Un día: ese fue el plazo que una jueza de inmigración le dio al Gobierno de Estados Unidos para presentar las pruebas de que Mahmoud Khalil, estudiante palestino de la Universidad de Columbia detenido hace un mes, debe ser deportado.
“Si no es deportable, voy a cerrar este caso el viernes”, dijo Jamee Comans, jueza adjunta principal de inmigración, durante una audiencia en la corte de LaSalle, en Jena, Louisiana, este martes.
Comans advirtió que emitirá un fallo sobre el caso la tarde del viernes, un mes después de que Khalil fuera arrestado en Nueva York y trasladado a una cárcel rural en Louisiana, a casi 2.000 km de distancia.
Entonces, ¿qué puede pasar ahora?
Si la jueza decide cerrar el caso, Khalil, de 30 años, quedaría en libertad según las leyes de inmigración estadounidenses.
Ahora bien, el gobierno no podrá apelar si la jueza ordena terminar el caso con perjuicio, lo que significaría el fin definitivo del proceso de deportación contra Khalil. Pero si lo cierra sin perjuicio, la administración de Trump aún tendría la opción de presentar el caso nuevamente.
“No hay nada más importante para esta corte que los derechos al debido proceso del señor Khalil”, dijo Comans al abogado de Khalil, Marc Van Der Hout , después de que este asegurara que hasta el momento no había recibido ni una sola prueba del Gobierno y solicitara más tiempo para revisar la evidencia. “Pero tampoco voy a mantener detenido al señor Khalil mientras los abogados intercambian correos sobre documentos”, continuó.
Por otro lado, si la jueza dictamina el viernes que Khalil puede ser deportado del país, él tiene la opción de pedirle que evalúe si es elegible para un “alivio de deportación”, que puede concederse en casos limitados, como cuando hay temor de persecución en la nación de origen. Khalil también podrá apelar estas decisiones.
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional le dijeron a Comans que entregarían la evidencia antes de la fecha límite, fijada para las 5 p.m., hora local, de este miércoles.
Una audiencia con falta de evidencias
Durante la audiencia, Khalil permaneció sentado en silencio, mientras en su mano derecha llevaba cuentas de oración. Khalil habló suavemente al micrófono para pedir a la jueza que le permitiera a su esposa acceder a la transmisión en vivo de la audiencia. Comans así lo hizo, señalando que más de 600 personas intentaban ingresar a la transmisión, lo que revela el gran interés en el caso.
Desde una pantalla, el abogado de Khalil, quien intervenía a distancia desde California, explicó a la jueza que hasta el momento no había recibido ni una sola prueba del gobierno que justificara la deportación.
Cuando Comans leyó las acusaciones del gobierno, Van Der Hout respondió con “lo niego” a cada una de ellas.
El caso de Khalil en esta corte de inmigración es diferente al recurso legal que se presentó para impugnar la legalidad de su arresto en marzo, conocido como una petición de hábeas corpus. El juez federal que revisa esta petición ha dictaminado que Khalil debe permanecer en Estados Unidos por ahora, mientras decide si lo libera o si lo traslada a Nueva Jersey.
¿Prisionero político?
Organizadores de protestas estudiantiles, incluidos algunos grupos judíos, aseguran que se está confundiendo erróneamente la crítica a Israel con antisemitismo. Khalil, un palestino nacido en un campo de refugiados en Siria, se ha declarado un prisionero político.
Sus abogados han argumentado que la administración de Trump lo persiguió ilegalmente por sus opiniones políticas, violando su derecho a la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
La esposa de Khalil, Noor Abdalla, es ciudadana estadounidense y está por dar a luz a su primer hijo este mes. No ha podido viajar a Louisiana para visitarlo debido a su embarazo.
Represión contra estudiantes
Desde el arresto de Khalil, el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que ha revocado las visas de cientos de estudiantes extranjeros.
Pocos días después del arresto de Khalil, otro estudiante pro-Palestina, Badar Khan Suri, un investigador indio en la Universidad de Georgetown, fue arrestado. Su abogado asegura que fue detenido por la identidad palestina de su esposa.
Tras el arresto de Suri, las autoridades fueron tras otro estudiante pro-Palestina, Momodou Taal, a quien le pidieron entregarse voluntariamente.
El 25 de marzo, Yunseo Chung, estudiante de la Universidad de Columbia, dijo que demandó a la administración Trump para frenar su deportación de EE.UU. por participar en una protesta pro-Palestina la primavera pasada.
Ese mismo día, Rumeysa Ozturk, estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts, fue detenida a plena luz del día por las autoridades por criticar a Israel.
Otros estudiantes, como Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan y Alireza Doroudi, han sido detenidos o se han auto-deportado.
Universidades, en la mira
Trump también ha apuntado contra universidades estadounidenses por permitir protestas pro-Palestina en sus campus.
Comenzó con Columbia, epicentro de una ola de protestas estudiantiles en todo el país, cancelando 400 millones de dólares en fondos federales para la universidad.
La institución finalmente cedió ante la presión, anunciando amplios cambios en sus políticas de protesta en el campus.
Luego apuntó a Harvard, lanzando una revisión por presunto antisemitismo y amenazando con retirar 9.000 millones de dólares en fondos federales.
La medida llegó después de que la universidad despidiera a los directores del Centro de Estudios de Oriente Medio en un intento de distanciarse de las voces pro-Palestina y las acusaciones de parcialidad.
