El accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en el municipio de Urda, en la provincia española de Toledo, dejó 69 muertos tras la colisión de un tren Alvia, que conecta distintas ciudades del país mediante servicios de larga distancia, y un tren de la compañía privada Iryo. Tras varios días de labores forenses, las autoridades han confirmado que todas las víctimas mortales han sido identificadas y sus familias notificadas, mientras el Gobierno español anuncia ayudas económicas para los afectados y medidas para reforzar la seguridad de la alta velocidad.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado la identificación de las 69 personas fallecidas, según el balance provisional difundido este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID). El organismo, constituido tras la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, ha confirmado que el número de fallecidos se mantiene en 69.
Del total de víctimas, 54 eran de nacionalidad española y 15 eran ciudadanos extranjeros. El balance establece que 40 de los fallecidos eran hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad. Entre las víctimas extranjeras figuran cuatro ciudadanos estadounidenses, dos australianos, dos japoneses y uno de cada una de las siguientes nacionalidades: argentina, canadiense, checa, francesa, mexicana, portuguesa y tunecina.
Las autoridades han notificado ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y, en el caso de los ciudadanos extranjeros, a las oficinas consulares correspondientes. Además, el CID ha informado de que 55 de los cuerpos ya se encuentran a disposición de sus familiares, mientras que las labores forenses se han desarrollado con el mayor rigor y celeridad posibles.
Para identificar a las víctimas, los equipos forenses han recurrido principalmente a las huellas dactilares y a los análisis genéticos. En concreto, 56 de las identificaciones se han realizado mediante huellas dactilares, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, mientras que las 13 restantes se han completado mediante pruebas de ADN realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología.
Este último organismo ha trabajado en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que también se ha encargado del análisis de ADN de los familiares que habían denunciado las desapariciones. De esta manera, las autoridades han podido completar el proceso de identificación de todas las personas fallecidas en el accidente.
El Gobierno aprueba 30 millones de euros en ayudas para las víctimas
Mientras concluyen las labores de identificación, el Gobierno español ha aprobado un paquete de ayudas de 30 millones de euros destinado a los afectados por el accidente ferroviario de Urda y sus familiares. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto ley que contempla ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de las eventuales compensaciones por responsabilidad civil.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que el mecanismo sigue un modelo similar al aplicado tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, en enero pasado. Según ha señalado, el objetivo es proporcionar no solo apoyo material, sino también certidumbre a los afectados, que "no pueden esperar a que finalicen los procedimientos administrativos y judiciales para recibir el apoyo económico que necesitan".
El decreto establece un régimen extraordinario de ayudas directas, complementario a las indemnizaciones que correspondan. Estas prestaciones serán no reembolsables, estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones. Las cuantías previstas ascienden a 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.400 y 84.141 euros por lesiones, en función de su gravedad.
A estas cantidades se suman anticipos de las eventuales indemnizaciones por responsabilidad civil, por los mismos importes que las ayudas directas. Puente ha precisado que los afectados no tendrán que devolver la diferencia si la indemnización definitiva resulta inferior al anticipo recibido, una medida con la que el Ejecutivo busca agilizar la asistencia económica a las víctimas y sus familiares.
Protección laboral y atención integral a las familias
El paquete aprobado por el Gobierno contempla también medidas extraordinarias de protección en materia de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por el accidente. En este sentido, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos, lo que permitirá recibir la prestación desde el primer día y por una cuantía superior a la correspondiente a las contingencias comunes.
Esta consideración se aplicará asimismo a las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como a la prestación por incapacidad permanente parcial, cuando resulte más beneficiosa para el afectado. Además, la protección se reconocerá de oficio y con efectos retroactivos, según ha detallado el ministro de Transportes.
En el caso de las personas incluidas en el régimen de clases pasivas del Estado, las pensiones por jubilación por incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de familiares derivadas del accidente tendrán una mayor cuantía cuando resulte más favorable la aplicación del régimen de pensiones extraordinarias. De este modo, el Ejecutivo busca ampliar la protección económica de quienes hayan sufrido las consecuencias del siniestro.
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado la creación de oficinas de atención integral a las víctimas del accidente ferroviario, que se desplegarán a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Estos espacios ayudarán a los afectados a solicitar y tramitar las ayudas, mientras que quienes no puedan desplazarse recibirán atención en sus propios domicilios mediante el programa "La administración cerca de ti".
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido que el objetivo es garantizar que las ayudas lleguen "pronto" y que los afectados "se sientan acompañados por el Gobierno" durante el duelo, "en cada trámite y en la búsqueda de respuestas". La atención a las familias, ha subrayado, forma parte de la respuesta institucional al accidente.
El Gobierno anuncia un plan para reforzar la seguridad de la alta velocidad
Además de las ayudas económicas, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan para reforzar la seguridad de la alta velocidad ferroviaria tras el accidente de Urda. Las medidas contemplan cambios operativos, mejoras tecnológicas y un refuerzo de los recursos humanos, con el objetivo de recuperar la confianza en el sistema ferroviario.
Entre las principales actuaciones figura una reducción temporal de las frecuencias de la línea Madrid-Sevilla, aunque sin disminuir el número de plazas disponibles para los pasajeros. Esta medida se mantendrá hasta completar el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS, una tecnología destinada a mejorar la supervisión y la seguridad de la circulación de los trenes.
El plan incluye también una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. A ello se sumará una doble validación en los centros de control para reforzar los procedimientos operativos, además de un incremento de las plantillas encargadas de supervisar el funcionamiento del sistema ferroviario.
En el ámbito tecnológico, el Ejecutivo prevé desarrollar un software que incorpore alertas automáticas y mejore la presentación visual de la información. El objetivo es facilitar la identificación de la posición de los trenes y del estado de las vías, al tiempo que se incorporarán herramientas de inteligencia artificial y gemelos digitales para supervisar el funcionamiento del sistema y anticiparse a posibles escenarios de riesgo.
Estudian nuevas medidas de seguridad en los trenes
El plan contempla asimismo la elaboración de un estudio técnico con expertos independientes para evaluar la introducción de nuevas medidas de seguridad pasiva en los coches ferroviarios. Entre las opciones que se analizarán figura el rediseño de los espacios destinados al equipaje, con el objetivo de reducir los riesgos para los pasajeros en caso de accidente.
Sin embargo, el Gobierno ha descartado la instalación de cinturones de seguridad en los trenes al considerar que podrían representar un riesgo durante las evacuaciones. La decisión se enmarca en el análisis de las medidas que podrían mejorar la protección de los pasajeros sin dificultar la salida de los coches en caso de emergencia.
Por otra parte, Puente ha anunciado que se ha solicitado autorización judicial para reiniciar los trabajos de reconstrucción de las vías en el lugar donde se produjo la colisión entre el Alvia y el Iryo. Aunque los daños afectan a algo más de 40 metros de infraestructura, las actuaciones se extenderán por un entorno de aproximadamente 400 metros por razones de prudencia.
El ministro ha calculado que el tráfico ferroviario podría reanudarse en un plazo aproximado de diez días desde que se obtenga la autorización judicial necesaria para iniciar los trabajos. La recuperación de la circulación dependerá, por tanto, de la autorización y de la finalización de las actuaciones previstas en el tramo afectado. El ministro se ha referido también a la situación de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, cuya infraestructura tiene previsto iniciar obras de renovación en 2027. La intervención se enmarca en los planes de mejora de la red ferroviaria, aunque todavía no se ha definido cómo se desarrollarán los trabajos.
Puente ha aclarado que aún no existe una decisión definitiva, pero ha señalado que el Gobierno se inclina por compatibilizar las obras con el funcionamiento de la línea, en lugar de proceder a un cierre total del tráfico ferroviario. La decisión final deberá determinar cómo se ejecutan las actuaciones sin interrumpir por completo el servicio.
El Gobierno descarta la dimisión de Óscar Puente
Por otro lado, el accidente ferroviario de Urda ha intensificado las críticas políticas contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya dimisión reclaman distintas formaciones políticas. Sin embargo, el Gobierno ha asegurado que el ministro no va a dimitir ni será cesado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Puente ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha afirmado que puede entender las peticiones de dimisión formuladas por personas como la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, pero no las procedentes del Partido Popular ni de su líder, Alberto Núñez Feijóo.
El Ejecutivo también descarta que el ministro vaya a renunciar a concurrir a las elecciones del próximo 29 de noviembre como número uno de la lista del PSOE por Valladolid. Según las fuentes gubernamentales, esa candidatura no está en cuestión y la prioridad actual del ministro es continuar al frente de las actuaciones relacionadas con el accidente.
El Gobierno sostiene que la manera de asumir la responsabilidad institucional tras el accidente es que el ministro continúe al frente de las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y recuperar la confianza en la alta velocidad. Según las fuentes gubernamentales, existe el convencimiento de que Puente es quien mejor puede hacerse cargo de la situación, aportar información y coordinar las medidas necesarias para reforzar la seguridad ferroviaria.
El Ejecutivo insiste en que el ministro no tuvo responsabilidad en el accidente, ni por acción ni por omisión, y considera que la decisión de mantenerlo en el cargo responde a la necesidad de garantizar una respuesta institucional. Las mismas fuentes han señalado que, ante una situación de estas características, los ciudadanos esperan que sus dirigentes se hagan cargo de los problemas, reaccionen y estén a la altura de las instituciones.
Respecto a la posibilidad de que Puente participe en la campaña electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre, el Gobierno ha subrayado que su prioridad actual es continuar al frente de todas las actuaciones relacionadas con el accidente de Urda. El ministro ha anunciado medidas para reforzar la seguridad de la alta velocidad que, en su mayoría, deberían implementarse después de las elecciones.
