La campaña por reforzar la seguridad en Chile, que promueve el presidente José Antonio Kast, ha dado un paso más firme con la reciente propuesta para reformar la Constitución, bajo el argumento de combatir el crimen organizado. La medida busca ampliar las facultades del Ejecutivo y plantea un nuevo estado de excepción de hasta ocho meses ante "amenazas graves", que restringiría los derechos de circulación y reunión. Por su magnitud, ya ha generado cuestionamientos entre expertos y parlamentarios de distintos sectores.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió que la reforma está pensada para "intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado, que es de difícil penetración, donde necesitamos algunas facultades extraordinarias", según declaró la semana pasada en el programa Tolerancia Cero, de la cadena CNN Chile.
Por su parte, Kast ha buscado desvincular la iniciativa de un debate más amplio sobre la Constitución. "Hoy día no estamos discutiendo la Constitución. Estamos discutiendo una pequeña reforma a la Constitución que ha pasado por dos procesos constituyentes", afirmó. "Y nos dicen: ‘Usted sí quiere seguir modificando la Constitución’. No, queremos mejorar la seguridad", añadió.
¿Qué propone exactamente?
La reforma comenzará a discutirse a inicios de septiembre y forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
En total, el gobierno propone ocho modificaciones a la Constitución. El punto central es la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública que el presidente podría decretar ante una "amenaza grave e inminente contra la seguridad pública".
La medida podría mantenerse durante 240 días, es decir, ocho meses, sin autorización del Congreso. Eventuales extensiones posteriores sí deberían contar con el aval del Legislativo.
Durante su vigencia, el mandatario podría suspender o restringir la libre circulación de las personas y los derechos de reunión y asociación, además de intervenir las comunicaciones de los ciudadanos.
La propuesta también permitiría interceptar comunicaciones y documentos sin autorización judicial en las zonas o barrios sometidos a la medida, y ampliaría las facultades de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública.
Otro de los cambios contempla la creación de una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas. El Ejecutivo podría declarar que una determinada agrupación pertenece a alguna de esas categorías.
No obstante, en tal caso necesitaría un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional que respalde la calificación, y luego la declaración será votada en el Senado, en sesión secreta, con dos tercios del quórum necesarios para su aprobación.
¿Por qué genera críticas y polémica?
Los principales cuestionamientos se concentran en la duración y el alcance del nuevo estado de excepción, así como en las facultades que quedarían en manos del Ejecutivo durante su aplicación.
Uno de los reparos es que algunas de las herramientas contempladas son propias del estado de asamblea, destinado en Chile a casos de guerra exterior. Los expertos plantean además dudas sobre las circunstancias que permitirían al presidente decretarlo. La propuesta habla de una "amenaza grave e inminente", en lugar de un hecho concreto como ocurre con otros estados de excepción, por ejemplo, ante una catástrofe.
"Ni siquiera durante el estallido social de 2019 el expresidente Sebastián Piñera declaró el estado de sitio, sino el estado de emergencia, algo mucho más que lo que se propone ahora", dijo a la agencia de noticias EFE el experto en seguridad de la Universidad de Santiago, Jorge Araya.
Diego Pardo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, advirtió a EFE que se "tensiona el principio democrático" con toda reforma "que concentre poder en el Ejecutivo sin los contrapesos temporales y parlamentarios adecuados".
Desde la oposición, el expresidente Gabriel Boric pidió adoptar "una posición clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena".
Ante estos cuestionamientos, Kast defendió esta semana su respeto por las instituciones democráticas. "¿En algún momento, quien habla no ha respetado los resultados electorales, lo que ha dicho la ciudadanía en un ejercicio democrático? No", afirmó. "¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado o que he abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No", añadió.
Las diferencias, sin embargo, no se limitan a la oposición. La propuesta también ha generado reparos dentro del partido gobernante y entre parlamentarios de derecha, algunos de los cuales ya anticiparon que buscarán introducir modificaciones durante su discusión en el Congreso.
Un giro regional hacia la “mano dura” en seguridad, bajo el ala de EE.UU.
La reforma de Kast llega en medio de un giro regional hacia políticas de seguridad más duras, y mientras Estados Unidos ha situado el combate contra el narcotráfico, los carteles y el crimen transnacional entre sus prioridades para América Latina.
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reforzado esa agenda. Su gobierno abrió la vía para designar a determinados carteles como organizaciones terroristas extranjeras y, en marzo de 2026, reafirmó como objetivo el desmantelamiento de carteles y organizaciones consideradas terroristas en el hemisferio occidental.
Una de las expresiones de esta estrategia es el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Trump para reforzar la cooperación regional contra los carteles. Kast participó en marzo en su cumbre inaugural en Florida, cuando todavía era presidente electo de Chile. En este marco también se inscribe la Coalición contra los Carteles de las Américas, una alianza liderada por Washington que busca coordinar fuerzas, compartir inteligencia y avanzar en operaciones contra organizaciones criminales transnacionales. Este mes representantes de Chile participaron junto a otros países de la región en un encuentro de la coalición en Panamá.
La participación chilena en estas iniciativas coincide con una mayor sintonía entre Santiago y Washington. Kast ha estrechado sus vínculos con Trump y respaldado aspectos de su política exterior, en momentos en que la Casa Blanca ha dado mayor peso a América Latina dentro de su agenda de seguridad.
Pero Washington no es la única referencia. En paralelo, el modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ganado influencia, así como las políticas y propuestas más duras en Ecuador, Perú y Colombia.
El propio gobierno chileno ha reconocido que observa experiencias extranjeras. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, indicó que el modelo salvadoreño debe ser analizado por sus resultados frente al crimen, y señaló que Chile también estudia medidas aplicadas en otros países, entre ellos Estados Unidos.
