Ecuador da marcha atrás en polémica construcción de cárcel en la Amazonía

El Gobierno de Ecuador dio marcha atrás este lunes en la polémica construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía, tras dos semanas de protestas y una llamada del Congreso a reevaluar el proyecto. Los manifestantes denunciaban que sería perjudicial para el medioambiente y que afectaría la calidad de vida de los pueblos indígenas de la zona.

El centro penitenciario se planeaba construir en Archidona, en la provincia amazónica de Napo, una zona selvática donde habitan comunidades indígenas kichwas y waoranis. La mayoría se dedica a la agricultura y al turismo ecológico, aprovechando las riquezas naturales de uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo.

Sin embargo, esto no significa que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, haya desistido de la cárcel, un proyecto emblemático de su campaña. El mandatario había propuesto dos prisiones de máxima seguridad como parte de sus políticas para combatir el narcotráfico: una en la región amazónica y otra en la costa del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. Ahora, anunció que ambas cárceles se construirán en esta última provincia.

El proyecto de la Amazonía tenía un presupuesto de 52 millones de dólares y, al igual que en el caso de la de Santa Elena, se estimaba que tendría capacidad para albergar a unos 800 reclusos. Se espera que ambas cárceles estén listas en 300 días.

El Ejecutivo, por su parte, destacó los beneficios que la construcción de la cárcel traerá al área. "Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y con el impulso al desarrollo económico y social, especialmente en la comunidad del cantón Salinas, generando empleo directo e indirecto y dinamizando la economía local mediante una obra de esta envergadura", agregó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.

Protestas en las calles y críticas en el Congreso

El anuncio de Noboa llega tras 14 días de protestas en contra de la construcción de la cárcel en la Amazonía, en las que participaron varios grupos indígenas, respaldados por amplios sectores sociales de la región.

Apoyados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, los manifestantes habían advertido de que el Gobierno no había consultado a las comunidades afectadas antes de confirmar el plan.

En la mañana de este lunes, las protestas alcanzaron su punto de mayor tensión cuando los manifestantes bloquearon las carreteras que unen a esa jurisdicción con el resto de la Amazonía y con el interior del país. También realizaron la toma simbólica de instituciones públicas como la gobernación de la provincia.

En paralelo a las protestas, el pasado miércoles el Congreso había exhortado al presidente Noboa a suspender "de manera inmediata" el proyecto, que también ha generado protestas ciudadanas y rechazo por parte de las mayores organizaciones indígenas del país.

Promesa de campaña

Noboa, en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia, había prometido construir dos centros carcelarios. Con este proyecto buscaba hacer frente a la violencia desatada en las prisiones desde hace unos cuatro años, por bandas criminales que se disputaban el control de las cárceles.

Desde 2021, más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres entre bandas rivales, en una ola de violencia criminal que también se extendió a las calles del país. El caso más reciente, que dejó 17 reclusos muertos, ocurrió el mes pasado en la penitenciaría de Guayas.

A principios de este año, el presidente Noboa declaró una situación de "conflicto armado interno" y catalogó a las bandas criminales como "terroristas", para facilitar la acción de las fuerzas de seguridad del Estado y la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras criminales.