Alfonso Insuasty RodríguezEl anunciado giro del Gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hacia Israel no se limita a un reajuste diplomático. La promesa de construir una relación bilateral “como nunca antes”, la reapertura de la embajada colombiana en Jerusalén ocupada, el “reconocimiento” de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados y la reactivación de los vínculos económicos y comerciales apuntan a una transformación más amplia de la política exterior colombiana.
Precisamente, se prevé que unas 30 empresas israelíes visiten Colombia en los siguientes meses para explorar oportunidades de inversión, según se confirmó tras una reunión entre el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y Betsy Berns Korn, presidenta de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses.
Detrás de este viraje emerge una cuestión de mayor alcance: la posible reactivación y expansión de una arquitectura de seguridad que articula tecnología militar, vigilancia, inteligencia, cooperación con Washington y una participación cada vez mayor del sector privado en funciones estratégicas del Estado.
En la página web oficial del partido político de De la Espriella, Defensores Por la Patria, se plantea que “una mayor colaboración con industrias de defensa israelíes abre oportunidades de transferencia tecnológica, creación de empleos especializados y fortalecimiento de sectores como la ciberseguridad y la inteligencia militar”.
Este impulso tecnológico, presentado como parte de una estrategia para enfrentar lo que el partido califica como crimen organizado, podría convertirse en uno de los ejes de la nueva relación con Israel. Para algunos expertos en Tel Aviv, la cooperación en materia de seguridad podría, además, adquirir un alcance mucho mayor. “Todo lo relacionado con la seguridad del Estado implicará una amplia colaboración con Israel”, afirma el politólogo Alberto Spektorowski. “Colombia la solicitará, Israel la proporcionará y esa relación se fortalecerá”, agregó.
En el fondo, según señala un análisis publicado en el diario The Times of Israel, “no se trata de mero protocolo diplomático: es un mensaje calculado dirigido a toda la región, en un momento en que Israel busca reconstruir alianzas en América Latina tras años de deterioro”. La dimensión de seguridad, por tanto, podría convertirse en uno de los principales puntos de convergencia de esta nueva etapa, conectando la política exterior con la tecnología militar, la inteligencia y las capacidades de vigilancia.
Los tentáculos tecnológicos de Israel en Latinoamérica
Este proceso, sin embargo, tampoco comienza con el actual gobierno. Sus antecedentes se remontan a décadas de cooperación militar y de inteligencia entre Colombia e Israel.
Durante el gobierno del expresidente Virgilio Barco (1986-1990), investigaciones periodísticas señalaron la presencia y asesoría del agente israelí Rafi Eitan, quien habría sido consultado sobre asuntos de seguridad y protección presidencial. Algunas investigaciones posteriores también plantearon interrogantes sobre una posible relación entre su presencia en Colombia y el recrudecimiento de la violencia contra integrantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP).
La denuncia generó controversia y algunos de sus aspectos fueron posteriormente negados o cuestionados. La propia investigación periodística señala que no existen pruebas de una conexión entre Eitan y los asesinatos de militantes de la UP, aunque destaca que su presencia en Colombia coincidió temporalmente con el fuerte aumento de esos homicidios a partir de 1987.
Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio y la violencia política contra integrantes y militantes de ese partido.
Durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), la relación militar entre Colombia e Israel se profundizó en torno a la política de seguridad y el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública. El Galil, un fusil de asalto de fabricación israelí, se convirtió en uno de sus símbolos, acompañado por transferencia tecnológica y cooperación en aeronaves, inteligencia, vigilancia y otros sistemas militares.
Posteriormente, INDUMIL, empresa adscrita al Ministerio de Defensa de Colombia, desarrolló versiones nacionales del Galil mediante acuerdos de transferencia tecnológica con Israel, mostrando cómo una dependencia inicial podía convertirse también en capacidad industrial local.
La ruptura política y diplomática con Israel durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026) marcó un giro en esta trayectoria.
En octubre de 2023, Israel suspendió la cooperación y las exportaciones militares hacia Colombia. Luego, en febrero de 2024, Petro anunció la suspensión de nuevas compras de armas a Israel, y el 1 de mayo anunció la ruptura de relaciones diplomáticas.
En paralelo, Colombia avanzó en una estrategia de autonomía industrial para la defensa. El proyecto del fusil Jaguar –calificado como símbolo de "soberanía tecnológica, industrial y estratégica"– fue iniciado por INDUMIL en 2020. Su nombre honra al animal que representa "fuerza, inteligencia, adaptación, precisión, dominio del territorio y conexión con la selva y la naturaleza americana", y que durante siglos ha sido "un símbolo ancestral de los pueblos indígenas de América”.
El fusil fue presentado oficialmente en mayo de 2026 como un desarrollo nacional orientado a fortalecer la soberanía del país. El Jaguar incorpora mejoras importantes frente al sistema Galil actualmente utilizado por las fuerzas colombianas.
Elbit Systems y su huella en la región
La dimensión empresarial permite observar con mayor claridad el alcance potencial de esta relación. En diciembre de 2021, el Ejército de Colombia contrató con Elbit Systems –una de las principales empresas israelíes del sector de defensa y tecnología– un sistema de vigilancia y reconocimiento fronterizo y un centro de comando y control para la frontera con Venezuela por aproximadamente 30 millones de dólares.
El contrato fue realizado en el marco de un acuerdo bilateral Colombia-Israel. No se trató simplemente de la adquisición de equipos: supuso incorporar capacidades tecnológicas desarrolladas por una empresa israelí a la gestión de la seguridad de un territorio estratégico.
La presencia de Elbit y de otras compañías israelíes se ha extendido por América Latina.
Investigaciones académicas han documentado el uso regional de drones Hermes 450 y Hermes 900, sistemas desarrollados por Elbit que integran capacidades de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento. Brasil, Chile y México figuran entre los países latinoamericanos que han operado plataformas de este tipo. La propia empresa reconoce contratos para modernizar sistemas Hermes 900 utilizados por clientes latinoamericanos.
La cuestión adquiere una dimensión particularmente sensible cuando la tecnología militar se cruza con la vigilancia digital. En 2024, la Fiscalía de Colombia abrió una investigación sobre la presunta compra y utilización del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, cuya distribución está controlada por el Ministerio de Defensa de Israel. La denuncia señalaba una operación por aproximadamente 11 millones de dólares y un supuesto pago en efectivo. La investigación debía establecer, entre otros aspectos, si la adquisición efectivamente se concretó y cuál habría sido su utilización.
Ecuador ofrece otro caso significativo. En diciembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó con 111 votos iniciar una fiscalización sobre el presunto uso del software Pegasus contra periodistas, opositores y activistas. La resolución ordenó la comparecencia del director del Centro de Inteligencia Estratégica y solicitó información a la Embajada de Israel sobre el supuesto uso del programa en territorio ecuatoriano. Nuevamente, la relevancia reside también en la pregunta institucional: quién adquiere estas tecnologías, bajo qué controles, contra quién pueden emplearse y qué mecanismos existen para garantizar los derechos fundamentales.
Este proceso coincide con una transformación más amplia de la seguridad regional: la creciente participación de compañías privadas en funciones tradicionalmente reservadas al Estado. En este sentido, el caso de Haití resulta ilustrativo.
Vectus Global, empresa privada de seguridad vinculada al fundador de la polémica compañía Blackwater, Erik Prince, opera en Haití desde 2025 mediante operaciones apoyadas en drones contra grupos armados. Prince afirmó además haber alcanzado un acuerdo de largo plazo con el gobierno haitiano que contemplaría, una vez estabilizada la situación, una participación en la recuperación del sistema de recaudación tributaria.
En 2026, la agencia de noticias Reuters informó que funcionarios estadounidenses estudiaban una cooperación más estrecha con la empresa, mientras organizaciones de derechos humanos expresaban preocupación por muertes de civiles asociadas a ataques con drones.
La privatización de funciones de seguridad
En tanto, la privatización de funciones de seguridad plantea interrogantes sobre soberanía, rendición de cuentas y responsabilidad jurídica.
El debate no es exclusivo de América Latina: el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido un grupo de trabajo orientado a elaborar un marco internacional de regulación, supervisión y control de las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas. El problema central es que la externalización de funciones coercitivas puede hacer más compleja la identificación de responsabilidades cuando se producen abusos.
En este escenario también debe analizarse el papel político que Israel ha adquirido para las “nuevas derechas”. El periodista Pablo Stefanoni ha estudiado cómo la defensa de Israel se ha convertido, para sectores de las extremas derechas, en una vía de legitimación posterior a 1945, cuando el antisemitismo había sido una marca histórica de buena parte de las derechas radicales europeas.
En su análisis, Stefanoni señala que el “anti-antisemitismo” puede operar simultáneamente como mecanismo de legitimación y como instrumento de confrontación contra sectores como musulmanes, palestinos y sectores progresistas. Se trata de una interpretación del autor que ayuda a comprender por qué la relación con Israel desborda hoy el terreno estrictamente militar o comercial.
Bajo este panorama, Colombia constituye un caso particularmente relevante. El nuevo Gobierno de De la Espriella ha planteado recuperar la cooperación militar con Israel y fortalecer la alianza estratégica con Washington. Analistas citados por TRT World han relacionado este proyecto con una eventual profundización de la cooperación tecnológica israelí en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico, en una lógica que algunos denominan “Plan Colombia 2.0”.
¿Seguridad para quién y soberanía para qué?
El punto de fondo no es únicamente qué armas, plataformas o software compra cada Estado, sino qué tipo de infraestructura de seguridad se construye cuando inteligencia, vigilancia, drones, ciberseguridad y capacidades militares comienzan a articularse con empresas privadas y alianzas internacionales. En ese contexto, una mayor dependencia tecnológica también puede traducirse en una mayor dependencia estratégica, particularmente cuando capacidades críticas quedan vinculadas a proveedores externos.
La experiencia latinoamericana obliga a formular preguntas que van más allá de la compra de equipos. ¿Quién define las amenazas? ¿Quién administra los datos? ¿Qué empresas participan? ¿Qué controles existen? Y, sobre todo, ¿qué intereses económicos y geopolíticos se despliegan detrás de estas nuevas arquitecturas de seguridad?
La pregunta cobra especial relevancia cuando tecnología, seguridad e infraestructura comienzan a vincularse con territorios y bienes estratégicos. En Colombia, los acercamientos con la empresa estatal israelí Mekorot y su eventual participación en asuntos de gestión hídrica relacionados con el entorno del Páramo de Sumapaz reabren el debate sobre quién decide sobre el agua y los ecosistemas estratégicos.
Así, cabe preguntar: ¿puede la dependencia en defensa y vigilancia abrir nuevas puertas a la intervención empresarial sobre territorios, agua, minerales, biodiversidad e infraestructura crítica? ¿Qué negocios se mueven detrás de estas alianzas y quién captura el valor de nuestros bienes estratégicos?
La disputa no es solo tecnológica o militar: también es una disputa sobre soberanía y sobre el futuro de los territorios. En una América Latina rica en agua, minerales, biodiversidad y energía, convertir la seguridad en puerta de entrada para nuevas dependencias puede limitar el margen de decisión de los Estados y de las comunidades sobre sus bienes comunes.
La soberanía de los pueblos sobre sus territorios no puede ser el costo oculto de ninguna alianza.
