EE.UU. dice que Israel pudo infringir DIH en Gaza con armas estadounidenses
Washington señaló que es razonable considerar que su aliado utilizó armas suministradas por Estados Unidos en Gaza de forma "inconsistente" con el derecho internacional humanitario.
El Gobierno de Joe Biden señaló que la manera en que Israel utilizó armas proporcionadas por Estados Unidos en la sitiada Gaza probablemente violó el derecho internacional humanitario (DIH). Aunque aclaró que las condiciones del conflicto impidieron a los funcionarios estadounidenses determinar ese hecho con certeza en ataques aéreos específicos.
Este hallazgo de evidencia "razonable" del gobierno estadounidense para concluir que su aliado en Medio Oriente pudo infringir el derecho internacional en su agresión a Gaza representa la declaración más contundente de este tipo por parte de los funcionarios de Biden. La conclusión se publicó en el resumen de un informe entregado al Congreso este viernes.
Sin embargo, la advertencia de que los funcionarios no pudieron vincular de inmediato el uso de armas estadounidenses específicas con ataques individuales de las fuerzas de Israel en Gaza podría darle a la administración de Biden un margen de maniobra en cualquier decisión futura sobre si restringir o no las provisiones estadounidenses de armas ofensivas a Israel.
"La naturaleza del conflicto en Gaza hace que sea difícil evaluar o llegar a conclusiones concluyentes sobre incidentes individuales", sostuvo el informe.
"Sin embargo, dada la importante dependencia que tiene Israel de artículos de defensa fabricados en Estados Unidos, es razonable evaluar que desde el 7 de octubre las fuerzas de seguridad israelíes han utilizado artículos de defensa cubiertos por la NSM-20 en casos incompatibles con sus obligaciones en materia de DIH o con las prácticas establecidas para mitigar el daño civil", reconoció.
Estas conclusiones, que se desprenden de una evaluación única en su tipo y que impulsaron los compañeros demócratas del presidente Biden en el Congreso, se conocen siete meses después de que Israel lanzara su agresión en el enclave sitiado.
¿En qué consistió la revisión de Estados Unidos sobre el uso de armas?
Recientemente, el Gobierno de Biden dio uno de los primeros pasos para condicionar la ayuda militar a Israel, cuando detuvo el envío de 3.500 bombas debido a la preocupación de una posible invasión israelí en Rafah, una ciudad del sur de Gaza en la que habitan más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario estadounidense.
Recientemente, el Gobierno de Biden dio uno de los primeros pasos para condicionar la ayuda militar a Israel, cuando detuvo el envío de 3.500 bombas debido a la preocupación de una posible invasión israelí en Rafah, una ciudad del sur de Gaza en la que habitan más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario estadounidense.
El acuerdo también estableció la obligación de informar al Congreso si consideraban que Israel había actuado "arbitrariamente para negar, restringir o impedir, directa o indirectamente" la entrega a Gaza de cualquier ayuda humanitaria que tuviera el apoyo de Estados Unidos para los civiles que enfrentan hambruna en el enclave.
Doble estándar
Los legisladores y las personas que impulsaron la revisión dijeron que Biden y anteriores líderes de EE.UU. tuvieron un doble estándar a la hora de garantizar que se cumplieran las leyes del país sobre cómo utilizan los ejércitos extranjeros el apoyo estadounidense, una acusación que la administración Biden niega.
En esa línea instaron al Gobierno de Biden a implementar una determinación legal directa sobre si había pruebas creíbles de que ataques aéreos israelíes específicos contra escuelas, barrios muy poblados, personal médico, convoyes de ayuda y otros objetivos, así como las restricciones para la entrada de ayuda a Gaza, violaron las leyes de la guerra y de los derechos humanos.
Quienes se oponían a la revisión argumentaron que un hallazgo de Estados Unidos contra Israel debilitaría a su aliado en un momento en que lucha contra Hamás y otros grupos de resistencia. Cualquier información muy crítica que pudiera encontrarse sobre Israel seguramente aumentaría la presión sobre Biden para que frene el flujo de armas y dinero al ejército israelí, a la vez que incrementaría aún más las tensiones con el Gobierno de extrema derecha de Netanyahu por sus decisiones sobre el conflicto.
A eso se suma que cualquier hallazgo contra Israel también podría poner en peligro el apoyo a Biden en las elecciones presidenciales de 2024 por parte de algunos votantes que apoyan entusiastamente a Israel.
Una acusación que no es nueva
Los grupos de derechos humanos han acusado durante mucho tiempo a las fuerzas de Israel de cometer abusos contra los palestinos y han señalado a los líderes israelíes de no garantizar que los responsables rindan cuentas.
Israel dice que está siguiendo todas las leyes estadounidenses e internacionales, que investiga las acusaciones de abuso por parte de sus fuerzas de seguridad y que su masacre en Gaza es proporcional a la amenaza existencial que, según dice, representa Hamás.
Biden advirtió en diciembre que los "bombardeos indiscriminados" le estaban costando a Israel el respaldo internacional.
Después de que el Ejército de Israel mató a siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en un ataque en abril, la administración de Biden, por primera vez, señaló que podría recortar el apoyo militar a Israel si no cambiaba la manera en que estaba manejando la guerra y la ayuda humanitaria.
Los presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush, en los años 1980 y principios de los 1990 respectivamente, fueron los últimos presidentes que abiertamente retuvieron armas o financiamiento militar para tratar de presionar a Israel para que cambiara sus acciones en la región o hacia Palestina.
Un informe dirigido a la administración Biden por un panel no oficial autoformado que incluye expertos militares, académicos y ex funcionarios del Departamento de Estado detalló los ataques israelíes contra convoyes de ayuda, periodistas, hospitales, escuelas y centros de refugiados y otros sitios.
En ese documento señalaron que la cifra de muertes de civiles en esos ataques (como el ataque del 31 de octubre contra un edificio de apartamentos que, según se informó, mató a 106 civiles) era desproporcionada con respecto al golpe contra cualquier objetivo militar.