En lo que el presidente de España, Pedro Sánchez, calificó como un “acto de justicia y una necesidad”, el gobierno del país aprobó este martes un decreto real histórico que inicia un proceso de regularización de casi medio millón de migrantes.
Sánchez describió la medida –que fue formalizada tras la aprobación del decreto por parte del Consejo de Ministros– como una “normalización”, al reconocer la realidad de casi medio millón de personas, y la calificó como “un acto de justicia y una necesidad”.
Luego, el presidente vinculó el papel de los migrantes con el hecho de que España es la economía de mayor crecimiento de Europa. Remarcó que el país está envejeciendo y dijo: “Ni la tecnología ni la automatización resolverán este desafío por sí solas en los próximos años. El camino es claro: mejor integración, mejor organización y canalizar todo el potencial de quienes ya viven entre nosotros”.
El mandatario añadió que los derechos deben ir acompañados de obligaciones, y destacó que quienes forman parte de la vida diaria de España deben contribuir en igualdad de condiciones a la sostenibilidad del país y a su modelo de convivencia.
Asimismo, señaló que la migración puede generar desafíos, pero afirmó que estos se abordan mejor mediante la regularización.
“Hoy tenemos dos caminos: uno de quienes buscan sembrar miedo, enfrentar a las personas y condenar a miles a la exclusión, o el camino de quienes entienden que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad y convertirse en prosperidad compartida”, dijo Sánchez. “España siempre ha elegido el segundo camino. Lo hemos hecho antes y lo hacemos de nuevo hoy”, añadió.
Por su parte, la ministra de Migración, Elma Saiz, precisó a la radio Cadena SER que los migrantes podrán presentar sus solicitudes desde esta semana hasta el 30 de junio, “con todos los canales protegidos y reforzados” para agilizar los trámites.
La medida afectará a personas que vivan en España desde hace al menos cinco meses y que hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025. Los solicitantes deberán tener un historial penal limpio. La regularización también se aplicará a sus hijos que ya vivan en España.
El decreto se convertirá en ley sin necesidad de aprobación del Parlamento, donde la coalición liderada por los socialistas no tiene mayoría.
La oposición conservadora y de extrema derecha ha señalado que el plan fomentará más inmigración irregular. La postura más abierta de España contrasta con una tendencia en Europa, donde los gobiernos han endurecido las políticas migratorias bajo la presión de partidos de extrema derecha.
España es una de las principales puertas de entrada a Europa para migrantes irregulares que huyen de la pobreza, los conflictos y la persecución. Alrededor de 840.000 migrantes indocumentados vivían en España a comienzos de 2025, la mayoría de ellos latinoamericanos, según el centro de estudios Funcas.
Además, decenas de miles de personas, en su mayoría del África subsahariana, han llegado al archipiélago de las Islas Canarias, al noroeste de África.
