Las denuncias contra petroleras que operan en las Islas Malvinas se acumulan en Argentina. El Gobierno del presidente, Javier Milei, informó este martes que ya abrió 60 procedimientos administrativos y presentó denuncias penales contra 10 compañías y sus directivos. Además de anticipar que las acciones se ampliarán a más firmas.
En el centro de la disputa está el polémico proyecto Sea Lion. Justamente, también este martes, un fiscal imputó a directivos y accionistas de las dos petroleras que lo impulsan: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Las acciones coinciden con la publicación por parte del Reino Unido de una guía oficial titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, que provocó una fuerte respuesta de Buenos Aires. El documento busca dar certezas a las empresas interesadas en operar en el archipiélago frente a las medidas impulsadas por Argentina.
Decenas de advertencias
En ese contexto, además de los 60 procedimientos administrativos mencionados, el Gobierno de Milei informó que envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países. En el plano penal, presentó hasta ahora tres denuncias que alcanzan a 10 compañías y sus directivos.
“Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a más compañías”, anunció el portavoz presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada este martes.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las medidas apuntan a empresas involucradas en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.
Ante el avance de esas operaciones, el gobierno aseguró que “profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos”.
Foco en Sea Lion y la israelí Navitas Petroleum
Buena parte de la atención está puesta en Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y que prevé comenzar a extraer crudo en 2028.
Precisamente, este martes el fiscal federal Carlos Stornelli, a partir de la demanda del ministerio, imputó a directivos y accionistas de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration que operan el proyecto, según informó el diario argentino Clarín.
De acuerdo con fuentes judiciales, algunos de los delitos que podrían investigarse contemplan en total penas de más de 20 años de prisión, además de sanciones económicas y decomisos, aunque la eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante la investigación.
La medida se habría basado en que las operaciones eran realizadas sin autorización nacional y mediante el usufructo de una licencia ilegítima de exploración de hidrocarburos otorgada por autoridades británicas establecidas en las Islas Malvinas.
Rechazo a la guía publicada por Londres
La tensión escaló por la publicación desde el Reino Unido de una guía titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”.
El documento, divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí.
“Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas Falkland. La legislación interna argentina no se aplica dentro de las islas Falkland”, afirma la guía. El gobierno británico señaló además que las islas “han sido administradas de manera pacífica y eficaz por Reino Unido desde 1833, salvo por una breve interrupción en 1982”.
Argentina respondió con su “más enérgico rechazo”. El Ministerio de Exteriores señaló que el Reino Unido “pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas” en el archipiélago. También reafirmó que las Malvinas y los espacios marítimos circundantes forman parte de su territorio y se encuentran “ilegítimamente ocupados” por el Reino Unido desde 1833.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, sostuvo el ministerio.
Base militar en el extremo sur vigilará recursos y soberanía
En paralelo a las acciones contra las petroleras, el Gobierno confirmó que la futura base naval integrada que proyecta construir en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, tendrá entre sus objetivos reforzar la vigilancia de los recursos naturales y la soberanía argentina en el Atlántico sur.
Aunque Milei presentó la base como uno de sus proyectos estrella en materia de defensa, la iniciativa no es nueva. Se trata de la reactivación de un proyecto anunciado originalmente en 2022, durante el Gobierno del entonces presidente Alberto Fernández, y que posteriormente quedó en suspenso tras el ajuste presupuestario aplicado por el actual gobierno.
La base “incorporará funciones logísticas relevantes, será un punto estratégico para la proyección argentina al Atlántico sur, que permitirá vigilar y controlar recursos naturales y a nuestra soberanía”, según dijo el portavoz este martes.
Ubicada en Ushuaia, a unos 700 kilómetros de las Malvinas, la instalación también brindará apoyo logístico a las operaciones argentinas en la Antártida y reforzará las capacidades navales y aéreas.
El proyecto contempla además la construcción de muelles comerciales y civiles para impulsar la actividad económica de la región. Según el portavoz presidencial, la base tendrá también “un papel importante” en la protección de objetivos estratégicos del sur argentino, entre ellos Vaca Muerta, el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país.
