Erik Prince, fundador de la controvertida empresa de seguridad Blackwater y cercano al presidente estadounidense Donald Trump, firmó un acuerdo de 10 años a través de su empresa Vectus Global con Haití mediante el cual ofrecerá servicios de seguridad para combatir a las bandas armadas y colaborar en la restauración del sistema de recaudación de impuestos del país caribeño.
En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el exmiembro de la fuerza especial SEAL de la Marina estadounidense señaló que, cuando se estabilice la situación de seguridad, Vectus Global también participará en el diseño y aplicación de un programa para gravar mercancías importadas desde la República Dominicana, una vez que se estabilice la situación de seguridad.
Estimó que podría arrebatar a las bandas armadas el control de las principales carreteras y territorios en aproximadamente un año. “Una medida clave del éxito para mí será cuando se pueda ir de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano en un vehículo sin blindaje y no te paren las bandas”, señaló.
Aunque no reveló el monto que pagará el gobierno haitiano a su empresa ni las proyecciones de recaudación, confirmó que Vectus ya comenzó operaciones en marzo, desplegando drones en coordinación con un grupo de trabajo dirigido por el primer ministro. El compromiso a largo plazo y el rol en la recaudación de impuestos no habían sido reportados antes.
Prince, fundador de la controvertida empresa de seguridad Blackwater —vendida en 2010 tras la condena de algunos de sus empleados por la masacre de 14 civiles en Bagdad—, cuenta con estrechos vínculos con Trump, quien indultó a los exguardias condenados durante su presidencia. Funcionarios estadounidenses han asegurado que el gobierno de Trump no participa ni financia el contrato de Vectus Global en Haití.
200 contratistas se desplegarán
Según una fuente familiarizada con el plan, citada por la agencia de noticias Associated Press, Vectus Global desplegará en las próximas semanas cerca de 200 contratistas privados provenientes de Estados Unidos, Europa y El Salvador, entrenados como francotiradores y especialistas en inteligencia y comunicaciones.
Además, según ese reporte, el despliegue incluirá helicópteros y barcos para apoyar a la Policía Nacional de Haití y a una misión respaldada por la ONU, liderada por agentes de la Policía de Kenia.
El objetivo principal es ayudar a la élite económica que detenta el gobierno a recuperar carreteras y territorios estratégicos actualmente bajo control de bandas fuertemente armadas, en un país donde la autoridad formal se concentra en una minoría.
Haití bajo el control de grupos armados
Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, atraviesa una crisis política desde hace varios años y ha tenido varios capítulos violentos. En 2021, el entonces presidente Jovenel Moïse fue asesinado, mientras que en marzo de 2024 el primer ministro se vio obligado a abandonar su cargo, cuando grupos armados lanzaron ataques contra el gobierno, derrocando al primer ministro y tomando el control de Puerto Príncipe.
Analistas advierten que, aunque existe una necesidad urgente de operaciones contra las bandas armadas, la intervención privada podría escalar el conflicto, especialmente ante la respuesta de Viv Ansanm, la poderosa federación de bandas creada en 2023 tras la unión de grupos rivales como G-nueve y G-Pèp, designada este año por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Esta federación ha perpetrado ataques masivos, incluyendo la liberación de unos 4.000 reclusos y el cierre prolongado del principal aeropuerto internacional.
La violencia ha dejado al menos 1.520 personas asesinadas y más de 600 heridas entre abril y junio de este año, según la ONU, y ha desplazado a 1,3 millones de personas en los últimos años.
