Zhuhai, China – En lo que va del segundo Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, Ecuador se ha convertido en uno de los aliados latinoamericanos más activos de Washington en materia de seguridad. El mandatario Daniel Noboa se sumó, desde su creación, al Escudo de las Américas y, a partir de entonces, Ecuador y Estados Unidos han fortalecido su alianza contra el narcotráfico. La muestra más reciente ocurrió el 18 de agosto, cuando el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, concluyó en Quito su tercera visita oficial al país, orientada a fortalecer la cooperación militar.
Ese mismo día, pero a más de 15.000 kilómetros de distancia, Noboa se encontraba en Beijing. El presidente ecuatoriano fue recibido por su homólogo de China, Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo, donde ambos gobiernos firmaron acuerdos para fortalecer el comercio y las inversiones, aprovechar el tratado de libre comercio, impulsar la transformación digital y la industria verde, y ampliar la cooperación para el desarrollo.
La coincidencia resulta reveladora. Mientras Ecuador y Estados Unidos fortalecen su alianza en seguridad, Quito también impulsa su relación económica con China. De hecho, el tratado de libre comercio bilateral –vigente desde el 1 de mayo de 2024– ha acompañado una expansión de los intercambios: el comercio alcanzó 17.330 millones de dólares en 2025, un 24% más que el año anterior, y creció cerca de otro 20% interanual entre enero y abril de 2026. De ahí que la Presidencia ecuatoriana haya expresado su compromiso de construir nuevas alianzas que impulsen el desarrollo y una relación económica más sólida con Beijing.
Lo paradójico es que Quito no constituye un caso aislado. El giro a la derecha ha ampliado los gobiernos receptivos a Washington y dispuestos a cooperar mediante Escudo de las Américas (A3C) y la JTF-WHEM, sin provocar necesariamente un distanciamiento de China. Por el contrario, emerge un alineamiento diferenciado en medio de una creciente competencia: mayor proximidad con Estados Unidos en ciertos ámbitos, mientras se preservan relaciones económicas con Beijing.
Un concepto latinoamericano para una vieja tensión
Esta aparente contradicción puede entenderse desde un concepto desarrollado precisamente en América Latina. El académico mexicano Rafael Velázquez Flores denomina “pragmatismo principista” (“principled pragmatism”, en inglés) a una forma de política exterior que combina la defensa de ciertos principios con decisiones orientadas por intereses concretos. El concepto busca explicar cómo los gobiernos responden cuando sus convicciones políticas, sus necesidades nacionales y las presiones externas no apuntan necesariamente en la misma dirección.
El concepto surgió principalmente del estudio de la política exterior mexicana y de su compleja relación con Estados Unidos. Velázquez Flores, doctor en Estudios Internacionales, observó que, ante cuestiones políticas, jurídicas o identitarias, los principios suelen adquirir mayor peso; mientras que el comercio, la inversión o el crecimiento favorecen respuestas pragmáticas. Más que una contradicción, esta combinación permite adaptar la política exterior a intereses y presiones diferentes.
Esa capacidad de adaptación adquiere especial relevancia para América Latina, donde puede ampliar el margen de acción frente a actores más poderosos. En diálogo con TRT Español, Velázquez, quien también es profesor en la Universidad Autónoma de Baja California en México, lo explicó así: “Los países latinoamericanos no tienen los elementos materiales necesarios para influir en el sistema internacional. Por lo tanto, tienen que buscar otro tipo de mecanismos para trascender en el ámbito global. El pragmatismo principista es una lógica que les permite ampliar su capacidad de negociación internacional porque combina elementos realistas con idealistas”.
Vista desde esta perspectiva, la relación simultánea con Estados Unidos y China deja de parecer contradictoria. La ideología importa: un gobierno de derecha puede encontrar mayores coincidencias políticas con Washington, mientras uno de izquierda puede privilegiar otras afinidades. Pero gobernar también supone responder a intereses concretos. Si China compra exportaciones, invierte o financia proyectos, una mayor cercanía política con Estados Unidos no necesariamente implica renunciar a esos beneficios.
Afinidad política, intereses económicos
Argentina ofrece probablemente el ejemplo más visible. Javier Milei llegó al poder con una identificación explícita con Estados Unidos. En marzo, participó junto a Trump en la cumbre de Escudo de las Américas, cuya declaración argentina destacó la lucha contra el narcoterrorismo y la interferencia extranjera en el hemisferio.
Sin embargo, esa definición política no ha conducido a una ruptura con Beijing. El 27 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sostuvo que Argentina no toma “decisiones por alineamientos” y que sus relaciones con China y Estados Unidos avanzan por “caminos paralelos y separados”, sin que uno sea “excluyente” del otro. China sigue siendo su segundo socio comercial y, para Quirno, que Washington condicione su apoyo a reducir el comercio con Beijing es un “mito”.
Chile muestra una lógica semejante, aunque con características propias. El Gobierno de José Antonio Kast ha reforzado la relación política y estratégica con Estados Unidos. En abril, Kast visitó el portaaviones USS Nimitz junto con sus ministros de Exteriores y Defensa, en una actividad presentada oficialmente como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad. En julio, el ministro de Exteriores Francisco Pérez Mackenna se reunió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en Washington y sintetizó esa cercanía en términos políticos: “Compartimos principios y valores como la democracia y la libertad, que nos unen y proyectan un futuro de amistad y progreso conjunto”.
No obstante, pocas semanas después, Pérez Mackenna viajó a China, donde calificó a este país como un socio fundamental. Efectivamente, Beijing es el principal socio comercial de Chile, concentra más de un tercio de su comercio exterior y el intercambio bilateral ha alcanzado los 67.000 millones de dólares. En ese contexto, el propio ministro sintetizó la lógica de su visita: “Nuestra política exterior debe estar al servicio de los intereses nacionales y contribuir de manera concreta al bienestar de nuestros ciudadanos”.
La combinación de “principios y valores” en Washington e “intereses nacionales” en Beijing ilustra claramente el pragmatismo principista en la actual coyuntura latinoamericana.
Pragmatismo bajo presión
El pragmatismo principista no se limita, sin embargo, a los gobiernos que han girado hacia la derecha. Venezuela ofrece el caso más extremo, aunque también el más condicionado por la profunda asimetría frente a Washington.
Tras décadas de confrontación entre el chavismo y Washington, y bajo una intensa presión estadounidense, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un acuerdo energético "histórico" que contempla capital y tecnología de Estados Unidos para recuperar 17 campos petroleros. Caracas calcula que el convenio podría generar más de 209.000 millones de dólares en ingresos para el Estado.
La forma en que Rodríguez justificó este giro resulta reveladora. Al defender el acuerdo, insistió en que “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, pero sostuvo también que mantener las reservas bajo tierra no contribuye al bienestar del país. Su gobierno, explicó, escogió “el camino de la diplomacia con Estados Unidos” para impulsar la recuperación económica. Esta aproximación ocurre, además, sin abandonar su estrecha relación con China, elevada desde 2023 a una Asociación Estratégica de Cooperación a Toda Prueba y Todo Tiempo, una de las relaciones bilaterales de mayor nivel que Beijing mantiene en América Latina.
Venezuela difícilmente puede equipararse con Ecuador, Argentina o Chile: enfrenta una asimetría mucho mayor frente a Washington, acentuada por años de sanciones estadounidenses y presión económica. Sin embargo, precisamente por ello constituye un caso especialmente revelador: incluso un gobierno ideológicamente distante de Washington puede preservar sus principios declarados y, al mismo tiempo, adoptar decisiones pragmáticas frente a fuertes restricciones económicas y estratégicas.
De cara a la segunda mitad de la actual administración Trump, ejercer este pragmatismo podría volverse más exigente para América Latina. Hasta las elecciones de medio término de noviembre, la presión sobre la región también responde a incentivos electorales; después, ese cálculo cambiará. Con Trump entrando en la recta final de su presidencia, la política exterior podría convertirse en un terreno privilegiado para consolidar su legado hemisférico. En ese escenario, el pragmatismo principista enfrentará una prueba mayor: preservar principios, defender intereses nacionales y ampliar la capacidad de negociación ante crecientes presiones para tomar partido.
