El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso inmediato a sus depósitos. La decisión se produjo después de que el Partido Colorado, al que pertenece el mandatario, retirara su respaldo y anunciara que apoyaría el pedido de destitución impulsado en el Congreso.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", afirmó Peña en un vídeo publicado en su cuenta de X. El mandatario señaló que su prioridad es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".
Tras su renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana queda al frente del Ejecutivo, en un momento de incertidumbre política y financiera para el país sudamericano.
La salida del mandatario se produjo después de que la cúpula del Partido Colorado anunciara este jueves que respaldaría el pedido de destitución en el Congreso. De este modo, Peña perdió el apoyo de la formación política que lo llevó al poder, mientras la oposición avanzaba con la iniciativa de juicio político contra el presidente y su vicepresidente.
Economista de profesión, Peña llegó a la Presidencia en agosto de 2023 como candidato del Partido Colorado, una de las principales fuerzas políticas del país, que ha gobernado Paraguay durante gran parte de su historia reciente. Antes de asumir el cargo, fue ministro de Hacienda entre 2015 y 2017, durante el Gobierno de Horacio Cartes, y trabajó en el Banco Central del Paraguay y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su mandato debía extenderse hasta 2028, pero la crisis bancaria precipitó su salida anticipada del poder.
La intervención de Ueno Bank desencadena una crisis financiera y política
El origen de la crisis se remonta al martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. Como consecuencia, el organismo dispuso el cierre de la entidad y la suspensión inmediata de sus operaciones.
La medida dejó a casi tres millones de clientes sin posibilidad de utilizar sus cuentas, tarjetas o realizar transferencias a través de la aplicación bancaria. La magnitud del problema se explica por el peso de Ueno Bank en el sistema financiero paraguayo: la entidad contaba con alrededor de tres millones de clientes, equivalentes al 60% de la población adulta de un país de poco más de seis millones de habitantes.
Además, el banco administraba más de 800 millones de dólares en fondos públicos, incluidos alrededor de 380 millones correspondientes al Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las pensiones de los trabajadores paraguayos. Por tanto, las consecuencias de la intervención no se limitaron a los ahorros particulares, sino que también afectaron a recursos vinculados al sistema de previsión social.
En paralelo, la Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos de Ueno Bank, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, quien se entregó a la Policía el martes. Asimismo, la intervención provocó la salida de Carlos Carvallo de la presidencia del Banco Central, organismo que había dirigido desde su nombramiento por parte de Peña.
La crisis también puso bajo escrutinio los vínculos del mandatario con la entidad financiera. Peña tenía acciones en un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, aunque se desvinculó de su participación en 2025. A esta situación se sumó el nombramiento de Carvallo como presidente del Banco Central en 2023, después de haber dirigido la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido.
En este contexto, la oposición acusó al Gobierno de adoptar decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank y de concentrar fondos públicos y previsionales en la entidad. Estos señalamientos alimentaron las acusaciones de posibles conflictos de intereses y se convirtieron en uno de los principales argumentos para impulsar un juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.
Ante el deterioro de la situación, el presidente había pedido "serenidad" a la población y anunciado medidas para acelerar la devolución de los depósitos. En concreto, promulgó una ley aprobada por el Congreso que establecía un mecanismo para facilitar que los ahorristas recuperaran parte de sus fondos en el menor tiempo posible.
Por su parte, el Banco Central anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.675 dólares, para los clientes afectados. La normativa establecía que los desembolsos debían realizarse en los siguientes cinco días hábiles, aunque no despejaba la incertidumbre sobre la devolución del resto de los depósitos.
Asimismo, Peña designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central, junto con dos integrantes de su directorio. Sin embargo, estas medidas no consiguieron frenar la presión política ni evitar la renuncia del mandatario.
Protestas en Asunción para exigir la devolución de los ahorros
Mientras se desarrollaba la crisis bancaria, cientos de personas salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de sus depósitos. Las protestas comenzaron el martes frente a las sucursales de Ueno Bank y continuaron durante la noche del miércoles, con consignas como "devuelvan nuestra plata" y "juicio a Santi Peña".
Las movilizaciones del miércoles terminaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los participantes. Entre los afectados había ahorristas que denunciaban haber perdido el acceso a los recursos acumulados durante años y reclamaban respuestas sobre el futuro de su dinero.
