María Fernanda Padilla Quevedo“Lo que quedó abajo se deja abajo”, recuerda Patricia Suárez que le repetía su abuelo, un mayor del pueblo originario murui, en medio la Amazonía colombiana. “Decía que si se saca el combustible o el petróleo de la tierra, comenzarían a salir las enfermedades de la piel por los animales ‘rasquiñosos’ que viven debajo, y también se afectaría el equilibrio del planeta”, le cuenta a TRT Español esta lideresa indígena de Colombia.
En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, las palabras de Suárez, quien es una de las más de 2.000 personas del pueblo Murui Muina en el país, toman especial relevancia ante el giro político en la región.
Los nuevos gobiernos de Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú han prometido una expansión en la explotación de hidrocarburos, vinculando técnicas como el fracking o fracturamiento hidráulico, así como mayor extracción de minerales estratégicos, mientras plantean flexibilizar parte de la regulación ambiental en aras de desarrollar esos proyectos y atraer inversión internacional.
Este cambio contrasta con el foco de la discusión latinoamericana durante el cuatrienio anterior, cuando distintos gobiernos impulsaron la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y el fortalecimiento de las salvaguardas ambientales. En Colombia, el ahora expresidente Gustavo Petro frenó nuevos proyectos petrolíferos, y Gabriel Boric, en Chile, cerró termoeléctricas que funcionaban a base de carbón. Además, promovieron el Acuerdo de Escazú, un tratado para proteger a defensores del ambiente.
Según el centro Ember, en 2025, América Latina y el Caribe generaron el 65% de su electricidad a partir de fuentes limpias, en especial por las energías eólica y solar. Esto fue impulsado por un crecimiento rápido de esas fuentes en la región en los últimos cinco años, principalmente en Chile, Uruguay y Brasil, concluye Ember.
Para los pueblos indígenas amazónicos, unidos en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), los recientes cambios políticos en Latinoamérica han llevado a los territorios a enfrentar una doble presión: el renovado impulso al petróleo y el gas, por un lado, y el aumento de la demanda mundial de minerales para la transición energética por el otro, explica Suárez, quien también se desempeña como secretaria de la Comisión Nacional para la Protección y Prevención de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento de Colombia.
Las cifras reflejan esa tensión regional. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe creció un 6,4% en 2025, impulsado principalmente por el aumento de las ventas de oro, cobre y plata.
Al mismo tiempo, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) estima que la región aportó el 11% de la producción mundial de petróleo y gas para ese mismo año. En paralelo, destaca que las energías renovables continúan ganando espacio; la eólica representó el 12, % de la generación eléctrica y la solar el 5,1%.
Para las organizaciones de la Coica, el desafío no consiste únicamente en abandonar los combustibles fósiles, sino en evitar que la transición hacia energías limpias no reproduzca la misma explotación que históricamente ha afectado a sus comunidades.
“Son ciclos de bonanza con los que saquean el territorio”, lamenta Suárez. “Ahorita estamos hablando de combustibles, después van a venir los minerales de transición y, seguramente, luego va a ser el tema de los pagos por servicios ambientales. Así se va generando un círculo de bonanzas que terminan afectando nuestra vida”.
La transición llega con más fósiles
Distintos gobiernos de América Latina, como Colombia, México, Brasil y Perú, buscan garantizar su soberanía energética a partir de los recursos naturales en sus territorios. Frente a ese panorama, han planteado ampliar la exploración y explotación de hidrocarburos, al tiempo que buscan aprovechar el auge de los minerales críticos para las nuevas tecnologías.
Esa estrategia ha reabierto el debate clave sobre el papel de los combustibles fósiles durante la transición energética. Mientras la industria sostiene que el gas puede servir como un “combustible puente” hacia una matriz más limpia, organizaciones indígenas y ambientales advierten que mantener la extracción de combustibles fósiles puede profundizar y diversificar los impactos.
La incursión del fracking en la región
En Colombia, una de las principales apuestas del nuevo gobierno es abrir la puerta al fracking. Esta técnica consiste en extraer petróleo y gas a través de la inyección de agua y arena a presión para romper la piedra madre que contiene las reservas de combustibles fósiles. Los gobiernos de México y Ecuador ya han comenzado a implementar proyectos por esa vía.
“Es posible producir gas para descarbonizar sectores como el transporte o el industrial, que todavía utilizan carbón o fueloil. Los países deberían aprovechar ese potencial para cumplir rápidamente con metas internacionales en materia de cambio climático y calidad del aire”, dice Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). “Esto mientras hay mayor oferta de energías renovables de fuentes eólica, solar, biogás o biometano”, agrega.
El principal laboratorio de esa estrategia en América Latina es Vaca Muerta, en Argentina. Desde hace 14 años, ese yacimiento de hidrocarburos no convencionales se ha convertido en un referente para la industria energética regional. Actualmente, el presidente argentino Javier Milei ha logrado aumentar en un 28% la producción de petróleo en ese campo de fracking e incluso impulsó la oferta de gas de la región en un 21%.
Según datos de YPF, la principal empresa energética de Argentina, se registró una rentabilidad récord, con un EBITDA ajustado de US 1.594 millones, un 28% más que en el primer trimestre de 2025. Las proyecciones estimadas son de 1,5 millones de barriles diarios hacia 2030, como establece una lla Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), difundida por S&P Global. Esto representaría 29.000 millones de dólares anuales.
Pero las poblaciones que viven cerca de Vaca Muerta tienen otro balance. Lorena Bravo es una lideresa de la comunidad indígena mapuche Lof Campo Maripe. Le dice a TRT Español que su pueblo ha sido testigo directo de los impactos de esa técnica: contaminación del agua, aumento de los sismos, afectaciones en sus casas, encarcelamiento a líderes que se oponen a la expansión del fracking y pozos que, según cuenta, avanzan sobre sus territorios sin consulta con su pueblo.
“Desde que se instaló el fracking hasta ahora ha sido una constante invasión y regresión en nuestros derechos. Para el gobierno somos un obstáculo frente al desarrollo de esta actividad”, lamenta Bravo.
“Es totalmente negativo el impacto que recibimos porque no hay control ambiental por parte del Estado y las ganancias locales no alcanzan a abastecer de infraestructura y los empleos. No somos el mejor ejemplo para otros lugares, donde esta práctica nociva se quiere instalar”, afirma.
El extractivismo verde
Sobre los minerales estratégicos para la transición energética, la Amazonía y la región de Gran Atacama –que abarca Argentina, Bolivia y Chile– son los principales focos para la extracción de estos. Sin embargo, países como Brasil, Colombia, México y Perú también cuentan con yacimientos de tierras raras, níquel, cobre y estaño, entre otros, según datos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
La demanda mundial de minerales críticos seguirá aumentando en las próximas décadas. De acuerdo con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, el consumo de litio se quintuplicará hacia 2040, mientras que el de grafito y níquel se duplicará. La demanda de cobalto y de tierras raras crecerá entre un 50% y un 60%, y la del cobre aumentará cerca de un 30% para ese mismo año.
Los principales mercados para esos minerales son China, Estados Unidos y Europa, donde se usan esos materiales para la fabricación de baterías, la infraestructura para la inteligencia artificial y sostenimiento de sistemas de cómputo, entre otras tecnologías.
Ante la importancia de América Latina para suplir esa demanda creciente, gobiernos como el de Javier Milei en Argentina, el de José Antonio Kast en Chile y el de Rodrigo Paz en Bolivia han firmado acuerdos con Estados Unidos para que pueda acceder a estos y atraer otros inversores a sus países.
Frente a este impulso extractivo, Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica de la iniciativa por un Tratado sobre Combustibles Fósiles, alerta que se van a generar nuevas “zonas de sacrificio”.
“El mapa de esos minerales es distinto a lo que veíamos con los combustibles fósiles. Como estas zonas antes no se habían tocado, ahora sí ocurrirá y se afectarán regiones fundamentales como la amazónica, en la que está la máxima representación de la biodiversidad del mundo”, dice a TRT Español.
Una transición energética planificada
Patricia Suárez llevó el llamado de sus hermanos a la discusión de pueblos indígenas en la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles: ningún proyecto extractivo ni de transición energética puede hacerse sin su voz.
Para los pueblos originarios es necesario que los gobiernos garanticen el consentimiento previo, libre e informado, así como el derecho a decir que no. “Estamos tan degradados territorialmente que toca comenzar a poner en la agenda el derecho a decir que no en este contexto de crisis climática”, recuerda.
Suárez y Bravo coinciden en que a medida que avanzan los proyectos extractivos en sus territorios, se tiende a desconocer el sistema de gobierno indígena y su pertenencia a las tierras ancestrales. Por eso reclaman que las zonas donde habitan sean excluidas de cualquier forma de extractivismo, y que los gobiernos cumplan con las metas de biodiversidad y cambio climático.
A su vez, Suárez destaca que los proyectos de transición deben ir junto al fortalecimiento comunitario. “Las fuerzas se nos están acabando y estamos solos. El financiamiento debe fortalecer los procesos territoriales de los pueblos indígenas para que en algún momento podamos vivir tranquilos”, agrega.
Por su parte, Andrés Gómez plantea la necesidad de pensar la transición energética de forma integral. Propone que no solo se hable de extractivismo y cambios de tecnologías sino de justicia económica y redistribución energética con las comunidades.
Al final, para Patricia Suárez el debate de fondo es la forma en la que el mundo continuará relacionándose con la naturaleza. Para el pueblo Murui, concluye, no es solo una forma de entender el territorio, sino una condición para mantener el equilibrio de la vida.
“El ser creador dejó el territorio ordenado. Lo que está en el subsuelo también ayuda a conectar y a dar vida. Las aguas que corren por debajo sostiene la madre tierra y los minerales también tienen una razón para complementar el equilibrio.” concluye. “¿Cómo vamos a sacarle la sangre a la madre tierra?”.
