La mano dura de Trump contra la migración irregular: así comenzó su mandato

Deportar a “millones y millones” de migrantes: esa fue una de las promesas con las que Donald Trump inauguró su nuevo mandato como presidente de Estados Unidos este lunes. Las firmas de múltiples decretos, que buscan cumplir sus promesas de endurecer las medidas contra la inmigración irregular en el país, no se hicieron esperar.

De hecho, empezó con la declaración de una “emergencia nacional” en la frontera con México con el objetivo de reducir de forma drástica el número de migrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos. Antes de firmar la medida, durante su primer discurso oficial en el Capitolio anticipó: "Primero, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur".

"Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden", agregó. Trump, de 78 años, anunció también el envío de "tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país".

El nuevo presidente justificó el incremento de la presencia militar en la frontera sur asegurando que se trata de una acción necesaria para “defender” a la nación “de amenazas”. "No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer", señaló.

La declaración de emergencia en la frontera sur hace parte de su plan para endurecer las políticas de migración, prohibir la entrada de personas en situación irregular y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal.

El documento ordena a las autoridades "deportar inmediatamente" a todos los migrantes indocumentados que entren a EE.UU., indicando que se restaurarán las deportaciones automáticas.

En esa línea, el mandatario, resucitó su programa “Permanece en México”, vigente durante su primer mandato (2017-2021), que obliga a los migrantes que buscan asilo a esperar en ese país el desarrollo de su solicitud.

A lo que también suma la decisión de aumentar los aranceles a México y Canadá en un 25%, a partir del 1 de febrero, con el objetivo de "frenar la afluencia de migrantes y de fentanilo", según palabras del propio presidente.

Pausa y fin de programas para refugiados

En su mano dura contra la migración irregular, Trump eliminó la aplicación CBP One y el permiso humanitario conocido como “parole”, ambos implementados durante el gobierno de Joe Biden, su predecesor. La aplicación CBP One, activa desde enero de 2023, permitió que más de 930.000 migrantes solicitaran una cita para pedir asilo en los puestos de entrada de la frontera sur.

Por otro lado, el programa “parole” había beneficiado a más de 531.000 ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, permitiéndoles ingresar a Estados Unidos por vía aérea.

Trump también ordenó una pausa de tres meses al programa de refugiados, que permite la entrada a Estados Unidos de personas que huyen de la guerra o la persecución. Este programa, revitalizado bajo el Gobierno de Biden con un tope anual de 125.000 refugiados, había alcanzado mínimos históricos en 2021 durante el último año de Trump en la Casa Blanca.

"Fin" de la ciudadanía para hijos de indocumentados

Otra medida controvertida del mandatario estadounidense fue el decreto que busca negarles la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Aunque no existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados, los datos más recientes del centro de investigación Pew aseguran que en 2022 había aproximadamente 1,3 millones de personas en esta situación.

La orden pretende modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Sin embargo, la medida solo se aplicaría a nacimientos futuros, según adelantó un miembro del equipo de Trump en una rueda de prensa. La Casa Blanca tampoco ha detallado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos la consideran inconstitucional.

México responde

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró estar “lista” para el segundo mandato de Trump y anunció medidas para defender a los mexicanos en Estados Unidos y a los posibles deportados. Por ejemplo, con estrategias de apoyo legal, promesas de trabajo para los retornados y programas sociales.

“Las y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos, y eso lo sabe la administración Trump". Por lo tanto, "en caso de que haya deportaciones", México se compromete a "defenderlos" con asistencia legal.

En esa línea, el Gobierno de Sheinbaum ha formado un equipo de 2.610 especialistas jurídicos y 1.773 empleados adicionales, sumando un total de 4.383 personas que atenderán a los mexicanos ante las posibles deportaciones en la red consular del país en Estados Unidos, la mayor del mundo, con más de 50 sedes.

También el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, anunció que el gobierno ha lanzado 'ConsulApp', una aplicación móvil para mexicanos en Estados Unidos, que incluye un botón de alerta en caso de deportación y notifica al consulado más cercano para recibir apoyo.

A pesar del panorama, Sheinbaum confió en que habrá una reunión pronto para alcanzar acuerdos sobre los temas polémicos entre ambos países.

"México no tiene por qué agachar la cabeza, ni sentirnos menos. Somos un país grandioso, una potencia cultural, y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, fraterno, solidario, con mucho que presumir ante el mundo entero", dijo.