Los agricultores que cosechaban sandías en los campos del distrito de Tiro, en el sur del Líbano, comenzaron el martes como cualquier otro día de trabajo. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, la tranquilidad de los cultivos se convertiría en caos: las fuerzas israelíes dispararon tres proyectiles de fósforo cerca del cruce de Mansouri, obligando a los trabajadores a huir. Ese mismo día, en otro incidente, tres civiles fueron detenidos y uno resultó herido.
El ataque ocurrió en medio de un alto al fuego que Israel ha violado repetidamente, y estuvo lejos de ser un hecho aislado.
Fue, en realidad, el episodio más reciente de un patrón ampliamente documentado durante años, en el que Israel ha utilizado municiones incendiarias y sustancias químicas prohibidas tanto en el Líbano como en Gaza. Cada nuevo caso se suma a un historial tan extenso que las organizaciones de derechos humanos han tenido dificultades para seguirle el ritmo.
La confirmación más reciente llegó apenas unas semanas atrás.
En marzo de 2026, Human Rights Watch verificó y geolocalizó siete imágenes que mostraban una explosión aérea de fósforo blanco lanzado por artillería sobre una zona residencial de Yohmor, en el sur del Líbano. En las imágenes se observaba a equipos de defensa civil intentando controlar incendios que alcanzaron al menos dos viviendas y un vehículo.
Ramzi Kaiss, investigador de Human Rights Watch para el Líbano, calificó el hecho de “extremadamente alarmante” e instó a los estados que suministran armas a Israel a suspender de inmediato la asistencia militar, un llamado que, una vez más, quedó sin respuesta.
Sin embargo, ese incidente no era una excepción, sino la continuación de una cadena de violaciones que se remonta a las primeras semanas de la guerra actual.
Human Rights Watch ya había verificado el uso de fósforo blanco en al menos 17 municipios del sur del Líbano desde octubre de 2023, incluidos cinco casos donde fue empleado ilegalmente sobre zonas residenciales pobladas.
Detrás de esas cifras hay historias marcadas por el miedo y el sufrimiento. Mohammad Hammud, un anciano que permaneció en su aldea fronteriza de Hula cuando otros huyeron, describió el momento en que un proyectil israelí cayó cerca de su casa.
“Se declaró un incendio frente a la casa... Había un olor extraño... teníamos dificultades para respirar”, recordó.
Él y su esposa fueron trasladados de urgencia a un hospital después de que los equipos de emergencia detectaran síntomas de exposición al fósforo blanco, uniéndose a otros cuatro civiles ingresados en cuidados intensivos por asfixia y dificultad respiratoria severa a causa del mismo ataque.
El Ministerio de Salud del Líbano registró finalmente a 173 personas con exposición química por fósforo blanco desde octubre de 2023, y eso fue antes de que Israel intensificara sus ataques.
Amnistía Internacional, de hecho, ya había dado la voz de alarma incluso antes documentando el uso ilegal de fósforo blanco en el sur del Líbano ya en el período del 10 al 16 de octubre de 2023. Y pidió que un ataque contra la localidad de Dhayra —que dejó al menos nueve civiles heridos— fuera investigado como un posible crimen de guerra.
Más allá de las víctimas inmediatas, el daño se ha extendido al propio suelo, y los agricultores del sur del Líbano ven arder sus tierras de cultivo mientras los científicos se apresuran a evaluar los riesgos a largo plazo para la seguridad alimentaria y la salud pública.
Además, Líbano ha acusado por separado a Israel de rociar el herbicida glifosato a lo largo de su lado de la frontera, acto condenado por el presidente Joseph Aoun como un “crimen contra el medioambiente”.
Cuerpos reducidos a cenizas en Gaza
Si el sur del Líbano ha soportado años de ataques con fósforo blanco, Gaza ha enfrentado un escenario aún más difícil de procesar.
Una extensa investigación documentó la desaparición de al menos 2.842 palestinos desde octubre de 2023. La cifra se basa en datos forenses recopilados por los equipos de Defensa Civil de Gaza, que clasifican a las víctimas como “vaporizadas”, tras haber realizados búsquedas exhaustivas entre escombros, hospitales y morgues que no arrojan más que rastros biológicos, salpicaduras de sangre o pequeños fragmentos de tejido.
Yasmin Mahani conoció esa realidad de la forma más brutal cuando regresó a las ruinas de la escuela Al-Tabin, en la ciudad de Gaza, tras un ataque israelí ocurrido en agosto de 2024.
“Entré en la mezquita y me encontré pisando carne y sangre”, dijo. Nunca encontró a su hijo. Ni siquiera un fragmento para enterrar.
Expertos militares atribuyeron esos casos a armas térmicas y municiones térmicas capaces de generar bolas de fuego que alcanzan entre 2.500 y 3.000 grados Celsius, entre las municiones identificadas en Gaza figuran la bomba MK-84, el perforador de búnkeres BLU-109 y la bomba de planeo de precisión GBU-39, esta última diseñada para dejar aparentemente intactas mientras destruye todo en su interior mediante presión extrema y calor abrasador.
Uno de los casos más graves ocurrió en Al-Mawasi, una zona previamente declarada “segura”, utilizó el BLU-109 y se ha reportado que provocó la desaparición total de 22 personas.
Todo ello constituye una violación directa del Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que prohíbe el uso de armas incendiarias contra población civil bajo cualquier circunstancia.
Para los agricultores que esta semana huyeron entre humo y fuego de sus campos de sandías en Tiro, esa impunidad no es un concepto abstracto ni un debate diplomático. Sigue siendo algo tangible, inmediato, tan real como el humo que todavía se eleva sobre sus tierras quemadas.
