Protestas vuelven a poner el foco sobre el caso Ayotzinapa en México

La liberación de ocho militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que se acerca a los primeros 10 años, desató una fuerte protesta en Ciudad de México este lunes. Alumnos de esa institución lanzaron cohetes pirotécnicos en medio de la manifestación frente al palacio presidencial, lo que dejó al menos 26 policías heridos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de México informó en un comunicado que los policías resultaron heridos por esquirlas de los cohetes. "Paramédicos (...) atendieron a 26 uniformados que presentaban heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos. Todos fueron trasladados a distintos hospitales para que reciban la atención médica especializada que requieren", dijo.

Imágenes de medios locales captaron el momento en que los manifestantes lanzaron los cohetes pirotécnicos contra una de las puertas del palacio presidencial, mientras policías con equipo antimotines intentaban protegerse. La Secretaría de Seguridad Ciudadana añadió que las personas que protestaban se retiraron del lugar luego de la manifestación.

Militares acusados, en libertad

La movilización se convocó para rechazar el hecho de que ocho militares, a los que se acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada por el caso de los 43 de Ayotzinapa, quedaran libres mientras enfrentan su proceso penal. El pasado 2 de mayo, un tribunal federal de México cambió la medida cautelar de prisión para los implicados y les permitió pagar una fianza.

Si bien es cierto que, a lo largo de los procesos penales pueden cambiar las medidas cautelares sobre los acusados, las decisiones en este caso con respecto a los militares han sido duramente cuestionadas por las víctimas por la manera en que se ha desarrollado la investigación.

Según el Centro Prodh, que representa a los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, la reciente decisión de concederle la libertad a los militares deja en evidencia el criterio “parcial y sesgado” de un juzgado y cómo “el poder militar sin contrapesos” se interpone en el acceso a la justicia y el esclarecimiento del caso. Según argumentan, la Secretaría de la Defensa Nacional litiga a favor de los militares involucrados y se niega a entregar documentos que podrían ayudar a la investigación.

“¿Dónde están?”: 10 años buscando respuesta sobre los 43 estudiantes

El rastro de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero, México, se perdió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. A punto de cumplirse el infame aniversario de su desaparición, las respuestas sobre lo que les ocurrió y la reparación a sus familias siguen siendo escasas.

La primera investigación del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que en su momento se denominó “verdad histórica”, sostuvo que a los estudiantes los detuvieron policías municipales en conjunto con narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos, y que los confundieron con enemigos.

Ese relato sostenía que a los estudiantes los asesinaron, incineraron y luego arrojaron sus cenizas a un río. Sin embargo, las familias de los jóvenes rechazan esta investigación, así como los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron el caso.

De hecho, en un comunicado por los nueve años de la desaparición, esta división de la Organización de Estados Americanos aseguró que “aún no se ha logrado conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos, esclarecer definitivamente los hechos y sancionar a las personas responsables. La CIDH reafirma su compromiso con las víctimas y su búsqueda de justicia”.

Por su parte, cuando asumió el poder en 2018, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creó la Comisión para la Verdad (COVAJ) a fin de realizar una nueva investigación. En ese marco, la Fiscalía ordenó el arresto de 132 personas, incluidos 14 militares y el exfiscal general Jesús Murillo Karam, responsable de la "verdad histórica", quien fue trasladado a prisión domiciliaria a mediados de abril.

La COVAJ aseguró en octubre pasado que el Ejército estuvo al tanto del secuestro y la desaparición, y reiteró que fue un "crimen de Estado". Sin embargo, para las familias aún quedan muchas dudas, a pesar de que se cumple un decenio de su calvario.