Pescadores de Ecuador pagan un alto precio por la guerra contra las drogas

Freddy Farías, oriundo de Manta, el principal puerto pesquero de Ecuador también conocido como la capital del atún, tenía un plan de vida claro: invertir sus ahorros, un crédito y la liquidación del Banco Central de Ecuador, donde trabajó casi 20 años, en un barco pesquero. “Mis padres eran pescadores”, recuerda. “Son mis raíces”.

Confiaba que así tendría ingresos de manera autónoma. Bautizó a su barco como María Julia. “Lo compré pensando que iba a ser de beneficio para mí”. Llegó a emplear a 20 personas entre tripulación y familiares de los tripulantes.

El 27 de octubre de 2004, su plan se hundió para siempre. Su embarcación navegaba cerca de las islas Galápagos, aguas ecuatorianas, cuando fue interceptada por una fragata de la Marina de Estados Unidos.

La tripulación fue obligada a trasladarse a la patrulla y los marines procedieron a disparar ráfagas de cañón, destruyendo el María Julia.

“Imagínense el tremendo golpe que fue para mí. Trabajé más de 20 años de empleado público para reunir todo ese dinero. Perdí todo lo que había adquirido. Casi me pego un tiro", recuerda.

Para Farías, la destrucción del María Julia fue el comienzo de una lucha por justicia que ya lleva 20 años.

Monitoreo y destrucción de barcos sin control

Todo comenzó en 1999, cuando el gobierno ecuatoriano del entonces presidente Jamil Mahuad firmó un convenio de colaboración militar con Estados Unidos. El acuerdo incorporó un puesto de control, y rastreo de narcotráfico y crimen organizado. Este monitoreo lo realizaba la Marina de EE.UU. en cooperación con la Armada y Fuerza Aérea ecuatoriana.

Durante los 10 años que duró, el convenio dio pie a una mayor presencia en la región de buques de guardacostas de Estados Unidos.

En estos monitoreos se llegaban a destruir barcos pesqueros como el María Julia, muchos de ellos inocentes. Y sus propietarios nunca recibieron reconocimiento ni compensación.

Fuerza del Mar: cuando las víctimas se unen

Hoy Freddy Farías es parte de una asociación de víctimas: “Fuerza del Mar”, conformada por 18 personas, entre esposas de pescadores desaparecidos y propietarios de barcos destruidos.

Farías no logró ingresar su demanda en los plazos determinados por la comisión de la verdad, establecida en Ecuador, con la finalidad de investigar violaciones a derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008.

Sin embargo, se abrió una investigación por el hundimiento del María Julía en 2006. Hasta el día de hoy no ha tenido avances. “Pasaron 18 años y la fiscalía ha roto todas las garantías del debido proceso y la tutela judicial”, menciona Andrés Aguirre, docente investigador ecuatoriano, quien conoció a Farías cuando trabajaba en la defensoría pública.

Aguirre recuerda cuando lo vio por primera vez y cómo le impactó su determinación a pesar de la tragedia.

“Farías buscaba justicia, por lo que viajaba hasta Quito para asistir a los procesos legales. Desde su ciudad, Manta, emprendía un trayecto de ocho horas por carretera hacia la capital ecuatoriana de manera frecuente, para asistir a las audiencias, durante los últimos 20 años, pese a no contar con avances. El desgaste de este proceso legal le ha causado mucho sufrimiento y ha afectado su salud”, añade Aguirre.

De la tragedia a la solidaridad con sus pares

Hoy, Farías es uno de los miembros de Fuerza del Mar más activos. Siempre se comunica con otras víctimas y busca los espacios en la justicia para poder dar a conocer su caso.

Han sido 20 años de búsqueda sin resultados. Cinco gobiernos dentro de todo el espectro político han pasado y no han dado solución ni a Farías ni a las víctimas de la presencia militar estadounidense en el puerto pesquero.

En 2011, Farías envió una contundente carta al gobierno del entonces presidente Rafael Correa, denunciando las promesas sin cumplir y la falta de claridad en los informes de la presencia estadounidense en Manta. Incluso, reclamó conocer el destino de tripulantes que desaparecieron sin dejar rastro.

Otra vez no recibió ninguna respuesta. La Fiscalía intentó archivar el caso pero no lo logró.

Con deudas y emigrado a Chile

El crédito que tomó Farías para comprar el barco María Julia asciende a una deuda en la actualidad de 80.000 dólares. Sin trabajo y a los 65 años, Farías decidió migrar a Chile.

Desde allí, logra sobrevivir trabajando como chofer, pero no logra volver a la vida que tuvo cuando el María Julia navegaba libremente las aguas de su país. Hoy, Farías recuerda en voz alta historias de otras víctimas, de esposas de pescadores que perdieron todo cuando sus compañeros desaparecieron en altamar, y dueños de barcos con deudas que ascienden el millón de dólares.

¿Regreso de militares estadounidenses a suelo ecuatoriano?

En enero de 2024, Ecuador declaró un conflicto interno armado, después de un incremento de violencia en este país por el narcotráfico. Luego de la salida del puesto de operaciones avanzado en su reforma constitucional, se prohíbe la presencia de tropas extranjeras en el país.

Sin embargo, en diciembre del 2024, el actual presidente Daniel Noboa, delegó una comisión de reforma parcial a la constitución para el establecimiento de bases militares en el Ecuador, eliminando la prohibición en la constitución.

“Para que venga una base norteamericana, tienen que pagar las indemnizaciones a todos los dueños de barcos que hemos sido afectados", advierte Farías. "Me pregunto cuál es el propósito del gobierno para que vengan a destruir más barcos y dejarnos en la miseria”.