A poco menos de dos meses de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella ha convertido su promesa de “mano dura” contra el crimen organizado en uno de los ejes de su Gobierno. Pero una imagen ha abierto un nuevo debate en un país profundamente polarizado tras unas elecciones muy reñidas.

El presidente caminó junto a militares frente a 23 cadáveres de presuntos miembros de presuntos criminales, alineados y envueltos en bolsas blancas. El video fue difundido el 2 de septiembre por la Presidencia para mostrar los resultados de la operación Azarías, en el departamento de Guaviare.

Para sus críticos, la escena convierte la muerte en espectáculo. Para el Gobierno, es una forma de mostrar su estrategia de seguridad. Y precisamente esa diferencia de lecturas refleja un debate en Colombia: hasta dónde sirve la fuerza del Estado en una guerra contra los grupos armados.

Con 17.147 capturas de integrantes de grupos armados durante su primer mes de Gobierno, además de bombardeos y operaciones contra cabecillas, De la Espriella ha puesto en marcha una estrategia de seguridad que busca dejar claro desde el comienzo cuál será el tono de su administración.

Miradas

En esa línea, se genera un debate sobre el enfoque necesario para alcanzar una paz duradera.

De hecho, según la ONG International Crisis Group, “Colombia necesita urgentemente una estrategia militar más eficaz, pero recurrir únicamente a soluciones de mano dura podría resultar contraproducente y propiciar abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra la población”. Su análisis apunta a que las negociaciones con grupos armados son "lentas y a menudo frustrantes, pero siguen siendo la vía más prometedora para desmantelar estas organizaciones”.

De la Espriella se enfrenta a un entramado complejo de actores armados; disidencias de las extintas FARC, bandas criminales, grupos paramilitares y grupos armados hacen presencia en casi la mitad de los municipios de Colombia y se nutren de la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, la droga y el control de las rutas ilegales del territorio.  

“Todo lo que hemos hecho ha servido de muy poco para atender estas nuevas formaciones y estructuras violentos, ni en la paz ni en la guerra. Es un gran cuello o botella. Entonces, ¿a qué llegamos hoy? Pues llega De la Espriella y dice, "Lo que yo voy a hacer es recuperar los bombardeos, ataques, etcétera, etcétera. No, no va a mejorar”, dice Laura Bonilla, subdirectora de la Organización Paz y Reconciliación (Pares), a TRT en Español. 

Durante la administración de Gustavo Petro (2022-2026), el mandatario impulsó la llamada Paz Total, un programa amplio de negociación y cese de hostilidades con varios grupos. Su objetivo, dijo durante su discurso de posesión, era acabar con la “guerra eterna”, que se remonta a la década de 1960, cuando se crearon grupos guerrilleros como las Fac y el ELN, que tenían motivaciones políticas y querían cambiar ese sistema, pues consideraban que había desigualdad y falta de inclusión social. 

Era una estrategia ambiciosa que buscaba, en palabras de su gobierno, que no hubiera un solo muerto más por la violencia. Sin embargo, hay que señalar que tampoco se dejaron completamente de lado las acciones militares. La Paz Total ha sido cuestionada por el aumento de la violencia y el crecimiento de los grupos armados. Según el informe Balance de Grupos Armados 2025 de Pares, este crecimiento mantuvo un ritmo similar entre 2018 y 2025, “empujando al país hacia una nueva fase de violencia”.

Esta tendencia llevó a De la Espriella a calificarla como una “claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo”. Cerró todos esos procesos, reinstauró las órdenes de captura, designó a todos los grupos como “terroristas” y les planteó dos opciones: o se “someten a la ley” o se enfrentan con las autoridades.

Para analistas como Eduardo Pastrana, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, el panorama no es tan optimista y considera que "va a fracasar".

“Va a haber golpes; han dado algunos golpes en este momento, pero reducir la capacidad operativa de estos grupos sin negociar, buscar una exterminación o erradicación militar, solo con mano dura… porque ¿cómo vas a buscar en 21.000 kilómetros cuadrados de selva, en ciertos casos, a 300 hombres?”, señala en conversación con TRT Español.

Las caras de la violencia hoy en Colombia 

Según Pares, los grupos con mayor presencia territorial son el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo),  el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias: el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). 

Pares identifica, además, al menos otros ocho grupos armados organizados que operan de manera sostenida en cuatro grandes núcleos: la Amazonía y la Orinoquía; el Catatumbo y la frontera con Venezuela; el Pacífico, en los departamentos de Nariño y Cauca; y la región del Urabá, el Bajo Cauca y el sur del departamento de Córdoba, debido a lo que considera una falta de autoridad territorial del Estado y de una política de protección.

La violencia mutó: “menos combates, más asesinatos selectivos, más control social y una creciente normalización de la coerción como forma de gobernanza local”.

Así, ha impulsado los desplazamientos y confinamientos provocados por acciones de los grupos armados, que alcanzaron niveles récord en 2025: 96.000 personas desplazadas y 155.000 confinadas, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz.

¿Cómo llegamos hasta aquí? 

El 24 de noviembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante en jefe de la guerrilla de las FARC, firmaron el Acuerdo de Paz. 

Las conversaciones comenzaron en 2012 en La Habana, Cuba, y el documento selló el final de 52 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que nacieron en 1966. Con aproximadamente 20.000 combatientes en su momento, este conflicto de cinco décadas dejó profundas cicatrices en el país y causó decenas de miles de muertos, secuestrados, desplazados y heridos.

El acuerdo trajo la desmovilización de más de 13.000 combatientes, el cese al fuego definitivo, programas de desminado, participación política de las FARC y se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal para juzgar los crímenes más graves cometidos del conflicto y dar penas restaurativas a los responsables a cambio de de verdad, reparación y no repetición. 

No todos los miembros de las FARC se acogieron al acuerdo, dando origen a las disidencias. Además, el ELN, uno de los principales grupos armados de Colombia, fundado en 1964, aprovechó los espacios que dejaron las FARC.

A eso se suman los desafíos con la implementación de los acuerdos en términos de seguridad en el territorio, rezagos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), “la débil presencia estatal” durante el confinamiento por la pandemia, según señalan varios estudios, y la polarización política de estos 10 años. Lo que nos trae a la situación de hoy. 

“Los grupos se fueron adaptando. Ya no duermen en campamentos grandes, no usan uniformes. Y en la pandemia se incrementa muchísimo el reclutamiento y hay cambios importantes, por ejemplo, en la economía del narcotráfico, que es una de las fuentes de financiación de estos grupos armados”, dice Bonilla.

Agrega que entre 2018 y 2022 la expansión de los grupos fue muy alta, especialmente la del Clan del Golfo, y que a través de las redes sociales, también se ha aumentado dramáticamente el reclutamiento infantil. 

¿Cómo establecer una paz?

Al mismo tiempo, la atomización de los grupos armados dificulta “cualquier negociación u operación militar”, dice el profesor Pastrana. 

“Sí hay cierto tipo de control, pero tienen que estar moviéndose porque no tienen la suficiente capacidad militar ni logística para un control extenso del territorio, sino en las zonas donde hay las economías ilícitas, y me refiero a los cultivos y al oro”, agrega el experto.

Pastrana señala que se llegó a la negociación con las FARC después de una derrota estratégica, pues el Estado había ganado la supremacía tecnológica y había dado varios golpes al grupo armado. Según él, ese debería ser el objetivo militar. “No la exterminación, eso militarmente es imposible en una guerra ya”, apunta refiriéndose a la estrategia de De la Espriella. 

Bonilla coincide: “Se puede bombardear completamente el Catatumbo y los últimos que mueren son los del ELN porque pueden cruzar a Venezuela”. 

Los grupos actuales tienen mucha capacidad armamentística por el mercado de armas interno y externo que ha crecido en años recientes, señala. 

“El número de armas ilegales que circulan en el país ha enfrentado un aumento sostenido durante los últimos 20 años Colombia. Alrededor de un 80 % de las armas que ingresan al territorio proceden de un mercado ilegal que abastece tanto a grupos armados ilegales como a bandas criminales, con armas cortas, drones y fusiles de alto calibre, provenientes de países como Estados Unidos o de Centroamérica”, explica una publicación del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

“Esto no es una guerra de narcos como en las películas. Los grupos tienen control territorial y cobran por eso. La extorsión es una de las principales economías, pero si hay coca, se cobra la coca. Si hay oro ilegal, tráfico de migrantes, contrabando de cigarrillos, la ropa china, se cobra por todo. Se vuelven casi como un mini Estado dentro de los territorios”. 

Según la experiencia de esta experta, la medida de De la Espriella de denominar a todos los grupos como terroristas podría estar dirigida a que el presidente intente pasar un estatuto antiterrorista en el Congreso, lo que le daría facultades para detener a las personas sin juicio o “que no necesariamente tengan que estar en un combate para que darles de baja. Y yo honestamente no creo que eso dé resultados, porque además es como volver a lo mismo”, dice Bonilla. 

Un informe del 7 de septiembre de la Fundación Ideas para la Paz califica el problema de seguridad en Colombia como un “desorden estratégico”: existen instrumentos de seguridad, paz, justicia y desarrollo territorial, pero operan con lógicas distintas y sin un norte común, por lo que los esfuerzos no se acumulan ni inciden de forma sostenida sobre la violencia.

Para resolverlo, la fundación propone cuatro puntos: presencia disuasiva de las Fuerzas Armadas en los focos de conflicto más álgidos para proteger a la población; atacar no solo a los máximos jefes sino también a los eslabones operativos; ejecutar los programas existentes, como el PDET, en lugar de crear nuevos; y fortalecer la inversión estatal más allá de sumar tropas, mediante tecnología, cooperación regional y lucha contra la corrupción.

Llegar a la paz en Colombia, para analistas como Bonilla, implica salir de la violencia actual y brindar atención humanitaria a quienes caen en la pobreza, entre ellos muchos jóvenes, porque, sin atención, pueden volver a la delincuencia. Igualmente, señala que el gobierno debe tener una conversación con múltiples actores para atender la situación desde varios ángulos, entre ellos, descapitalizar a los grupos armados. 

Y, en esa línea, construir una coexistencia es un desafío que tomará tiempo.

“Va a tardar 20 o más años en resolverse si somos constantes y hay que hacer varias tareas al mismo tiempo. No puede ser solo por la fuerza. Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para ir a un pueblo y quedarse toda la vida”.