Entre banderas, guardapolvos, apuntes y pancartas, multitudes se movilizaron este martes en Argentina para denunciar lo que consideran una asfixia deliberada contra la universidad pública argentina. La protesta estuvo marcada por el reclamo para que el Gobierno del presidente Javier Milei aplique la ley de financiamiento universitario —actualmente judicializada por el Ejecutivo— y aumente el presupuesto destinado a salarios e infraestructura.

Así, bajo la consigna “Milei, cumplí con la ley”, estudiantes y docentes reclamaron la aplicación de la norma que obliga al gobierno a garantizar tales fondos para el sistema universitario y actualizarlos de acuerdo con la inflación.

La movilización reunió a centenares de miles de estudiantes, profesores, directivos y personal no docente de universidades públicas argentinas, que colmaron las calles en los alrededores de distintas casas de estudio antes de marchar hacia la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. A la convocatoria de la llamada “Marcha Federal Universitaria” se sumó la Central General de los Trabajadores y distintos partidos políticos.

Según los organizadores, alrededor de un millón y medio de personas participaron en las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país.

Desde la movilización, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande de Argentina, aseguró: "Estos son los argentinos reclamando para que los profesores y trabajadores del sistema público universitario puedan vivir dignamente de su trabajo”.

“La universidad pública es la principal herramienta de movilidad social que tiene nuestro país. Este gobierno está vaciando la educación pública de calidad", agregó Yacobitti, en diálogo con la agencia de noticias EFE.

La universidad pública en Argentina es gratuita desde 1949 y es considerada una herramienta clave de ascenso social. Este sistema permitió históricamente que amplios sectores de la población accedieran a estudios superiores en el país, donde actualmente cerca de dos millones de personas cursan carreras en alguna de las 57 universidades públicas, muchas de ellas reconocidas por su prestigio nacional e internacional.

Así, con pancartas, banderas argentinas y cánticos, la masiva movilización se desarrolló de manera pacífica, aunque con un fuerte tono de reclamo contra Milei.

Por su parte, el partido gobernante La Libertad Avanza (LLA) calificó la multitudinaria protesta como una “marcha política opositora” en un comunicado compartido por el presidente en redes sociales, en el que además reafirmó que su administración mantiene un “compromiso inquebrantable” con el equilibrio fiscal.

La polémica por la ley de financiamiento

Ahora bien, la movilización se produjo en rechazo al severo ajuste que Milei impulsa desde finales de 2023, cuando llegó a la Presidencia. Este recorte socavó el presupuesto para las universidades, que cayó del 0,718% del producto bruto interno (PBI) en 2023 al 0,428% este año, llegando a su menor nivel desde 1989, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

En este contexto, en 2024 el Congreso aprobó una ley para financiar los gastos operativos de las universidades y aumentar los salarios docentes, pero el Gobierno decidió no implementarla.

Posteriormente, el Congreso ratificó la norma, aunque el Ejecutivo argumentó que contradice su política de equilibrio fiscal y pidió la intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos definidos para pronunciarse.

Milei defiende los recortes como parte de su plan para aplicar una “motosierra” al gasto estatal. Su administración sostiene que el Estado no puede afrontar aumentos obligatorios del financiamiento en medio de una política de fuerte austeridad fiscal.

El gobierno anuncia más ajustes

La Marcha Federal Universitaria, la cuarta desde la llegada de Milei a la Presidencia, había sido anunciada hace más de una semana. Sin embargo, en un movimiento que sorprendió y fortaleció aún más el reclamo, el lunes el gobierno publicó una modificación presupuestaria que incluye nuevos recortes en educación y salud, en línea con su política de ajuste fiscal.

Mediante una decisión administrativa, la gestión de Milei modificó el Presupuesto 2026 con un fuerte recorte en las partidas destinadas a educación y universidades. La medida quedó formalizada en la Decisión Administrativa 20/2026.

El anexo incluyó un recorte de 5.303 millones de pesos en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece universidades públicas. Entre las instituciones más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Caen los salarios y los hospitales universitarios colapsan

Mientras, sindicatos docentes y autoridades advirtieron que cientos de profesores ya renunciaron a sus cargos por la pérdida de poder adquisitivo. 

Desde 2023, los salarios de los profesores universitarios perdieron cerca de un 33% de su valor real frente a la inflación, provocando un fuerte deterioro salarial —en muchos casos por debajo de la línea de pobreza—, además del deterioro de la infraestructura, la falta de materiales educativos, la renuncia de docentes y la deserción estudiantil.

Las protestas y reclamos se extienden a una gran parte de las universidades del país, con actualmente la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en huelga desde hace tres meses.

Además, la falta de presupuesto generó graves problemas para mantener operativos los hospitales públicos que dependen de las universidades y donde se atienden cerca de 700.000 mil personas. Autoridades de estos centros advirtieron que se encuentran al borde del colapso.

"Recibimos pacientes de todo el país. Los médicos no pueden operar por falta de insumos. La falta de presupuesto afecta la formación de médicos y enfermeros. Esto repercute en todo el país porque en este hospital se forman los profesionales que luego van al último rincón de Argentina", afirmó a EFE Karen Rivero Carrizo, trabajadora administrativa del Hospital de Clínicas, de la UBA.