Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: 10 años de dolor y búsqueda en México

“¿Dónde están? ¡Vivos los queremos!”, como una oración, esa consigna se ha repetido incansablemente por 10 años en México: es el clamor por encontrar respuestas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Ha pasado exactamente una década, y los familiares de “Los 43” todavía buscan piezas de un rompecabezas que no encaja del todo. El caso, que sacudió al país y marcó su memoria colectiva, todavía no se esclarece completamente. Lo han rodeado silencios, omisiones y enigmas todos estos años. Pero las familias no ceden en un territorio que tiene aproximadamente 115.000 desaparecidos y contando.

“La desaparición de 43 estudiantes normalistas reveló que vivimos en un país lleno de fosas clandestinas, de personas desaparecidas, de familias que buscan a lo largo y ancho de nuestro país”, señaló Omar García, sobreviviente del caso Ayotzinapa, en una entrevista exclusiva con TRT Español.

“Ser un sobreviviente es complejo. Se siente culpa por haber sobrevivido… que se nos acuse solo porque sobrevivimos, de que no pudimos hacer algo por el resto de nuestros compañeros”, añade.

¿Qué sucedió la noche del 26 de septiembre?

El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa viajó a Iguala. Pero, en medio de la noche, el rastro de 43 de ellos se perdió. La versión oficial indicó en ese entonces que fueron entregados a un grupo criminal y asesinados, pero este relato fue cuestionado por investigaciones independientes que revelaron inconsistencias y encubrimientos.

El Gobierno del presidente de ese momento, Enrique Peña Nieto, señaló que el grupo de estudiantes fue atacado por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel local, los Guerreros Unidos, mientras intentaban abordar autobuses para asistir a una protesta.

Según esa versión, los cuerpos fueron incinerados en una gran hoguera en un vertedero y sus cenizas fueron arrojadas a un río, tras haber sido “confundidos con miembros de una pandilla rival”. Sin embargo, uno de los sobrevivientes, sostiene que hubo fuerzas del orden involucradas.

“Nosotros estuvimos presentes en el lugar de los hechos, y sabemos que fueron policías municipales quienes se los llevaron”, sostiene Omar García. “Ayotzinapa no se tiene que olvidar porque no se trata de números, no se trata de cifras, se trata de personas. Se trata de cualquiera de nosotros. Se trata de saber que a todos nos podría pasar”, añade.

Las dudas sobre el caso

Investigaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía de años posteriores y una Comisión de la Verdad creada en 2019 revelaron que esta versión oficial era una construcción que se basó en declaraciones falsas, obtenidas bajo tortura y evidencia manipulada.

Estas investigaciones desmintieron la versión sobre la incineración de los cuerpos en el basurero y señalaron que altos funcionarios plantaron fragmentos de hueso en el río para corroborar su relato. Además, se descubrió que esa noche del 26 se había llevado a cabo un extenso operativo en el que participaron no solo miembros de Guerreros Unidos, sino también policías locales, estatales y federales.

Investigaciones posteriores sugirieron que algunos miembros del ejército estaban involucrados en el contrabando de heroína desde las montañas de Guerrero hacia Estados Unidos, y los fiscales que investigaron el caso afirmaron que la decisión de ocultar la verdad se tomó en los niveles más altos del gobierno.

La lucha de las familias

Hasta la fecha, las familias de los estudiantes desaparecidos siguen sin obtener respuestas concretas sobre su paradero. Clemente Rodríguez, padre de uno de los desaparecidos, sigue escéptico acerca de la versión oficial y duda de que su hijo esté muerto.

Christian Rodríguez, su hijo, era un muchacho alto al que le encantaba la danza folklórica. Desde entonces, cada día 26, de cada los meses, durante estos 10 años, sus padres Clemente Rodríguez y Luz María Telumbra, junto con otras familias emprenden un largo viaje en autobús hasta la capital, Ciudad de México, para exigir respuestas.

“Es duro, muy duro”, exclamó Clemente Rodríguez.

Las familias no dan un solo paso atrás en su lucha por pedir justicia. También señalan que la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para esclarecer la verdad. Para ellas, si el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera que se trató de “un crimen de Estado”, este debería revelar qué ocurrió realmente y quién está encubriendo la información.

¿Alguien ha rendido cuentas?

Aunque más de 100 personas fueron detenidas y varias procesadas, nadie ha sido condenado. Al cierre de la legislatura anterior, los tribunales mexicanos detectaron errores graves y casos de tortura en la investigación, lo que permitió la liberación de muchos implicados, algunos de los cuales han sido recapturados

El exfiscal general Jesús Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, es el imputado de mayor relevancia. Además, 16 militares, en su mayoría bajo arresto domiciliario a la espera de juicio, lo que generó indignación entre las familias de los estudiantes.

El pulso con el presidente López Obrador

López Obrador había prometido encontrar a los estudiantes y hacer que los responsables rindieran cuentas. Sin embargo, en 2022, mientras cada vez más pruebas apuntaban a la participación de los militares en el ataque y el encubrimiento, el tono del gobierno cambió.

El presidente había ordenado a los militares que abrieran sus archivos a los investigadores, pero eso no sucedió.

El fiscal que dirigía la investigación, Omar García Trejo, fue retirado de sus funciones repentinamente después de haber solicitado órdenes de captura para más de 20 de militares y reemplazado por otro fiscal que no estaba familiarizado con el caso.

También hubo una creciente presión política para mostrar resultados, según explicó Santiago Aguirre, uno de los abogados de las familias. El gobierno presentó algunas pruebas que no parecían provenir de fuentes confiables y las búsquedas del gobierno se descuidaron.

El caso que impulsan las familias

Los abogados destacan que aún no se han realizado detenciones clave, incluida la del exfuncionario Tomás Zerón, quien encabezó la investigación bajo el Gobierno de Peña Nieto. Zerón aparece en videos interrogando y amenazando a detenidos, y actualmente se encuentra en Israel, país que ha rechazado la solicitud de extradición presentada por México.

Asimismo, los abogados exigen acceso a los archivos de inteligencia militar relacionados con los hechos de esa noche, a los que aún no han podido acceder.

También piden una mayor cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha procesado a miembros de Guerreros Unidos en casos de narcotráfico, los cuales revelarían vínculos con el Ejército mexicano.

Ni un paso atrás

A finales de agosto, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos se reunieron por última vez con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejará el cargo a finales de este mes.

Durante el encuentro, Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes, expresó su frustración: “En este momento, este gobierno es tan opaco como el de Enrique Peña Nieto. Ha tratado de burlarse de nosotros al ocultar información, proteger al Ejército e insultar a nuestros abogados”.

A pesar de las críticas, López Obrador ha insistido en que su administración ha hecho todo lo posible por esclarecer el caso, citando decenas de arrestos.

Sin embargo, ha minimizado el papel de los militares en el asunto. En el pasado, el presidente describió el secuestro de los estudiantes como un “crimen de Estado”, señalando la complicidad de las autoridades locales, estatales y federales, así como del ejército.

En julio, las familias se reunieron con Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el 1 de octubre. Sin embargo, Sheinbaum no ofreció promesas ni compromisos concretos sobre la búsqueda de justicia.

A pesar de la desilusión, Rodríguez y otros padres están decididos a continuar la lucha. “Durante estos 10 años hemos aprendido mucho sobre la ofuscación y la mentira”, afirmó Rodríguez. “Las altas autoridades militares y gubernamentales tienen las respuestas”, concluyó, reafirmando su determinación de seguir buscando justicia.

“Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no son sólo un número. Son hijos, son hermanos, son primos, son amigos”, añadió Omar, superviviente de Ayotzinapa entrevistado por TRT Español.