Pese a la persistencia del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, las condiciones del voto por correo no cambiarán para las próximas elecciones al Congreso, programadas a realizarse en noviembre. Al menos, no por ahora.
La Corte Suprema rechazó este lunes la entrada en vigor de las nuevas restricciones que durante meses impulsó el Ejecutivo, manteniendo los procedimientos que utilizan los estados. La razón se debe a que los preparativos para estas elecciones, también conocidas como intermedias, ya están en marcha en algunas partes del país.
Sin embargo, el pronunciamiento del máximo tribunal no necesariamente cierra la puerta a que las modificaciones puedan aplicarse a futuro: uno de los argumentos centrales estuvo relacionado con el escaso tiempo disponible para implementar las nuevas exigencias antes de los comicios, que serán el 3 de noviembre.
En concreto, la corte rechazó la petición del gobierno para levantar la orden de una corte inferior que había suspendido las nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).
Así, los estados podrán continuar enviando y procesando las boletas por correo bajo los procedimientos que ya venían utilizando, una modalidad que representa una parte significativa de los votos emitidos en Estados Unidos.
¿Qué buscaba cambiar Trump?
El fallo llega en plena campaña para las elecciones de mitad de mandato, en las que estará en juego el control del Congreso y los republicanos buscan conservar sus estrechas mayorías.
Trump ha convertido la seguridad del voto por correo en uno de sus principales argumentos sobre integridad electoral desde las presidenciales de 2020, cuando fue derrotado por el expresidente demócrata Joe Biden. El hoy presidente ha cuestionado durante años este sistema y ha sostenido que puede facilitar el fraude electoral, aunque no se han presentado pruebas de irregularidades generalizadas.
En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que abrió el camino para imponer nuevos requisitos sobre el procesamiento y distribución de las boletas electorales. Entre otras medidas, el nuevo sistema requeriría elaborar listas de votantes habilitados para que las boletas se entregaran únicamente a los electores incluidos en esos registros.
También exigía que los estados registraran grandes cantidades de información de los votantes en un nuevo portal en línea, y contemplaba modificaciones en los sobres utilizados para el sufragio postal.
El gobierno presentó la iniciativa como una modificación limitada de las normas postales, destinada, según argumentó, a reforzar la integridad del proceso electoral y facilitar la detección de posibles irregularidades.
Las demandas
Estados gobernados por demócratas demandaron al Gobierno de Trump con el argumento de que, según la Constitución de Estados Unidos, son los estados —y no las autoridades federales— los que conservan un amplio control sobre la administración de las elecciones.
En paralelo, funcionarios electorales advirtieron acerca de las dificultades de introducir los cambios a esta altura del calendario. Algunos estados, entre ellos Carolina del Norte, ya habían comenzado a distribuir las boletas, mientras que otros habían adquirido los sobres que debían adaptarse a los nuevos requisitos.
Fue así que Trump apeló y la cuestión llegó a la Corte Suprema.
¿Qué dijo la Corte y por qué el fallo deja abierta la discusión?
La Corte Suprema rechazó la petición de Trump. La mayoría de magistrados, cuatro de seis, votaron para frenar los cambios impulsados por el gobierno.
Pero uno de los elementos más relevantes del fallo está en los argumentos utilizados por algunos de sus magistrados, que no le cierran totalmente la puerta a la decisión, sino que pone el foco en un aspecto clave: el momento en que se pretendían implementar los cambios.
El juez Brett Kavanaugh, integrante del sector conservador del tribunal, coincidió con la decisión de mantener suspendidas las reglas y destacó que los funcionarios electorales estatales y locales “no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones”.
Su posición deja abierta una cuestión a futuro: las modificaciones podrían volver a ser examinadas si el gobierno intenta implementarlas con mayor anticipación en otros comicios.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, por su parte, discreparon con la mayoría. Consideraron que la administración de Trump había demostrado que las reglas podían encontrarse dentro de las competencias del USPS y defendieron que se permitiera su entrada en vigor.
Alito reconoció las dificultades planteadas por los estados, pero consideró que no eran suficientes para mantener bloqueada la medida. “El gobierno tiene un interés legítimo en aplicar la norma”, escribió el magistrado, quien sostuvo además que los cambios podrían mejorar el seguimiento del correo electoral para detectar posibles irregularidades.
