¿Qué ha pasado en el Catatumbo a un mes de que estallara la violencia?

Bajo la sombra de un largo conflicto armado interno que se ha extendido por más de seis décadas, Colombia vuelve a vivir una grave crisis humanitaria. La violencia que se desató en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, entre grupos armados “ha generado el mayor desplazamiento masivo desde que tenemos registros” en el país, alertó la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Mireille Girard.

“Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria", alertó la funcionaria en conversación con la agencia de noticias EFE. Y la cifra que compartió es alarmante: casi 85.000 personas afectadas en el mes que cumple la espiral de violencia. Los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas FARC, el Frente 33, han sembrado el miedo, el desplazamiento y la tragedia en la región.

De los 84.621 afectados a corte del pasado 14 de febrero, la gran mayoría son desplazados: 52.286. A ellos se suman 19.000 con restricciones de movilidad, 8.668 confinados y 4.667 refugiados y migrantes venezolanos.

El saldo de muertos continúa aumentando. Diferentes autoridades reportan al menos 56 víctimas desde que los enfrentamientos recrudecieron el 16 de enero en el Catatumbo, una región clave en el departamento de Norte de Santander, compuesta por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen y Tibú, entre otros.

El ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC se disputan el control territorial la zona fronteriza, crucial para el narcotráfico porque es uno de los lugares de Colombia con más presencia de cultivos de coca.

Niños e indígenas, los más afectados

Girard también destacó que los enfrentamientos han puesto en una situación aún más vulnerable a comunidades indígenas como los yukpa—pueblo transfronterizo que se desplaza entre Colombia y Venezuela—y los barí, arraigados en territorio colombiano.

A eso se suman los menores que, por la violencia, no pueden ir a sus escuelas porque los "profesores tuvieron que huir y los niños quedan desprotegidos, expuestos a vulneraciones, posiblemente también a temas de violencia de género y de reclutamiento forzado".

"Es una situación extremadamente preocupante para las comunidades de estas zonas, en particular la afectación a las personas indígenas y afro que se encuentran desproporcionadamente impactadas porque viven en zonas que se disputan muchos grupos armados", aseguró la representante de ACNUR en Colombia.

Aunque reconoce los esfuerzos de las administraciones locales para ayudar a la población, Girard dice que las alcaldías se vieron desbordadas y sus recursos financieros se agotaron rápidamente ante la magnitud de la crisis.

"Es muy importante que el Estado esté presente en estas zonas con servicios y para proteger efectivamente a las personas (...) y que se paren las armas para que las comunidades del Catatumbo puedan vivir en paz, que es la única cosa que están pidiendo", dijo.

Para Girard es muy importante trabajar también para que los desplazados que están en Cúcuta, la capital departamental, en Ocaña y Tibú, ambas de Norte de Santander, e incluso los que han llegado a Medellín o Bogotá, tengan ayudas gubernamentales necesarias para el regreso a sus fincas, si es que así lo deciden.

"Antes tenían sus fincas, sus animales, pero ya no tienen eso para sobrevivir y necesitan apoyos para generar lo necesario para ellos y sus familias", añadió.

En medio de este éxodo forzado, la asistencia humanitaria ha sido un paliativo que se queda corto ante la magnitud de la crisis. ACNUR, en coordinación con otras entidades, ha distribuido más de 40.000 kits de ayuda, principalmente de higiene personal, para atender a los desplazados y confinados.

Sin embargo, el desafío va más allá de la emergencia: sin un alto a la violencia, las comunidades seguirán atrapadas en el conflicto.

El ELN extiende su violencia a otra región de Colombia con “paro armado”

Por otro lado, en el departamento del Chocó, ubicado en el noroeste de Colombia, sobre la costa del Pacífico, el ELN decretó un "paro armado" que regirá a partir del martes, denunciaron autoridades locales un día antes al pedirle al gobierno nacional que tome acciones.

"Durante las próximas 72 horas va a haber un paro armado en el departamento del Chocó (...). Significa que no va a haber transporte, significa que no va a haber tránsito por las vías públicas" y las clases se suspenderán en varias localidades rurales del departamento, así como en las zonas urbanas donde la guerrilla ejerce influencia, aseguró la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, el lunes.

Este paro armado ha tenido consecuencias inmediatas sobre la población civil, agravando aún más la ya delicada situación humanitaria en la región. Tampoco habrá "ningún tipo de abastecimiento ni de alimentos, ni de medicamentos, ni de servicios, especialmente de salud", reclamó la gobernadora, que pidió al gobierno intervenir en el departamento para "restablecer el orden y proteger a nuestros ciudadanos".

La región atraviesa una grave crisis humanitaria, con confinamientos masivos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, homicidios de civiles y la siembra generalizada de minas antipersona. Se calcula que al menos "el 80% del Chocó está minado", según la gobernadora Córdoba.