¿Qué propone la reforma judicial en México y por qué genera tanta polémica?

Bajo un manto de polémica y cuestionamientos avanza la reforma judicial en México que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado apuntalar en las pocas semanas que le quedan en el cargo. Pero en medio del impulso también han estallado protestas y críticas a una medida que busca, entre otros puntos, que jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema sean elegidos con voto popular. Los críticos sostienen que esto puede afectar los contrapesos democráticos.

Este lunes, la Cámara de Diputados de México aprobó el dictamen de la reforma, lo que allana el camino para que se discuta en el nuevo Congreso que se instala el próximo 2 de septiembre y donde el partido gobernante, Morena, tiene las mayorías. Lo que permitiría lograr su aprobación sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas.

La propuesta, según el documento emitido por el Gobierno de México, busca elegir a los jueces por voto popular, además de reducir su período de funciones de 15 años (actual) a 12 años. De manera que, estipula la propuesta, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral, y del Tribunal de Disciplina serán seleccionados por la ciudadanía mediante votaciones ordinarias.

A lo que se suma que deberán hacer campañas que no podrán ser financiadas con capital privado, según anunció el gobierno. Las candidaturas también serán paritarias y provendrán de propuestas realizadas por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El mecanismo actual para la Suprema Corte es que el presidente propone a los candidatos a través de una terna y el ganador debe recibir el respaldo de al menos dos terceras partes de los senadores al momento de la votación. Por su parte, los magistrados y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

La administración de López Obrador señala que la reforma pretende “reforzar la legitimidad democrática de quienes imparten justicia”. El presidente también explicó hace unos meses que el cambio busca retirar a los jueces corruptos del sistema y asegurarse de que la judicatura sirva a todos los mexicanos y no solo a las “minorías influyentes”.

En el documento del Gobierno además se lee que las medidas planteadas apuntan a una justicia expedita, así como la eficiencia, austeridad y transparencia.

Las críticas

Sin embargo, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, han protestado al señalar que se vulneran sus derechos laborales. Según explican, la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal.

Señalan también que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos. "Lo que se está haciendo a través de esta reforma, aparte de la modificación de los sueldos y quitar varios derechos es cortar la carrera judicial", dijo a la agencia de AFP Roberto Zayas, de 39 años y empleado judicial.

También, analistas, trabajadores legales y observadores internacionales han destacado que esta elección popular pueda atiborrar las cortes con jueces con preferencias políticas y poca experiencia. Esa era la preocupación del abogado Mauricio Espinosa, quien le dijo a la agencia AP que “los jueces van a tener que rendir cuentas, buscar dinero para hacer campaña, buscar a alguien para tener un respaldo. Sus sentencias no van a ser 100% independientes”.

Otra medida aprobada en los últimos días de López Obrador, es la eliminación de siete organismos autónomos de supervisión y regulación, incluido el Instituto Nacional de Transparencia. El partido del presidente, Morena, sostiene que estos organismos son un desperdicio de dinero, afirmando que las responsabilidades de supervisión deberían otorgarse a los departamentos gubernamentales.

¿Qué hace falta para aprobar la reforma a la justicia?

Aunque los nuevos legisladores no asumirán sus cargos hasta el 1 de septiembre, un comité del Congreso ya comenzó a impulsar la iniciativa. Esto busca facilitar el camino para su discusión final a principios de septiembre, una vez que se complete la nueva Legislatura.

Para la aprobación de la reforma, se requiere una mayoría de dos tercios del Congreso de México. La coalición del gobernante Morena, que obtuvo el 73% de los escaños en la cámara baja del Congreso, podría obtener con sus apoyos la mayoría necesaria para impulsar cambios en el texto fundacional de la República.

Tensiones con Canadá y Estados Unidos

Esta reforma tensó también la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá, socios comerciales clave.

A mediados de semana, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que la elección de jueces es un "riesgo" para la democracia de México y "amenaza la histórica relación comercial" entre los dos países.

López Obrador calificó los comentarios de Salazar como “injerencistas” e “irrespetuosos a nuestra soberanía nacional”.

De la misma forma, la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, quien asume el 1 de octubre, remarcó que en Estados Unidos también se elige a los jueces por voto popular y recalcó que en México, “hay cosas que sólo corresponden a los mexicanos”.

Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, indicó que los inversores de su país mostraron preocupación por la reforma y que esperan un "sistema judicial que funcione si hay problemas".

El martes, López Obrador anunció una “pausa” en las relaciones con las embajadas de Canadá y Estados Unidos, aunque aclaró que esto no era extensivo a los países como tal.