Violencia machista en América Latina: un problema aún sin resolver

En América Latina, la violencia de género sigue siendo uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, nuevos informes destacan que, a pesar de los avances legislativos en países como Chile y México, millones de mujeres continúan enfrentando violencia física, sexual y psicológica a diario, tanto en sus hogares como en sus comunidades.

En 2023, al menos 3.897 feminicidios fueron reportados en 27 países de la región, lo que equivale a 11 mujeres asesinadas cada día por razones de género, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, debido a que una gran parte de los casos no son denunciados, se estima que la cifra es considerablemente mayor.

La mayoría de estos crímenes permanecen impunes debido a factores como la desigualdad estructural, la corrupción y la falta de recursos en los sistemas judiciales.

Tasas alarmantes de feminicidios

Honduras encabeza la lista con la tasa más alta de feminicidios, alcanzando 7,2 casos por cada 100.000 mujeres, seguida por República Dominicana (2,4) y Brasil (1,4). Aunque países como Chile, Haití y Guatemala reportan tasas más bajas, estas cifras no reflejan necesariamente la magnitud real del problema debido a fallas en el registro y subnotificación de casos, según ONU Mujeres.

Entre un 63% y un 76% de las mujeres en la región han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una cifra que se alinea con el promedio mundial de 736 millones de mujeres afectadas.

Movilización social y avances legislativos

En varios países, movimientos feministas como Ni Una Menos han desempeñado un papel clave en la visibilización de la problemática y en la exigencia de respuestas efectivas. Al mismo tiempo, muchas naciones han adoptado marcos jurídicos específicos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

Chile, por ejemplo, cuenta con leyes como la Ley Gabriela, que amplía el concepto de femicidio, y la Ley de Acoso Sexual en Espacios Públicos. Sin embargo, en 2023, se registraron 51 femicidios y más de 134.000 denuncias policiales por violencia de género. Además, ocurrieron 51 agresiones sexuales diarias, una cada 28 minutos. A pesar de los avances legales, las respuestas estatales aún no son suficientes para prevenir la violencia ni sancionar a los agresores de manera efectiva.

En México, las cifras indican que la situación es aún más crítica. Desde 2015, un promedio de diez mujeres son asesinadas por día.

Este país ha avanzado significativamente en su marco jurídico, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, o la tipificación del feminicidio como delito autónomo, en 2011. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2024, se reportaron en ese país 2.624 asesinatos de mujeres, de los cuales 598 fueron clasificados como feminicidios.

Si bien México cuenta con herramientas como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y protocolos de investigación con perspectiva de género, su implementación enfrenta serios desafíos, agravados por la corrupción y la falta de recursos.

En España, las cifras también son alarmantes. La violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis constante, a pesar de los esfuerzos en legislación y sensibilización. En 2024, 40 mujeres fueron asesinadas y más de 560 denuncias diarias fueron presentadas, según cifras oficiales citadas por EFE. El 17,6% de las mujeres en el país dice haber sido víctima de violencia sexual, y el 10,6% de violencia física o amenazas, según un estudio de la Unión Europea en el que han trabajado conjuntamente la agencia de estadística Eurostat, el Instituto Europeo para la Igualdad de Genero (EIGE) y la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales (FRA).

La violencia de género en América Latina y en el mundo refleja un problema estructural que trasciende leyes y normativas. Factores culturales profundamente arraigados, junto con desigualdades económicas y sociales, perpetúan un entorno de riesgo para millones de mujeres.