Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Desde hace poco más de un mes, miles de personas mantienen bloqueadas las principales carreteras del país y salen a las calles para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en una crisis que ha comenzado a afectar todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Los efectos son visibles en gran parte del país. En La Paz y en la vecina ciudad de El Alto, largas filas de vehículos esperan durante horas para repostar combustible, los precios de algunos alimentos se han disparado y los hospitales enfrentan dificultades para abastecerse de medicamentos. Mientras tanto, el Gobierno denuncia intentos de desestabilización, la oposición cuestiona su gestión y la comunidad internacional sigue con preocupación la evolución del conflicto.
Cabe recordar que el Parlamento derogó una ley vigente desde 2020 que limitaba la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna, y el Ejecutivo impulsó un proyecto para ampliar las atribuciones de las fuerzas de seguridad.
De la crisis económica a las calles
Detrás de las protestas se encuentra una combinación de factores económicos, políticos y sociales que han desembocado en la mayor crisis que enfrenta el país desde la llegada al poder de Rodrigo Paz en diciembre de 2025.
El actual mandatario, un dirigente de centroderecha, puso fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política que dominó Bolivia bajo los mandatos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Durante años, el Estado boliviano mantuvo un sistema de subsidios que permitía vender combustible a precios inferiores a los del mercado internacional. Para sostener esa política, el Gobierno asumía gran parte de los costos.
Según la administración de Paz, las reservas del país quedaron seriamente debilitadas tras años de mantener ese esquema. Por ello, poco después de asumir el poder, Paz eliminó los subsidios.
La medida provocó un aumento de los costos de transporte y contribuyó al encarecimiento de numerosos productos básicos. Los manifestantes rechazan las reformas impulsadas por el nuevo Gobierno y denuncian la falta de resultados para revertir la crisis económica.
Lo que comenzó como una protesta contra el encarecimiento del costo de vida y la escasez de combustible fue adquiriendo una dimensión cada vez mayor hasta transformarse en una crisis política de gran escala.
Un país paralizado por los bloqueos
Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo y son encabezados por la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y sectores afines al expresidente Evo Morales.
Aunque las reivindicaciones iniciales estuvieron vinculadas a la situación económica, los líderes de las movilizaciones sostienen que su "única demanda" es ahora la renuncia de Paz.
Las medidas de presión afectaron primero a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, dos de los principales centros políticos y económicos del país. Sin embargo, con el paso de las semanas se extendieron a ocho de los nueve departamentos de Bolivia, donde persisten al menos un centenar de puntos de bloqueo que dificultan el transporte de mercancías y combustible.
Las consecuencias comienzan a sentirse en la vida cotidiana de millones de bolivianos. En La Paz y El Alto, los precios de la carne y las verduras se han duplicado en algunos mercados, mientras largas filas de vehículos se forman a las puertas de las estaciones de servicio.
Los hospitales también enfrentan dificultades para abastecerse de medicamentos, una situación que aumenta la preocupación entre la población.
"No más bloqueos. Estamos cansados de pagar tanto por nuestros alimentos", lamentó Eva Mallea, una comerciante de 56 años, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.
Ya se reportan muertos
A medida que la crisis se prolonga, también aumenta el costo humano del conflicto. Las protestas y los bloqueos ya dejan al menos nueve fallecidos.
Este martes se conocieron dos nuevas muertes vinculadas indirectamente a los cortes de carreteras. Una paciente oncológica de 24 años falleció cuando era trasladada desde la ciudad andina de Oruro hasta La Paz para recibir tratamiento de radioterapia.
Según explicó la responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro, Paola Navarro, la ambulancia tuvo que desviarse por rutas alternativas debido a los bloqueos, lo que retrasó el traslado y agravó el estado de la joven.
También murió un conductor de transporte pesado que había permanecido atrapado durante 32 días en uno de los puntos de bloqueo. El hombre, residente en Cochabamba, regresaba de un viaje al exterior para importar mercancías cuando quedó varado en las carreteras y comenzó a sufrir problemas de salud.
"Ha llegado cerca de La Paz, ha rogado (para que le permitan pasar), incluso le querían quitar la mercadería. Él ha rogado, avanzó un tramo, pero después ahí se ha quedado, ya no tenía tampoco dinero", relató entre lágrimas su esposa, Zulema Ramos, a medios locales.
Ambos casos se suman a los siete fallecimientos registrados previamente por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y mencionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su preocupación por la "escalada" del conflicto e instó tanto al Gobierno como a los sectores movilizados a "priorizar el diálogo".
De las siete muertes reportadas por la Defensoría desde el inicio del conflicto, cuatro estuvieron relacionadas con la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, una ocurrió por un disparo de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo y otras dos correspondieron a personas movilizadas, sin que se precisaran las circunstancias de sus fallecimientos.
La CIDH recordó que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación política. Sin embargo, también advirtió que los bloqueos prolongados de carreteras pueden generar graves afectaciones a otros derechos fundamentales, especialmente el acceso a la salud, la alimentación y la libre circulación.
Una factura de miles de millones de dólares
La crisis también está dejando una profunda huella económica. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) calcula que las pérdidas acumuladas ascienden a unos 2.100 millones de dólares, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comerciantes y trabajadores independientes.
Uno de los sectores más golpeados es el turismo. Según datos del Ministerio de Turismo, las pérdidas alcanzan los 1.230 millones de dólares, en medio de cancelaciones de viajes, interrupciones en las rutas de transporte y una creciente preocupación por el deterioro de la imagen internacional del país.
La paralización de las principales vías de comunicación también ha afectado las cadenas de suministro, dificultando el transporte de alimentos, combustibles y productos básicos hacia los principales centros urbanos.
Paz amenaza con el Estado de excepción
La escalada del conflicto ha llevado al Gobierno boliviano a endurecer su postura frente a las protestas.
La posibilidad de declarar un estado de excepción comenzó a tomar forma después de que las primeras movilizaciones derivaran en enfrentamientos con la Policía y saqueos de oficinas públicas y privadas, principalmente en La Paz.
En medio de la creciente tensión, el Parlamento derogó una ley vigente desde 2020 que limitaba la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo presentó un proyecto para ampliar las atribuciones de las fuerzas de seguridad, una iniciativa que ya fue aprobada por el Senado.
El presidente denunció que detrás de las movilizaciones actúan "narcoterroristas" y lanzó una dura advertencia durante un acto celebrado en el palacio de gobierno junto a sus ministros y a los altos mandos militares y policiales.
"A los violentos, a los narcoterroristas (...), sus días están contados. Vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución", afirmó.
La crisis ya tiene repercusiones regionales
La crisis boliviana también ha comenzado a tener repercusiones fuera de sus fronteras.
Los gobiernos que integran el denominado Escudo de Las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos, expresaron su respaldo a Paz y denunciaron un supuesto intento de "derrocar" al Gobierno mediante protestas que, según sostienen, estarían financiadas con "dinero ilícito proveniente del narcotráfico".
Al mismo tiempo, varios países vecinos han comenzado a enviar ayuda para paliar los efectos del desabastecimiento provocado por los bloqueos.
Argentina despachó aviones de carga para reforzar el puente aéreo establecido entre distintas regiones del país y las ciudades de La Paz y El Alto.
Chile también anunció nuevos envíos de asistencia humanitaria. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que Santiago prepara un nuevo cargamento de ayuda para las próximas semanas con el objetivo de aliviar la falta de productos esenciales.
"Estamos decididos a seguir cooperando. Vamos a enviar nueva ayuda. Esperamos que en el mes de junio", declaró el canciller. "Estamos en permanente diálogo con nuestros hermanos de Bolivia", agregó.
A finales de mayo, Chile ya había enviado a La Paz un avión Hércules de la Fuerza Aérea cargado con 480 cajas de alimentos, suficientes para abastecer temporalmente a cientos de familias afectadas por la crisis.
La tensión también ha tenido consecuencias diplomáticas. Hace unas semanas, el Gobierno de Paz expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, después de considerar como una "injerencia" unas declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre el conflicto interno que atraviesa Bolivia.
