A las puertas de una nueva sesión de la Asamblea General de la ONU, Washington vuelve a poner límites a la presencia palestina en territorio estadounidense. Palestina rechazó la decisión de Estados Unidos de extender las restricciones de visado contra funcionarios de la Autoridad Palestina y miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), una medida que calificó de “injustificada” y que, según Ramala, dificulta los esfuerzos para reconstruir la confianza y avanzar hacia una solución de dos Estados.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino señaló este jueves que las restricciones contradicen los esfuerzos para mejorar las relaciones entre Palestina y Estados Unidos y para crear las condiciones políticas necesarias para la paz y la estabilidad en la región.
En este sentido, la OLP y la Autoridad Palestina reiteraron su compromiso con la paz, la legitimidad internacional y una solución de dos Estados basada en las fronteras del 4 de junio de 1967, “con Palestina e Israel viviendo uno al lado del otro en seguridad y paz”.
Sin embargo, el principal punto de fricción vuelve a estar en el papel de las instituciones internacionales. Palestina rechazó el argumento de Washington de que su recurso a Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) perjudica las posibilidades de paz.
Por el contrario, Ramala sostiene que acudir a estos organismos y al derecho internacional constituye una vía legítima y pacífica para defender los derechos palestinos. Desde esa perspectiva, el ministerio subrayó que estas acciones no pueden equipararse con la ocupación, la expansión de asentamientos ilegales, la anexión, el desplazamiento o la violencia ejercida por las fuerzas israelíes y los colonos.
Las reformas palestinas, en el centro del desacuerdo
Más allá de la cuestión diplomática, el intercambio deja al descubierto otro desacuerdo: el de las reformas que Washington reclama a la parte palestina.
El Ministerio de Exteriores expresó su sorpresa porque el comunicado estadounidense no mencionara lo que describió como “importantes reformas” emprendidas por la Autoridad Palestina. Entre ellas citó cambios en el sistema de protección social y reformas en los ámbitos financiero, administrativo, educativo y jurídico.
Al mismo tiempo, el ministerio defendió que el reconocimiento internacional del Estado de Palestina no pretende sustituir las negociaciones. Lo presentó, en cambio, como un reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y como un respaldo a una paz justa basada en la solución de dos Estados.
Desde la perspectiva palestina, las restricciones contra sus funcionarios tampoco contribuyen a ese objetivo. “Las medidas punitivas y las restricciones no promueven la paz ni combaten la violencia”, afirmó el ministerio, sino que “debilitan al socio palestino comprometido con una solución política”.
A esta preocupación se suma la cuestión de la participación palestina en Naciones Unidas. Ramala advirtió de que cualquier medida que impida la participación plena de su delegación en las reuniones de la organización vulneraría sus derechos y entraría en conflicto con las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión, en virtud del Acuerdo relativo a la Sede.
Washington mantiene la presión
La versión estadounidense es distinta. Un día antes, el Departamento de Estado anunció que prolongaría las restricciones de visado que impiden la entrada al país de miembros de la OLP y funcionarios de la Autoridad Palestina.
Según Washington, la decisión responde al incumplimiento de determinados compromisos establecidos por la legislación estadounidense, después de que el Departamento de Estado informara de ello al Congreso.
Entre los argumentos esgrimidos figuran las actuaciones palestinas ante organismos internacionales y lo que Estados Unidos describe como intentos de “internacionalizar el conflicto israelí-palestino” mediante la CPI y la CIJ.
Además, Washington acusa a la OLP y a la Autoridad Palestina de no haber llevado a cabo las reformas exigidas y de mantener actividades que, según el Departamento de Estado, perjudican las perspectivas de paz.
Las autoridades estadounidenses no precisaron qué funcionarios quedarán afectados por las restricciones. Sí mantuvieron, no obstante, una exención para el personal de la misión observadora de la OLP ante Naciones Unidas.
Asimismo, Washington señaló los esfuerzos palestinos por “eludir las negociaciones mediante la búsqueda de un reconocimiento unilateral”. También acusó a la OLP y a la Autoridad Palestina de mantener pagos de subsidios que, según Estados Unidos, benefician a personas implicadas en ataques contra israelíes, además de acusarlas de glorificar el terrorismo.
“Como consecuencia de su falta de reformas... Estados Unidos extenderá las sanciones que deniegan visados a miembros de la OLP y funcionarios de la Autoridad Palestina”, afirmó el Departamento de Estado.
Una disputa que llega a Nueva York
Con ambas partes manteniendo posiciones enfrentadas, la disputa llega ahora a las puertas de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, que comenzará la próxima semana y reunirá en Nueva York a líderes y delegaciones de todo el mundo.
No es, además, la primera vez que Washington adopta una medida de este tipo. El año pasado, Estados Unidos denegó o revocó los visados de funcionarios de la OLP y de la Autoridad Palestina, aunque la misión palestina obtuvo entonces exenciones al amparo del Acuerdo relativo a la Sede de Naciones Unidas.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, no pudo viajar a Nueva York y tuvo que intervenir ante la Asamblea General por videoconferencia.
Ahora, un año después, las restricciones vuelven a situarse en el centro de la relación entre Washington y Ramala justo cuando la diplomacia internacional vuelve a concentrar sus miradas en Naciones Unidas.
