Guadalajara, México – Las victorias de Keiko Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia se inscriben en un desplazamiento político más amplio hacia la derecha que atraviesa actualmente a América Latina. Sin embargo, más allá del cambio ideológico, ambas elecciones compartieron dos rasgos significativos: márgenes extremadamente estrechos y cuestionamientos posteriores al proceso electoral.
En Perú, Fujimori fue proclamada vencedora por apenas 0,27%, una ventaja de solo 49.641 votos sobre su rival Roberto Sánchez. En Colombia, De la Espriella superó al candidato de la coalición de Gobierno, Iván Cepeda, por tan solo 0,96%, lo cual representó poco más de 250.000 votos.
Sin embargo, el problema de fondo no radica únicamente en lo estrecho de los resultados, sino en que, en ambos casos, las elecciones no lograron cerrar temporalmente la competencia por el poder.
La confrontación se prolongó más allá de las urnas, revelando sistemas políticos profundamente polarizados. Cuando la legitimidad del gobierno permanece en disputa, también aumenta el riesgo de que la política exterior se convierta en una extensión de la confrontación interna. La cuestión es si Perú y Colombia responderán de la misma manera a este desafío.
Perú: el retorno de una fractura histórica
La polarización peruana tiene raíces profundas y difícilmente puede comprenderse sin la figura de Alberto Fujimori. Presidente entre 1990 y 2000, llegó al poder como un outsider tras derrotar al escritor Mario Vargas Llosa en las elecciones de 1990. Asumió la presidencia en medio de una severa crisis económica y de violencia ejercida por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Durante su gobierno impulsó el denominado “fujishock”, un drástico programa de estabilización económica que permitió reducir la hiperinflación y recuperar el crecimiento, al tiempo que restableció el control del Estado sobre buena parte del territorio y debilitó decisivamente a las organizaciones criminales. Sin embargo, esos resultados quedaron inseparablemente ligados al autogolpe de Estado de 2002, a la concentración del poder, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, convirtiéndolo así en uno de los líderes más controvertidos de la historia reciente de América Latina.
De ese legado surge el fujimorismo. Más que un partido político, constituye un movimiento que continúa dividiendo a la sociedad peruana. Para sus simpatizantes representa orden, estabilidad y eficacia económica; para sus detractores simboliza autoritarismo, corrupción y debilitamiento de las instituciones democráticas. De ahí que su hija Keiko Fujimori –primera dama durante más de la mitad de su gobierno– no llega como heredera política de una memoria que siga estructurando identidades, lealtades y rechazos.
Su victoria en el cuarto intento, tras las derrotas de 2011, 2016 y 2021, confirma la resiliencia del fujimorismo. Sin embargo, el estrecho resultado electoral también puso de manifiesto que una parte importante de la sociedad peruana continúa rechazando el retorno del fujimorismo al poder. Ese descontento no tardó en encontrar nuevos canales de articulación política.
En los primeros días tras la elección, Roberto Sánchez denunció fraude y rechazó los resultados por presuntas irregularidades en el voto del exterior. Sin embargo, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente a Fujimori, la estrategia opositora de Sánchez comenzó a reorientarse: sin abandonar sus cuestionamientos al proceso electoral, pasó a situar la liberación del expresidente Pedro Castillo en el centro de su discurso político, reforzada por la reciente opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que calificó como arbitraria su detención.
Consciente de ese escenario, Fujimori ha comenzado a promover un discurso de reconciliación nacional, sosteniendo que “pensar distinto no nos hace enemigos” y llamando a construir sobre aquello que une a los peruanos. No obstante, el margen para traducir esa narrativa en acuerdos políticos parece limitado mientras la polarización continúa reorganizándose alrededor de nuevos liderazgos, identidades y formas de oposición.
Colombia: la reconfiguración de la polarización política
La polarización colombiana no es reciente, pero sí ha cambiado de eje. Durante dos décadas, buena parte de la competencia política se organizó alrededor del uribismo y el antiuribismo asociados a la figura del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), especialmente por las diferencias sobre seguridad, conflicto armado y acuerdos de paz. Sin desaparecer, la antigua confrontación comenzó a dar paso a una nueva dinámica política, en la que el petrismo y el antipetrismo, en referencia al actual mandatario Gustavo Petro, se consolidaron como los principales referentes de identificación y confrontación electoral, capaces de ordenar el voto más por el rechazo al adversario que por la adhesión a propuestas concretas.
La victoria de Abelardo de la Espriella parece consolidar esta nueva tendencia. Sin experiencia previa en cargos públicos, logró articular a buena parte de la derecha tradicional colombiana mediante un liderazgo que incorpora varios asociados en la literatura reciente a las nuevas derechas latinoamericanas: un discurso centrado en el orden y la seguridad, una fuerte personalización del liderazgo, el uso intensivo de plataformas digitales y una estrategia de confrontación con los gobiernos progresistas. La oposición comienza a reorganizarse alrededor de un liderazgo distinto, capaz de integrar a sectores tradicionales de la derecha bajo una agenda común.
La etapa poselectoral ilustra las implicaciones de esta reconfiguración. Las acusaciones de fraude formuladas por Petro y la decisión de De la Espriella de suspender el proceso de transición gubernamental, prolongaron la confrontación más allá de las urnas, pese a que los observadores internacionales validaron el proceso. Más que un episodio coyuntural, este intercambio anticipa una dinámica en la que gobierno y oposición continúan disputándose la legitimidad de sus decisiones.
Polarización y alineamientos externos
La polarización puede convertir la política exterior de ambos gobiernos en una extensión de la disputa interna. En Perú, Fujimori buscará trabajar con el presidente Trump y los miembros de su administración, especialmente en inversión, cooperación económica y seguridad. Este último ámbito ya cuenta con una base institucional relevante: en enero de 2026, Perú fue designado por Estados Unidos como aliado principal extra-OTAN. La llegada de Fujimori aumenta la posibilidad de que esa condición sea utilizada para profundizar la cooperación bilateral en seguridad y defensa, incluso más allá del Escudo de las Américas impulsado por Washington. Sin embargo, difícilmente podrá traducir esa aproximación en un alineamiento automático.
China continúa siendo el principal socio comercial de Perú, un inversionista clave y el principal impulsor del puerto de Chancay. Tras la elección, Xi Jinping expresó su disposición a elevar aún más la Asociación Estratégica Integral China–Perú establecida en 2008 y actualizada en 2013, mientras Fujimori reafirmó los lazos de amistad y cooperación bilateral. En ese sentido, su principal desafío consistirá en preservar ese pragmatismo económico con China sin desatender las crecientes expectativas estratégicas hacia Estados Unidos.
El caso colombiano es distinto. Mientras que en Perú la polarización histórica no necesariamente altera los fundamentos de su política exterior, la polarización emergente en Colombia anticipa un cambio mucho más abrupto en la inserción internacional del país. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, Bogotá buscó diversificar sus vínculos externos mediante un mayor acercamiento a China, el fortalecimiento de la integración latinoamericana y una participación más activa en el Sur Global. De la Espriella, en cambio, no solo ha anunciado su incorporación al Escudo de las Américas y ha situado la cooperación con Washington en seguridad y la lucha contra el narcotráfico en el centro de su agenda, sino que también ha presentado la relación bilateral en términos abiertamente civilizatorios. Al afirmar que Estados Unidos y Colombia son “naciones hermanas”, unidas por la sangre de sus héroes y por un destino compartido en defensa de la civilización occidental, anticipa algo más que un repliegue de la diversificación impulsada por Petro: una política exterior estrechamente alineada con la administración de Trump.
Una muestra adicional de este giro es la decisión de restablecer plenamente las relaciones con Israel –suspendidas por Petro– y trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén. Más allá de su dimensión bilateral, la medida profundiza el alineamiento con la política inaugurada por Trump en 2017, cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Con ello, Colombia se incorpora al grupo de países latinoamericanos —Guatemala, Paraguay, Honduras, además de Argentina cuando concrete su anuncio— que han convertido el traslado de sus embajadas a Jerusalén en un símbolo de afinidad política y estratégica con Washington e Israel.
Más que redefinir únicamente la política exterior de Perú y Colombia, esta nueva polarización amenaza con debilitar la capacidad de América Latina para actuar como bloque. En una región donde la política exterior comienza a quedar subordinada a las disputas domésticas y a la competencia entre las grandes potencias, la integración regional corre el riesgo de convertirse en otra víctima de la polarización.
