Kazim AlamAntes de la COP31 en la ciudad turística turca de Antalya, donde los líderes de 196 países debatirán en noviembre sus políticas para enfrentar la crisis climática, un nuevo volumen académico sobre los desafíos medioambientales ha defendido con fuerza la jurisprudencia islámica, una de las fuentes legales más antiguas del mundo que el marco climático internacional ha ignorado hasta ahora.
La publicación, la primera de su tipo y lanzada recientemente por Cambridge University Press, “El manual de Cambridge sobre el Islam y el derecho ambiental (“The Cambridge Handbook of Islam and Environmental Law”) recopila 14 siglos de pensamiento jurídico islámico sobre la custodia ambiental, la gestión de recursos y la gobernanza ecológica.
Nida B. Ahmad, coeditora del manual y profesora de Derecho en la Universidad Barry, en Estados Unidos, explicó a TRT World que la tradición islámica no es solo un patrimonio cultural, sino una fuente práctica de soluciones que el régimen climático global ha pasado por alto sistemáticamente durante décadas.
“El derecho climático internacional tiene un canon escrito en lenguas de Europa occidental por instituciones que reflejan supuestos jurídicos occidentales, y esa historia excluyó tradiciones desarrolladas fuera de ese marco”, afirmó.
Los otros coeditores de esta publicación histórica son Saba Kareemi, Erum K. Sattar y Oluwakemi A. Ayanleye.
“Lo que hace el manual es visibilizar esa exclusión (del derecho islámico del régimen climático global) y aportar el material jurisprudencial necesario para corregirla”, señaló Ahmad.
Las comunidades que soportan las mayores cargas climáticas son, de manera desproporcionada, musulmanas, pertenecen al Sur Global y son las menos responsables de las emisiones que impulsan la crisis, sostuvo.
Según los editores del manual, la acción climática es principalmente una cuestión de justicia, una cuestión que la tradición jurídica islámica lleva siglos abordando.
Ahmad explicó que los 1.400 años de jurisprudencia islámica han producido precisamente las herramientas que necesita la gobernanza climática: obligaciones vinculantes de custodia (khilafa) que conectan a las generaciones presentes con las futuras, sistemas comunitarios de gestión de recursos como el hima, que protegían ecosistemas sin lógica de mercado, marcos equitativos de derechos sobre el agua basados en la justicia y, más recientemente, litigios constitucionales en Pakistán que han convertido la degradación ambiental en una violación de la dignidad humana.
Sin embargo, estas herramientas de gobernanza han permanecido en gran medida fuera del canon climático dominante producido en lenguas occidentales.
Ahmad destacó que el papel de Türkiye como anfitrión de la COP31 este año hace que esa brecha sea “políticamente visible por primera vez”.
Militarismo y su impacto ambiental
El Fondo de Pérdidas y Daños, un mecanismo global de financiación climática destinado a ayudar a países vulnerables en desarrollo a recuperarse de los daños causados por la crisis climática, fue acordado en la COP27 en Sharm el-Sheikh y puesto en funcionamiento en la COP28 en Dubai.
Sin embargo, el fondo sigue estando enormemente infrafinanciado en relación con la magnitud de los daños ya sufridos por las naciones vulnerables.
Una dimensión de ese daño que recibe poca atención en los cálculos internacionales es la destrucción ambiental causada por el militarismo.
En uno de los capítulos del manual, titulado “Militarismo, emisiones climáticas y ética ambiental islámica: una perspectiva transnacional sobre desmilitarización y justicia ecológica”, Ahmad documenta cómo las guerras generan enormes emisiones de gases de efecto invernadero que “siguen siendo en gran medida invisibles en las negociaciones climáticas internacionales”.
Su exclusión se debe a “decisiones políticas deliberadas” que eximen específicamente las emisiones militares de los requisitos de reporte en los principales acuerdos climáticos internacionales.
“La guerra destruye la infraestructura ambiental de la que dependen las comunidades para sobrevivir, como sistemas de agua, tierras agrícolas y la estabilidad del suelo, en lugares que ya soportaban cargas climáticas desproporcionadas antes de que cayera la primera bomba”, explicó Ahmad.
“Iraq, Gaza y Afganistán tienen poblaciones musulmanas cuyos entornos han sido degradados por décadas de actividad militar que no eligieron ni provocaron”, añadió.
Ahmad señaló casos específicos detallados en el manual.
En Iraq, guerras sucesivas transformaron las marismas mesopotámicas —el mayor ecosistema de humedales de Oriente Medio— en tierras áridas.
En Gaza, Israel ha lanzado cientos de toneladas de explosivos equivalentes a al menos seis bombas atómicas “del tamaño de Hiroshima” desde octubre de 2023.
Los repetidos bombardeos israelíes han destruido instalaciones de aguas residuales, infraestructura solar y tierras agrícolas, creando lo que el capítulo describe como una “zona de desastre ecológico artificial”.
De forma similar, el material militar abandonado en Afganistán libera toxinas en el suelo y las aguas subterráneas, mientras que la deforestación causada por la guerra ha dejado valles sin cobertura vegetal, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
Todos estos son efectos estructurales, y no colaterales, insiste Ahmad.
Una violación moral del equilibrio divinamente ordenado
La ética ambiental islámica se niega a considerar la destrucción ambiental como un costo aceptable de la seguridad, afirmó Ahmad.
Su argumento se basa en tres principios. El primero es khilafa, o custodia, que considera a los seres humanos como responsables del cuidado de la Tierra.
El segundo es mizan, o equilibrio, que interpreta la alteración ecológica como una violación moral de la armonía establecida por Dios.
Y el tercero es adl, o justicia, que exige que la carga de la destrucción ecológica no recaiga sistemáticamente sobre las mismas poblaciones.
“La guerra tal como se practica actualmente viola los tres principios simultáneamente”, sostuvo Ahmad.
“Esto significa que la desmilitarización no es un argumento de estudios de paz añadido a la política climática. Es una consecuencia directa de principios vigentes en la jurisprudencia islámica desde hace 14 siglos”, afirmó.
La exención de emisiones militares en el Acuerdo de París existe porque las mayores potencias militares del mundo se negaron a someter sus sectores de defensa a mecanismos obligatorios de rendición de cuentas.
“La exención fue una condición para participar”, dijo Ahmad, añadiendo que la ética ambiental islámica rechaza la premisa que la produce.
“Khilafa no reconoce ninguna categoría de actividad humana exenta de responsabilidad por sus consecuencias ambientales. Mizan funciona como un principio absoluto dentro del marco coránico, no como una norma flexible que cede cuando intervienen intereses estatales”, explicó.
Otros capítulos de las 344 páginas del manual analizan temas como las raíces medievales del sistema de conservación hima en la gestión comunitaria de recursos, la flexibilidad de la ley territorial hanafí como posible remedio frente al desplazamiento rural y las leyes ambientales clásicas sobre costas y mares que regulaban aguas compartidas.
Casos constitucionales pakistaníes analizados en el volumen ya han traducido principios islámicos de dignidad en derechos ambientales exigibles legalmente.
En conjunto, el manual busca demostrar que la jurisprudencia islámica sobre el medio ambiente no consiste simplemente en ideas abstractas del pasado distante. Más bien, el conjunto de leyes ambientales islámicas constituye herramientas probadas y perfeccionadas durante siglos en distintas jurisdicciones.
Ahmad afirmó que la pregunta para los líderes mundiales que se reunirán en Türkiye es si las instituciones internacionales finalmente tratarán la tradición islámica como una fuente de derecho y no simplemente como un “telón de fondo cultural”.
“Los países que se reunirán en Antalya están soportando los costos ambientales de conflictos iniciados en gran medida por los mismos Estados que introdujeron la exención en el acuerdo”, concluyó.
