¿Son las órdenes de arresto sobre Gaza ante la CPI políticas o justas?

Siete meses después de que Israel lanzara su brutal agresión contra Gaza, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por haber cometido crímenes de guerra contra los palestinos.

Sin embargo, junto a estos dos halcones de la guerra israelí, el fiscal también acusó a tres líderes de Hamás: el jefe del grupo en Gaza, Yahya Sinwar; el comandante de su militar, las Brigadas Qassam, Mohammed Deif, y el jefe de su oficina política, Ismail Haniyeh.

El fiscal Khan señaló que había motivos razonables para creer que los cinco hombres "tienen responsabilidades penales" por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Israel y Gaza.

Si la sala de la CPI decide emitir la orden --que Khan describió en una entrevista como "fidelidad a la justicia"--, esta podría representar el principio del procesamiento de más personas involucradas en los atroces crímenes que se han presenciado en Gaza durante meses.

Sin embargo, también podría resultar insuficiente para restaurar la fe del público en el derecho internacional, “pues presenta un panorama mixto de política manipuladora entrelazada con la aplicación del derecho”, destaca Richard Falk, profesor emérito de Derecho y Práctica Internacional en la Universidad de Princeton.

Evaluación desequilibrada, falta de evidencia

Lo que se ha revelado públicamente hasta el momento no es el texto completo de la solicitud, sino una declaración de la oficina del fiscal Khan, que proporciona un resumen conciso sobre qué aspectos de la actual agresión de Israel contra Gaza se examinarán como crímenes contra la humanidad y qué aspectos simplemente se ignorarán.

El documento destaca los rehenes que tomó Hamás y los israelíes que murieron durante el ataque de del 7 de octubre, sin mencionar la pérdida de decenas de miles de vidas palestinas a manos de las fuerzas israelíes. Según las estimaciones más recientes, Israel ha matado al menos a 40.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños.

Para los observadores regionales, este planteamiento busca trazar un paralelo entre Hamás y el estado de Israel: un paralelo que es intrínsecamente inexacto y sesgado, pues a Israel se le considera una de las potencias militares más fuertes de Medio Oriente, mientras que Hamás sigue siendo un grupo de resistencia pobremente equipado que opera en Gaza, un lugar sometido durante décadas a uno de los peores bloqueos económicos de la historia moderna.

Este intento por crear una impresión de equivalencia entre las partes es lo que hace que la solicitud resulte “una evaluación desequilibrada de los delitos relevantes de los actores”, explica el profesor Falk a TRT World.

Al no proporcionar una visión adecuada de los crímenes cometidos por Israel antes del 7 de octubre, el fiscal cae en la trampa --intencional o no-- de lo que los medios de comunicación han intentado retratar: que el proceso histórico que condujo al reciente y sangriento conflicto es de alguna manera innecesario, o al menos irrelevante.

Excluye “el contexto de opresión” y el hecho de que Gaza ha estado sometida al castigo colectivo a través del estricto bloqueo durante 17 años, explica Falk.

El enfoque de la solicitud para las órdenes de arresto no sólo omite un contexto crucial sino que también plantea dudas sobre la exactitud de las afirmaciones acerca de lo que sucedió el 7 de octubre.

El hecho de que nunca se haya abierto una investigación oficial sobre los acontecimientos de ese día para determinar si las acusaciones criminales y las atrocidades fueron realmente perpetradas o si formaban parte de la propaganda estatal de Israel, conduce a deficiencias en la solicitud, añade el profesor emérito de Princeton.

“Faltan pruebas convincentes y los relatos periodísticos contribuyen a generar un escepticismo significativo respecto de la exactitud de la caracterización o descripción del 7 de octubre”, destaca.

Resulta especialmente preocupante que la oficina de Karim Khan decidiera incluir las acusaciones de violación de rehenes israelíes por parte de combatientes de Hamás, ya que estos señalamientos, reportados por los medios de comunicación israelíes, se han recibido con escepticismo mundial y se han refutado múltiples veces por relatos desde el terreno.

La declaración de la oficina del fiscal indica que “hay motivos razonables para creer que a los rehenes tomados de Israel los han mantenido en condiciones inhumanas, y que algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida la violación, mientras estaban en cautiverio”.

El fiscal ahora reunirá un panel de expertos en derecho internacional para revisar las pruebas y el análisis legal relacionados con la solicitud.

No se menciona genocidio

La primera orden de arresto por crímenes de guerra en Gaza no se fundamenta en el delito de genocidio, que varias organizaciones y expertos de derechos humanos, incluida la ONU, creen que se ha cometido en el enclave.

En cambio, se centra en otras violaciones graves del derecho internacional, como someter a hambruna hasta el punto de la muerte o causar grandes sufrimientos y lesiones.

Falk subraya que se trata de una omisión muy sopresiva y añade que el más grave de todos los delitos no son los específicos que ennumera el fiscal, sino justamente el que no menciona.

"Es deficiente en aspectos importantes, quizás más notablemente porque evita lo que está claro incluso para personas sin formación jurídica en todo el mundo: que esto es un genocidio".

Calificando este hecho como una "deficiencia importante", Falk cree que la descripción ignorante de lo que está sucediendo y que ni siquiera se haya intentado explicar por qué no incluyeron la percepción común de genocidio puede considerarse como una distorsión de la realidad. Algo que, advierte, es más peligroso que presentar a Hamás como un mayor criminal que Israel.

La CPI tiene competencia sobre el genocidio en virtud del artículo 6 de su Estatuto de Roma fundacional, que reitera los términos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

¿Hay esperanza todavía?

Aunque no es del todo justo, se espera que este esfuerzo inaugural para responsabilizar a los perpetradores de un genocidio contemporáneo tenga repercusiones más allá del ámbito legal.

Etiquetar a los ministros de Israel como criminales de guerra podría socavar las afirmaciones de legitimidad de la actual administración israelí. Así que la decisión de la CPI sigue siendo un acontecimiento prometedor y muy esperado para algunos.

"Me hubiera gustado que esto hubiera sido mucho antes, pero no es demasiado tarde", señala Neve Gordon, profesor de derechos humanos en la Universidad Queen Mary de Londres.

“Hace años que queremos que estos fiscales soliciten órdenes de arresto, pero venir y decir que hoy es demasiado tarde sería un error”, dijo el académico israelí a TRT World.

Karim Khan y la CPI enfrentan furiosas amenazas de funcionarios israelíes y estadounidenses. De hecho, Netanyahu calificó a la CPI de "una institución paria" por buscar las órdenes de arresto.

"Queda claro con los senadores estadounidenses que abogan por sanciones contra la CPI, contra Karim Khan y contra su familia, que esto representa un hito importante", dice Gordon. "Eso significa que Khan tocó una fibra sensible".

Si se emiten las órdenes de arresto, los 124 estados que forman parte del Estatuto de Roma deberán detener a los individuos y entregarlos a la Corte Penal Internacional si ingresan a sus territorios, lo que podría resultar en prohibiciones de viaje para Netanyahu y su ministro de Defensa.

Además, si un nuevo gobierno israelí opta por cooperar con la CPI como Estado no parte, podría conducir potencialmente a su encarcelamiento en su propio país.

Los líderes de Hamás probablemente están menos preocupados por estas órdenes en comparación a la constante amenaza de muerte que reciben a través de las acciones selectivas de Israel, con ubicaciones seguras limitadas debido a que están en listas terroristas, según Richard Falk.

En lo que coinciden los expertos es en que, independientemente de que se emitan o no estas órdenes de arresto, las conversaciones en torno a ellas influirán inevitablemente en la opinión pública, lo que podría conducir a un cambio a lo largo de generaciones, o incluso proteger a los dos millones de habitantes vulnerables de Gaza del actual ataque y crisis humanitaria que enfrentan.

“El éxito, desde mi punto de vista, no depende de victorias legales aquí. Tengo una fe mínima en la ley como medio de emancipación, ya sea para los palestinos o para cualquier otro grupo”, sostiene Gordon.

“Para mí, el éxito reside principalmente en formar la opinión pública. Se trata de influir en los corazones y las mentes, poniendo otro ladrillo en las bases del cambio”.