El primer día de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia estuvo marcado por dos ataques con explosivos en distintos puntos del país, que dejaron al menos un policía muerto y varias personas heridas. Mientras, el nuevo gobierno puso en marcha sus primeras medidas y operaciones en materia de seguridad.
Los hechos ocurrieron apenas un día después de la investidura del mandatario en Cali, donde De la Espriella había delineado una política de mayor presión contra los grupos armados y les había advertido que “tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.
Las explosiones en Cauca y Cesar, junto con las primeras operaciones militares del nuevo gobierno, volvieron a poner en primer plano uno de los principales desafíos que enfrenta la nueva administración: la violencia de los grupos armados que afecta al país.
Explosión en una de las principales carreteras del país
El primero de los ataques se registró en el municipio de Santander de Quilichao, en una carretera que conecta los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde un vehículo cargado con explosivos destruyó un peaje en construcción sobre la vía Panamericana.
Dos vigilantes que custodiaban la infraestructura sufrieron heridas leves. Según el reporte del Ejército, uno de los guardias en el sitio relató que una persona abandonó el vehículo en el lugar y luego huyó en una motocicleta antes de la detonación.
Información preliminar de las autoridades apunta a grupos disidentes de las FARC vinculados a Dagoberto Ramos y Jaime Martínez como responsables.
La explosión ocurrió en una zona especialmente sensible para el nuevo gobierno. La vía afectada conduce hacia Valle del Cauca, cuya capital, Cali, había recibido apenas un día antes la ceremonia de investidura presidencial.
Tras asumir el cargo, De la Espriella encabezó allí el primer consejo de seguridad de su Gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante el encuentro se decidió coordinar a la fuerza pública para “ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”.
Las fuerzas militares habían desplegado 11.000 uniformados para garantizar la seguridad durante la investidura, mientras las autoridades prohibieron el sobrevuelo de drones en Cali y municipios cercanos debido al uso de estos aparatos por parte de grupos armados para lanzar explosivos.
Días antes, además, la Policía había interceptado en el vecino departamento del Cauca un vehículo que transportaba 400 kilos de explosivos de fabricación artesanal. Las autoridades sospechaban que el material tenía como destino Cali, una ciudad de 2,2 millones de habitantes.
Muere policía en explosión de drones
Asimismo, durante la madrugada del sábado, otro hecho violento se produjo en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia.
Un policía murió en un ataque con drones cargados de explosivos contra una estación policial, según informó la institución.
Hasta ahora, las autoridades no han señalado qué grupo estaría detrás del ataque. De la Espriella aseguró que el crimen “no quedará impune”.
Ahora bien, estos episodios no representan un fenómeno nuevo, ni hay indicios al momento que señalen una relación directa con la llegada del nuevo presidente: Colombia atraviesa desde hace tiempo una escalada de violencia protagonizada por distintos grupos armados, incluidas disidencias antiguo grupo rebelde de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Incluso, el uso de explosivos ya había golpeado al país pocos días antes de su investidura. El pasado 1 de agosto, un camión cargado con explosivos fue detonado junto a una estación policial en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.
El ataque, atribuido por las fuerzas militares al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó 14 heridos: once policías y tres civiles. Según las autoridades, durante el hecho explotaron unos 15 artefactos y dos de los uniformados quedaron en estado crítico.
Las primeras operaciones del nuevo gobierno
En paralelo a los ataques, las Fuerzas Militares llevaron a cabo este sábado sus primeras operaciones bajo el Gobierno de De la Espriella.
En el departamento del Meta, en el este del país, el Ejército capturó a alias “Bonito”, señalado por el Ejército como el “segundo cabecilla” de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC que opera entre Colombia y Ecuador.
Horas antes, tropas del Ejército abatieron en el sureste del país a alias Alexis Perdomo, identificado como un mando relevante de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, según la agencia de noticias AP.
El gobierno también anunció el traslado a prisiones de máxima seguridad de 117 presos de “alto perfil” que se encontraban detenidos en una cárcel en las afueras de Medellín y habían participado en los diálogos de paz impulsados por el expresidente Gustavo Petro.
De la Espriella afirmó que estos reclusos continuaban “delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario, que más bien es una discoteca”. La cárcel había quedado en el centro de una polémica nacional en abril, después de que se conociera la celebración de una fiesta con música en vivo en su interior. “Eso en la era del Tigre se acabó”, afirmó el presidente, en referencia al apodo que utilizó durante su campaña.
Las primeras decisiones están en línea con una de las principales promesas de De la Espriella: intensificar las acciones contra los grupos armados, dejando de lado un diálogo que, según dice, considera “agotado”.
