Aprueban destituir al presidente de Corea del Sur por declarar ley marcial

La crisis política en Corea del Sur entró en un nuevo capítulo este sábado, luego de que el Parlamento del país aprobara la destitución del presidente Yoon Suk Yeol por declarar una ley marcial el pasado 3 de diciembre.

De los 300 diputados del Parlamento, 204 votaron a favor de destituir al presidente por insurrección, mientras que 85 votaron en contra, según los resultados anunciados por la presidencia de la cámara. También hubo tres abstenciones y ocho votos nulos.

Los poderes y deberes presidenciales de Yoon, de 63 años, quedarán suspendidos después de que se le entreguen a él y a la Corte Constitucional copias de un documento sobre la decisión.

El tribunal tiene hasta 180 días para determinar si destituye a Yoon como presidente o si le restaura sus poderes. En caso de que sea removido del cargo, se deben celebrar elecciones nacionales para su sucesor en un plazo de 60 días.

Esta es la segunda moción de destitución que vota el Parlamento de Corea del Sur. El primer intento, que fracasó, se realizó el pasado 7 de diciembre, sin obtener el apoyo necesario.

Las calles de Seúl, la capital de Corea del Sur, también se llenaron de manifestantes este sábado antes de la votación del Parlamento. Miles de surcoreanos protestaron en manifestaciones rivales a favor y en contra del presidente Yoon.

"Si Yoon no es destituido hoy, volveré la próxima semana", aseguró el manifestante Yoo Hee-jin, de 24 años, a la agencia de noticias AFP, antes del voto parlamentario. Al otro lado de Seúl, cerca de la plaza Gwanghwamun, miles de personas marcharon entonando canciones patrióticas para apoyar al mandatario."Yoon no tenía otra opción que declarar la ley marcial. Apruebo cada decisión que tomó", expresó en la manifestación Choi Hee-sun, de 62 años

¿Qué pasó con la ley marcial?

En una medida que conmocionó a Corea del Sur, el presidente Yoon declaró el pasado 3 de diciembre la ley marcial, una medida sorpresiva que no se implementaba desde hacía 45 años en el país y que representó uno de los mayores desafíos para su democracia en las últimas décadas. Sin embargo, poco después, el Parlamento rechazó la ley marcial, lo que llevó a su suspensión a las seis horas. La medida también desató protestas masivas en las calles.

Yoon, que ocupa el cargo desde 2022, justificó la ley marcial acusando a los opositores políticos de "actividades antiestatales que conspiran para una rebelión" y alegando que eran "fuerzas pro-coreanas del Norte". Sostuvo que la medida respondía a una moción del principal partido de oposición para someter a juicio político a funcionarios del gobierno y fiscales, y bloquear la propuesta de presupuesto del Gobierno.

Sin embargo, la medida llegó tras meses de intenso conflicto político entre Yoon y la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por denuncias de corrupción que lo han involucrado a él y a su esposa. De hecho, apenas semanas antes, los fiscales allanaron la sede del partido gobernante como parte de una investigación en curso sobre un escándalo de tráfico de influencias vinculado a las elecciones parlamentarias parciales de 2022.

Las condiciones de la ley marcial

La ley marcial sólo puede imponerse en tiempos de guerra, conflicto armado, emergencia nacional o “cuando la seguridad y el orden públicos lo requieran”, según la Constitución de Corea del Sur. Sin embargo, en esta ocasión, era cuestionable si el país se encontraba actualmente en tal estado.

Cuando se declara la ley marcial, se pueden emplear “medidas especiales” para restringir la libertad de prensa, la libertad de reunión y otros derechos, así como el poder de los tribunales.

La Constitución también establece que el presidente debe cumplir cuando la Asamblea Nacional exige el levantamiento de la ley marcial con un voto mayoritario.

Tras el anuncio de Yoon, las fuerzas militares proclamaron que el Parlamento y otras reuniones políticas que puedan causar “confusión social” serían suspendidas, según la agencia de noticias financiada por el gobierno, Yonhap. Además, señalaron que cualquier persona que violara el decreto podría ser detenida sin una orden de arresto.

El principal partido opositor, el el Partido Democrático (DP), sostuvo en ese momento que la ley marcial de emergencia es inválida e ilegal, y el presidente debe rendir cuentas”. Y añadió que la medida no era válida porque tomó la decisión “sin una reunión de gabinete”.