No han pasado tres días desde que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo, y el país ya empieza a vivir el giro en lo que concierne a la estrategia ante el crimen organizado. Autoproclamado “El Tigre”, De la Espriella llega a liderar un país marcado por una profunda polarización política, con la promesa de priorizar la seguridad, combatir a los grupos armados y poner fin a las negociaciones de paz impulsadas por su antecesor, Gustavo Petro.
Este domingo, esa “mano dura” que ha prometido se tradujo en nuevas operaciones militares. Al menos seis integrantes de grupos armados murieron en los primeros combates del Ejército, según anunció De la Espriella, quien calificó la ofensiva como un “mensaje claro y contundente para todos los bandidos”.
“No hay lugar en el que se puedan esconder”, declaró el mandatario el domingo, rodeado por integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia.
Zonas rurales
Las operaciones tuvieron lugar en dos puntos del país. En una zona rural del departamento del Meta, en la Amazonía colombiana, los combates dejaron muertos a cuatro miembros de una disidencia de las FARC liderada por alias “Iván Mordisco”, uno de los hombres más buscados del país y quien se apartó del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre ese grupo rebelde y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.
“Se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’”, agregó el jefe de Estado en una declaración en video difundida la noche del domingo, en referencia a quien, según informes, sería el principal jefe de esa estructura en la zona.
Por su parte, en su cuenta de X, De la Espriella informó sobre la muerte de dos integrantes del Clan del Golfo en Antioquia (noroeste), considerado el grupo armado más grande de Colombia tras el acuerdo de 2016. El mandatario los calificó como “dados de baja”.
“Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente. A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República. No habrá tregua contra quienes atenten contra Colombia”, afirmó.
Mano dura
Dos días antes, al asumir el cargo este viernes, el abogado y empresario de 48 años había afirmado que se trataba de “un gran día para la democracia. Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la patria milagro”.
Su mensaje retomó uno de los principales ejes de la campaña electoral, especialmente en redes sociales: la promesa de aplicar una política de “mano dura” contra los grupos armados y el crimen organizado.
“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”, declaró De la Espriella, quien en la segunda vuelta derrotó por un estrecho margen al senador Iván Cepeda, respaldado por la coalición de Petro. El resultado fue posteriormente cuestionado por el ahora exmandatario, quien ha denunciado supuesto fraude electoral.
“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, añadió el nuevo presidente.
En este sentido, una de las primeras decisiones que pondrá a prueba el giro político del nuevo Gobierno será su política frente a lo que De la Espriella considera “decisiones equivocadas” de su antecesor, especialmente en materia de erradicación de cultivos de coca y persecución del crimen organizado.
De hecho, según Crisis Group, organización de incidencia política con sede en Bruselas y presencia en círculos políticos occidentales, el nuevo Gobierno de Colombia “hereda la crisis humanitaria más grave de la última década, con un fuerte aumento del desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y el uso de explosivos improvisados”.
Al mismo tiempo, el grupo señala que las organizaciones armadas han “proliferado y han crecido en tamaño”: entre 2022 y 2025, el número total estimado de integrantes casi se duplicó, al pasar de 15.132 a alrededor de 27.000.
Estados Unidos
En paralelo al endurecimiento de la estrategia de Colombia contra el crimen organizado y al giro político del país hacia la derecha, la llegada de “El Tigre” al poder también coincidió con un acercamiento entre Bogotá y Washington.
De hecho, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado el 7 de agosto, mismo día de la investidura de De la Espriella, en el que afirmó que su “compromiso” es “revitalizar la relación entre ambos países y profundizar nuestra asociación en materia de seguridad y economía”.
En esa línea, Washington anunció “una asistencia de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de seguridad destinado a apoyar” al nuevo gobierno “en el cumplimiento de nuestros objetivos comunes”.
Asimismo, detalló que la cooperación busca “fortalecer las fuerzas de seguridad de Colombia en nuestra lucha conjunta” contra las organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés).
Para ello, Washington plantea también el despliegue de tecnología estadounidense “sin igual”, la optimización del gasto en defensa para hacerlo más eficiente, el desarrollo de la interoperabilidad y la ejecución de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.
En esta línea, según un informe de la agencia de noticias AFP, la estrategia “evoca” la antigua cooperación militar entre Bogotá y Washington de comienzos de siglo, que fortaleció la ofensiva contra grupos armados como las FARC antes del acuerdo de 2016.
Además, AFP informó que el “nuevo mandatario” prometió intensificar los “bombardeos” con apoyo de Israel y Estados Unidos. Por su parte, el comunicado del Departamento de Estado señala que la cooperación contempla “ampliar significativamente las operaciones de erradicación de cultivos de coca y de interdicción de cocaína”.
Washington explicó que esto implica profundizar “significativamente” los esfuerzos para erradicar cultivos de coca y realizar labores de interdicción. También revela que el objetivo será “recuperar, mantener y ampliar la presencia del Estado en territorios que alguna vez estuvieron bajo el control de grupos armados”, mediante iniciativas que van desde el desminado humanitario hasta inversiones coordinadas en seguridad, justicia y desarrollo económico en regiones de alta amenaza.
Israel
Además, Tel Aviv se posiciona ante el restablecimiento de relaciones con Colombia como una oportunidad para ampliar la cooperación tecnológica, según medios israelíes, al tiempo que busca desplazar el foco de la tecnología utilizada en el genocidio en Gaza
De hecho, De la Espriella ha insistido en restablecer las relaciones con Tel Aviv, suspendidas por Petro en mayo de 2024 tras denunciar el genocidio en Gaza. El mandatario electo también ha planteado trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén ocupada, siguiendo así lo que ha descrito como un “alineamiento con la política inaugurada por Trump en 2017, cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel”.
Esta posición acercaría a Colombia a otros países latinoamericanos que mantienen relaciones estrechas con Israel, entre ellos Guatemala, Paraguay, Honduras y Argentina.
“Israel suministraba a Colombia equipos militares y tecnología de seguridad”, según la publicación estadounidense The Media Line, mientras que el mandatario colombiano ha insistido en su intención de “acceder a nuevas armas, drones y tecnología de inteligencia artificial de Israel y Estados Unidos”.
Según expertos israelíes consultados por la publicación, este impulso podría posicionar la tecnología israelí en ámbitos como la lucha “frente al narcotráfico, el crimen organizado y los grupos armados que operan en algunas zonas del país”.
En el marco de esta “amplia colaboración con Israel”, la publicación sostiene que “lo solicitará Colombia, Israel lo proporcionará y esa relación se fortalecerá”.
En este sentido, el medio analiza que esto también podría llevar a Colombia “de ser uno de los críticos más contundentes de América Latina de la guerra de Israel en Gaza a convertirse en un Gobierno que plantea la renovación de los vínculos con Israel como una prioridad estratégica e ideológica”.
Advertencias de grupos de derechos humanos
En medio de la intensificación de la confrontación entre el Estado colombiano y los grupos armados, Crisis Group advierte que Colombia enfrenta una coyuntura especialmente delicada.
En sus palabras, el país “necesita urgentemente una estrategia militar más eficaz, pero recurrir únicamente a soluciones de mano dura podría resultar contraproducente y propiciar abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra la población”.
Por otro lado, Iris Marín Ortiz, abogada y defensora del Pueblo de Colombia, un órgano constitucional y autónomo, también se refirió a la reestructuración del Estado planteada por el nuevo mandatario. De la Espriella ha explicado que eliminaría la “Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, así como otras instancias que actualmente lideran la implementación del Acuerdo Final de Paz.
En una carta, Marín Ortiz calificó esta decisión de “desaconsejable constitucionalmente” y también por razones de seguridad en las regiones. En particular, consideró que “desacelerar o suspender la implementación del Acuerdo de Paz, así como reducir la coordinación al primer nivel del Estado de los asuntos de derechos humanos y derecho internacional humanitario” podría tener consecuencias impactantes.
Frente a esta eliminación, la defensora del Pueblo insistió en la necesidad de evaluar sus posibles consecuencias y sostuvo que “Colombia necesita una instancia de nivel presidencial que coordine e impulse la prevención del reclutamiento y la violencia contra niñas, niños y adolescentes; y movilice el Sistema Nacional de Derechos Humanos y los diferentes instrumentos ya adoptados para mejorar la situación del país en esta materia”.
Por su parte, Crisis Group afirma que las negociaciones con estas organizaciones han sido “lentas y a menudo frustrantes, pero siguen siendo la vía más prometedora para desmantelar estas organizaciones”.
Frente a la retórica impulsada por “El Tigre” y su decisión de descartar por completo tener negociaciones, Crisis Group sostiene que el nuevo Gobierno “debe aprender de la vasta experiencia de Colombia en el manejo de conflictos, fortalecer el uso selectivo de la fuerza armada, la recopilación de inteligencia y evitar ofensivas militares que produzcan excesos”.
De todas formas, la organización opina que, con el compromiso de enfrentar con firmeza a los grupos violentos y poner fin a las negociaciones con ellos, la victoria electoral de De la Espriella representó un “contundente rechazo” a la política insignia del presidente saliente, Gustavo Petro.
Su estrategia de “Paz Total” buscó negociar con grupos armados y criminales para alcanzar una seguridad duradera, con el objetivo del desarme y la desmovilización. Sin embargo, durante su implementación se expandió el crimen organizado y aumentó la violencia.
Ante este escenario, el grupo lanza una advertencia a De la Espriella: aunque su promesa de reforzar la respuesta militar cuenta con amplio respaldo, deberá evitar los errores del pasado, cuando las operaciones de seguridad alimentaron ciclos de violencia y erosionaron la confianza pública en las fuerzas del Estado.
Si bien las principales estructuras armadas se debilitaron, defensores de los derechos humanos denuncian graves violaciones.
En el fondo, mientras “El Tigre” promete descentralizar el poder, Crisis Group advierte que persiste una situación especialmente delicada, ya que “el Estado no ha logrado erradicar a estos grupos principalmente porque, debido a la ausencia de instituciones formales en zonas remotas, son la única fuente disponible de protección, sustento y justicia”.
