política en España, donde el aumento de los alquileres, las dificultades para acceder a una casa y la inseguridad de numerosos inquilinos han llevado el problema al centro del debate. En este contexto, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar ha llevado al Congreso este viernes dos decretos con medidas para proteger a determinados hogares vulnerables, regular distintos tipos de alquiler y facilitar el acceso a vivienda asequible. Sin embargo, el primer texto ha sido rechazado por la Cámara, mientras las protestas por el precio de la vivienda continúan en Madrid y otras ciudades.
¿Qué está pasando y qué votó el Congreso?
Para entender lo ocurrido, primero hay que explicar cómo funciona el sistema español. El Gobierno puede aprobar un real decreto-ley cuando considera que existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Estas normas pueden entrar en vigor de forma inmediata, pero después deben ser convalidadas por el Congreso de los Diputados, la Cámara que representa a los ciudadanos y que cuenta con 350 escaños. Si los diputados rechazan su convalidación, el decreto se deroga.
Precisamente ahí está una de las claves de esta crisis parlamentaria. El Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar suma 147 diputados, por lo que necesita negociar con otras fuerzas políticas para conseguir mayorías en el Congreso.
En concreto, el Gobierno llevó a la Cámara dos reales decretos-ley relacionados con el mercado inmobiliario. Aunque ambos abordan la situación de los inquilinos, no contienen exactamente las mismas medidas: el primero plantea un paquete más amplio de protección, regulación y vivienda asequible, mientras que el segundo se centra principalmente en qué ocurre cuando termina un contrato de alquiler de vivienda habitual.
El Congreso tumba el primer decreto
Finalmente, el primer decreto de vivienda fue rechazado este viernes por 178 votos frente a 172. El texto no logró superar la votación después de que PP, Vox, Junts per Catalunya y UPN unieran sus votos en contra, mientras PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís y Coalición Canaria respaldaron la norma.
La votación estuvo precedida por un debate especialmente tenso. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino pocos minutos antes del sufragio para pedir a los diputados de PP y Junts que fueran "valientes" y "coherentes" y respaldaran unas medidas que calificó de "ambiciosas, necesarias, razonables, equilibradas y diseñadas a través del diálogo".
Sánchez también pidió a los diputados que dejaran a un lado el "cálculo político", los argumentos de partido y las "presiones que les llegan de arriba". Según el presidente del Gobierno, las medidas podían ayudar a millones de jóvenes que no consiguen emanciparse, a familias que afrontan el aumento de los alquileres y a hogares cuyos hijos podrían quedar afectados por un desahucio.
Sin embargo, las negociaciones con Junts no llegaron a buen puerto. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, intentó hasta el último momento conseguir al menos una abstención de los siete diputados de la formación catalana, lo que habría permitido aprobar el decreto. Su portavoz, Miriam Nogueras, mantuvo finalmente el rechazo y reclamó al Gobierno retirar ambos textos para negociar a partir de una propuesta presentada por su partido.
En paralelo, el resto de fuerzas mantuvieron posiciones enfrentadas. Mientras Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG acusaron a la derecha de situarse del lado de los "especuladores" y los "fondos buitre", PP y Vox sostuvieron que el decreto no solucionaba el problema de la vivienda, no protegía suficientemente a las personas vulnerables y tampoco impedía determinadas operaciones de inversión inmobiliaria.
Por su parte, el PNV lamentó que no se hubiera alcanzado un acuerdo mínimo y habló de "ceguera e intolerancia". Al mismo tiempo, los nacionalistas vascos criticaron al Gobierno por "no haber hecho bien las cosas" y por haber legislado, según su valoración, "en caliente". Por ahora, el rechazo afecta al primer decreto, mientras el segundo sigue un recorrido separado.
¿Qué medidas incluían los decretos?
El primer decreto, el el Real Decreto-ley 26/2026, reunía un paquete amplio de medidas relacionadas con el alquiler, la protección de los inquilinos, la vivienda asequible y la fiscalidad. Una de sus principales medidas ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección de determinados hogares vulnerables frente a los desahucios cuando no existiera una alternativa habitacional.
Además, el texto establecía una extensión extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler que terminaran antes del 31 de diciembre de 2028. La medida buscaba dar más tiempo a determinados inquilinos para mantener su vivienda, mientras se introducían también nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones, modalidades que han adquirido mayor presencia en algunas ciudades españolas.
El decreto también planteaba límites a determinadas compras de viviendas realizadas por sociedades y fondos de inversión, además de distintas medidas fiscales. Entre ellas figuraban deducciones para los inquilinos y bonificaciones para pequeños propietarios, con el objetivo declarado por el Gobierno de modificar los incentivos existentes en el mercado del alquiler y favorecer una mayor disponibilidad de viviendas a precios asequibles.
A ello se añadía un IVA del 10% para los pisos destinados al alquiler turístico y una reducción del IVA al 4% para determinadas viviendas protegidas. El paquete contemplaba además préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un interés del 0% para facilitar el pago de la entrada de una hipoteca.
Por otra parte, el primer decreto establecía límites temporales a la actualización anual de determinados alquileres hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuando la renta superara el máximo establecido por el índice de referencia aplicable, la actualización quedaría limitada al 0%; en otros casos contemplados por la norma, el incremento máximo sería del 2%.
El segundo texto, el Real Decreto-ley 27/2026, abordaba una cuestión diferente pero estrechamente relacionada: qué ocurre cuando termina un contrato de alquiler de vivienda habitual. La propuesta permitía sucesivas prórrogas una vez cumplidos los cinco años mínimos de contrato, o siete cuando el propietario fuera una persona jurídica, es decir, una empresa u otra entidad.
Asimismo, el segundo decreto ampliaba de cuatro a seis meses el plazo con el que el propietario debía comunicar al inquilino su intención de no renovar el contrato. También contemplaba compensaciones económicas en determinadas situaciones. De este modo, mientras el primer decreto planteaba un paquete más amplio de medidas, el segundo se concentraba en reforzar la continuidad de determinados contratos de alquiler.
Crecen las movilizaciones en las calles
Mientras el debate se desarrollaba en el Congreso, la presión social aumentaba fuera de la Cámara. Durante varios días, grupos de personas instalaron un campamento en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar medidas frente al encarecimiento de la vivienda y los alquileres. Posteriormente, parte de la protesta se trasladó a las inmediaciones del Congreso.
Allí se escucharon consignas como "vergüenza" y "los inversores son los invasores", en referencia al papel que, según los manifestantes, desempeñan determinados inversores en el mercado inmobiliario. Al mismo tiempo, las movilizaciones comenzaron a extenderse fuera de la capital, con protestas convocadas en otras ciudades españolas para reclamar soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda.
Además, todo apunta a que las movilizaciones continuarán en los próximos días, en un contexto de creciente presión social sobre el Gobierno y los partidos políticos.
Maricarmen Abascal, el detonante
Detrás de esta nueva ola de movilizaciones hay una historia concreta que se ha convertido en uno de los símbolos de la crisis. Es la de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que había vivido durante 71 años.
Su caso impulsó nuevas movilizaciones y terminó dando lugar a la acampada de la Puerta del Sol. Desde entonces, su nombre ha quedado vinculado a las protestas que reclaman una mayor protección para los inquilinos y cambios en las normas sobre alquileres y desahucios.
Sin embargo, el malestar no comenzó con el caso de Abascal. Las dificultades para acceder a una vivienda, el aumento de los alquileres y la inseguridad de numerosos hogares ya habían provocado protestas anteriores. Su desahucio actuó, en este sentido, como detonante de una movilización que ya tenía detrás un descontento acumulado.
