¿Cómo el crimen organizado pondría en jaque la democracia en Latinoamérica?

La influencia del crimen organizado aumenta en Latinoamérica, según revela un informe. Y advierte que si los gobiernos no logran detener su crecimiento, las democracias están en peligro.

Jimmy 'Barbecue' Cherizier, líder de la pandilla de la federación G-9, en las calles junto a miembros del grupo, el 22 de febrero de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. (Getty Images)
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Jimmy 'Barbecue' Cherizier, líder de la pandilla de la federación G-9, en las calles junto a miembros del grupo, el 22 de febrero de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. (Getty Images)

Grupos armados en Haití, pandillas en El Salvador o cárteles en México: el crimen organizado ha ganado tanto poder en América Latina que se perfila como una de las principales amenazas para la democracia. Así lo señalan los especialistas en ciencias políticas Javier Corrales y Will Freeman, en un informe que analiza las posibles consecuencias si la tendencia al alza de estos grupos criminales continúa.

Por su control del territorio, su infiltración en las estructuras estatales y su acceso a los mercados internacionales, la relación entre estos grupos y los gobiernos resulta muy compleja. Los autores advierten que, si las democracias latinoamericanas no encuentran formas efectivas de detenerlos, estarán en jaque.

¿Por qué el crimen organizado es una amenaza?

En general, el crimen organizado no busca controlar por completo las instituciones estatales, sino coexistir con ellas mediante acuerdos tácitos que les permitan continuar con sus actividades sin consecuencias penales, explica el artículo "Cómo el crimen organizado amenaza a América Latina", publicado en la revista Journal of Democracy.

Asimismo, estos grupos utilizan la coerción y la corrupción para infiltrarse en las estructuras estatales, como la policía o la justicia, debilitando los esfuerzos de los gobiernos por combatir el crimen, añade el artículo.

En algunas regiones, su poder es tan grande que genera una “zona gris”, donde los ciudadanos viven bajo una democracia constitucional, pero en la que en realidad tienen derechos democráticos muy limitados. Esta dinámica es evidente en ciertas partes de México, donde los cárteles influyen en las elecciones locales e intimidan a los candidatos, agrega el informe de Corrales y Freeman.

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Soldados desplegados en un refugio de emergencia en Yajalón, México, luego de que una comunidad fuera evacuada por un conflicto violento. (Getty Images)

¿Qué podría pasar si esto continúa?

Los autores advierten que, si los gobiernos no desarrollan estrategias efectivas para limitar el poder del crimen organizado, la democracia resultará comprometida y abrirá la puerta a varios escenarios negativos.

Uno de ellos es que los grupos criminales pueden interferir en los procesos políticos. Podrían intimidar a algunos candidatos y proteger a otros, poniendo en riesgo elecciones libres y justas.

También señalan que la lucha contra el crimen organizado lleva muchas veces a la militarización de las fuerzas policiales. Ante la frustración por no lograr frenar a las redes criminales, los funcionarios podrían delegar un poder excesivo a los militares, lo que podría amenazar el principio democrático de supervisión civil sobre las fuerzas armadas.

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La Policía Nacional Haitiana armada patrulla las calles de Cabo Haitiano el 3 de mayo de 2024 en Cabo Haitiano. (Getty Images)

Otro escenario es el ascenso de líderes con tendencia autoritaria, que podrían llegar al Ejecutivo como consecuencia de la demanda popular por políticas "de mano dura". Si se aplican estrategias de control del crimen demasiado estrictas, estas podrían erosionar las libertades civiles y alterar el equilibrio de poder, incluso comprometiendo la separación constitucional de poderes, que es vital en una democracia.

Además, los autores subrayan los peligros de la corrupción. La creciente influencia de estos grupos puede distorsionar o corromper las instituciones estatales, debilitando aún más la posibilidad de los gobiernos de combatir al crimen.

Posibles soluciones

Teniendo en cuenta estos escenarios, Corrales y Freeman sostienen en su artículo que la solución para combatir eficazmente el crimen organizado es fortalecer el Estado de derecho, en especial dentro de las instituciones de justicia penal. Aunque reconocen que "reformar las instituciones de justicia puede llevar décadas", enfatizan que esto es fundamental para garantizar un progreso sostenido.

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Un oficial patrulla dentro de una celda en CECOT en Tecoluca, el 6 de febrero de 2024, en San Vicente, El Salvador. (Getty Images)

Además, insisten en la importancia de reducir la influencia de los grupos criminales sobre la política y fortalecer el control estatal sobre regiones clave.

El impacto del crimen organizado en América Latina es profundo y complejo. Los gobiernos deberán desarrollar respuestas políticas innovadoras, fortalecer las instituciones democráticas y mejorar la gobernanza para enfrentar este desafío: esa es la advertencia de los autores.

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