Nicaragua ha vuelto a ocupar titulares internacionales tras la nueva propuesta de reforma constitucional promovida por el presidente del país, Daniel Ortega. El proyecto plantea ampliar el mandato presidencial de seis a siete años y prohibir que personas consideradas "golpistas" o "traidores a la patria" puedan presentarse a elecciones, entre otras modificaciones. La iniciativa, que alteraría aspectos clave del sistema político del país, ha provocado críticas de la oposición y preocupación en parte de la comunidad internacional. 

La propuesta fue remitida esta semana a la Asamblea Nacional, donde el gobierno tiene mayoría, y está previsto que sea discutida en septiembre. Aunque el texto completo aún no ha sido difundido, las autoridades ya han adelantado sus principales líneas.

En este contexto, la copresidenta Rosario Murillo explicó que la propuesta fue compartida con el cuerpo diplomático y aseguró que antes de su aprobación también habrá consultas con distintos sectores de la sociedad nicaragüense.

Estas son las principales modificaciones planteadas por el gobierno y las razones por las que han suscitado controversia.

Restricción para "golpistas" y "traidores a la patria"

Uno de los cambios centrales que figuran en la propuesta enviada a la Asamblea impediría concurrir a elecciones a quienes sean declarados "golpistas", "traidores a la patria" o personas que atenten contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua.

El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, defendió la iniciativa al asegurar que "los golpistas, los traidores a la patria, los que atenten contra la independencia y soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, los que violan la Constitución, ninguno de esos puede tener derecho político". El dirigente realizó estas declaraciones tras una reunión de la comisión especial que estudia la reforma.

Según el Ejecutivo, la medida busca proteger la soberanía nacional y evitar que aspiren a nuevos cargos públicos quienes se haya determinado que atentaron contra el orden constitucional.

Un mandato presidencial de siete años

Otra de las modificaciones más relevantes que discutirá la Asamblea plantea ampliar el periodo presidencial de seis a siete años. 

Al presentar la iniciativa, Porras afirmó que "nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables". Según el presidente de la Asamblea Nacional, esta ampliación "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la duración del mandato presidencial podría ser modificado. En 2024, se realizó la reforma constitucional que amplió el periodo de cinco a seis años.

Polémica por declaraciones de Ortega

Días antes de conocerse esta iniciativa, el foco ya había quedado sobre Nicaragua cuando el 19 de julio el presidente Ortega emitió una serie de declaraciones que generaron controversia a nivel internacional. 

Durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario dijo: "Aquí ya no habrá más elecciones para que intenten tomarse el Gobierno y tomarse el poder". También sostuvo que "se acabaron los tiempos en que los partidos respaldados por los yanquis y los somocistas volvían al poder".

Ahora bien, tales declaraciones no están conectadas al proyecto que irá a la Asamblea, ya que este incluye reformas para las elecciones pero no una suspensión de las mismas. 

Pese a ello, la confluencia de las declaraciones del presidente y la posterior propuesta de ampliar el mandato presidencial y restringir la participación electoral desencadenaron críticas de gobiernos y organismos internacionales.

Un contexto de cambios institucionales

Las reformas impulsadas por el gobierno se producen en un contexto marcado por otras modificaciones constitucionales y legales aprobadas desde el regreso de Ortega a la Presidencia en 2007, así como por el prolongado debate sobre la evolución de su sistema político.

Ortega, que integró la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y ejerció la Presidencia entre 1985 y 1990, regresó al Ejecutivo en 2007, tras elecciones celebradas bajo otra reforma electoral que, en ese momento, había reducido al 35% el porcentaje mínimo de votos necesario para ganar en primera vuelta.

En abril de 2018, se desencadenó en el país una crisis política, a partir de protestas antigubernamentales en abril de 2018. La actuación de las fuerzas de seguridad dejó más de 300 muertos, según la ONU. El Gobierno de Ortega afirma que aquellas movilizaciones constituyeron un "intento de golpe de Estado" promovido por sectores opositores con el respaldo de Estados Unidos.

Posteriormente, las elecciones presidenciales de 2021 fueron cuestionadas por diversos gobiernos y organismos internacionales después de que varios aspirantes opositores fueran detenidos o inhabilitados antes de los comicios.

Desde entonces, el gobierno ha promovido diversas reformas. La más reciente, aprobada en 2024, convirtió a Murillo —hasta entonces vicepresidenta— en copresidenta y aplazó las elecciones generales hasta noviembre de 2027, además de ampliar el mandato.

EE.UU. asegura que no permanecerá “de brazos cruzados”

A raíz de las últimas declaraciones de Ortega y del contenido de la reforma constitucional, Estados Unidos advirtió que no permanecerá "de brazos cruzados" ante la situación en Nicaragua. 

En la misma línea, la Unión Europea instó al gobierno nicaragüense a celebrar elecciones de conformidad con las normas internacionales. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió que los comicios se celebren "según lo previsto inicialmente" y que sean "transparentes, inclusivos y creíbles". Managua respondió calificando el comunicado europeo de "intervencionista" e "imperialista". 

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por el "continuo deterioro del espacio cívico y político" en Nicaragua. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, recordó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que toda la ciudadanía pueda participar libremente y de forma segura en la vida pública, incluido el ejercicio del derecho al voto.

A estas críticas se sumó también el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, quien manifestó su preocupación por el alcance de la reforma.

Interrogantes desde América Latina y las respuestas de Managua

La preocupación también se extendió a varios gobiernos latinoamericanos. Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, República Dominicana y Bolivia expresaron su inquietud por el rumbo político de Nicaragua y reclamaron el respeto a los principios democráticos.

Entre las reacciones más destacadas figura la de Brasil, que reiteró su compromiso con la democracia y recordó que las elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituyen uno de sus pilares fundamentales. Asimismo, instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar el derecho de la población a elegir a sus gobernantes.

En la misma línea, Bolivia manifestó su "profunda preocupación" por el futuro del proceso electoral nicaragüense y exhortó a Managua a actuar conforme a los principios democráticos y a los compromisos asumidos en el marco del Sistema Interamericano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondió que el país nunca se ha entrometido en los asuntos internos de otros Estados y reclamó el mismo respeto para sus decisiones soberanas.

También República Dominicana condenó "en los términos más enérgicos" las afirmaciones de Ortega y sostuvo que ningún Gobierno puede privar a su pueblo del derecho a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres y transparentes. La respuesta de Managua fue aún más contundente: el Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a las autoridades dominicanas de mantener una postura "vasalla" y de desconocer la historia latinoamericana de resistencia al intervencionismo. Asimismo, recordó que "el respeto al derecho ajeno es la paz" y rechazó cualquier cuestionamiento externo a las decisiones del Gobierno.

En algunos casos, las críticas no se limitaron a pronunciamientos políticos. Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua, mientras que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua cuando asuma el cargo el próximo 7 de agosto.