Una semana después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, la crisis sigue golpeando especialmente a los menores. Más de 1.300 niños que cruzaron solos desde Marruecos permanecen bajo tutela de las autoridades de España, que intentan encontrarles alojamiento en medio de un sistema de acogida desbordado.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, informó este viernes que la Policía Nacional ha registrado hasta el momento a 1.342 niños y niñas en el sistema de acogida de Ceuta, una cifra que podría aumentar a medida que avance el proceso de identificación.
Rego, que viajó a la ciudad autónoma para reunirse con autoridades y organizaciones sociales, reconoció que la situación es "compleja y muy complicada" debido al volumen de llegadas y al desborde de los centros de acogida.
Según la agencia de noticias AFP, cientos de niños afrontan dificultades para acceder a alimentos, agua y alojamiento.
Ahora bien, por su condición de menores no acompañados, los niños no pueden ser devueltos a Marruecos y deben quedar bajo tutela de las autoridades españolas. Ante esta situación, el gobierno prepara su traslado a otras comunidades autónomas, un proceso que podría comenzar en "pocas semanas".
Para ello, el Ministerio de Juventud e Infancia habilitará una partida presupuestaria para financiar la acogida "solidaria y vinculante" de los menores. La próxima semana se convocará una Comisión Sectorial de Infancia y, para finales de agosto, una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas.
"La intención es habilitar esa partida con carácter urgente y comenzar con la acogida en la península de estos menores en coordinación con el resto de comunidades autónomas", explicó Rego.
Además, desde el 16 de agosto un equipo técnico del Ministerio permanecerá en Ceuta para acelerar los procedimientos de identificación y acogida. Mientras tanto, las autoridades habilitaron este viernes un segundo colegio público para alojar a menores y trabajan en la apertura de nuevos espacios.
La distribución se realizará bajo el mecanismo establecido tras la reforma de la Ley de Extranjería, que contempla un reparto "solidario y vinculante" de menores migrantes entre las comunidades autónomas, con una referencia de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
De las cerca de 72.000 personas que entraron en Ceuta durante la crisis, unas 70.000 regresaron a Marruecos, según cifras oficiales españolas.
Las autoridades españolas reportaron 80 muertos durante los cruces, mientras que el Ministerio del Interior de Marruecos informó de 11 fallecidos en su lado de la frontera, todos excepto uno por ahogamiento.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales en Marruecos elevaron este viernes el balance a por lo menos 141 muertos y advirtieron que la cifra podría seguir aumentando.
Rego también se refirió al balance durante su visita a Ceuta y expresó su "profundo dolor" por la pérdida de "más de 140 vidas, de seres humanos tratando de llegar a Ceuta". La ministra aseguró además que el gobierno mantendrá su "máximo compromiso" con los menores que permanecen bajo tutela de las autoridades españolas.
España impone controles fronterizos con Italia tras tensión
En paralelo, continúa la disputa entre España e Italia por las consecuencias de la crisis migratoria. Madrid anunció este viernes controles fronterizos temporales para los viajeros procedentes de Italia, en respuesta a las restricciones impuestas por Roma tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
Los controles españoles comenzarán a aplicarse desde este sábado y se mantendrán hasta el 7 de septiembre, indicó el Ministerio del Interior, que argumentó que la medida es por la "persistente presión migratoria irregular" que afronta Italia, después de que el gobierno español advirtiera que respondería con "medidas proporcionales".
Italia había suspendido parcialmente la aplicación del Acuerdo de Schengen y establecido controles en puntos de entrada marítimos y aéreos para ciudadanos de terceros países que lleguen desde España.
Pese a la medida de Madrid, el gobierno italiano rechazó este viernes dar marcha atrás. "No tenemos intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto", señaló Roma en un comunicado.
Italia sostuvo que "no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras" y justificó las restricciones como una medida necesaria para proteger la seguridad de sus ciudadanos y "defender las fronteras de Europa".
España, por su parte, considera la decisión italiana injustificada y contraria a los principios de libre circulación dentro del espacio Schengen.
