Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que vivió durante siete décadas, se ha convertido en el símbolo de una crisis de la vivienda que ha llevado a cientos de personas a las calles en España y ha obligado al Gobierno a anunciar nuevas medidas para proteger a los inquilinos. Mientras las protestas se extienden por el país, la anciana podrá regresar a su hogar tras alcanzar un "preacuerdo" con la empresa propietaria.
Ante la presión social, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas para proteger a los inquilinos y contener los precios, aunque su aprobación dependerá ahora de una votación en el Congreso, donde el Ejecutivo no cuenta con una mayoría suficiente para garantizar que salgan adelante.
De un desalojo a un símbolo nacional
El caso de Maricarmen comenzó como un conflicto particular, pero rápidamente adquirió una dimensión nacional. La mujer fue desalojada el pasado 23 de septiembre del apartamento del barrio madrileño del Retiro en el que había vivido durante unos 70 años, después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el inmueble y elevara el alquiler mensual un 275%, hasta los 2.650 euros (unos 3.000 dólares), según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
La imagen de la anciana saliendo de su vivienda en camilla, debido a su delicado estado físico, provocó una fuerte reacción social. Maricarmen utiliza silla de ruedas y permanece ingresada en un hospital por agotamiento. Para su abogada, Beatriz Duro, fueron "las imágenes de la vergüenza que dieron la vuelta al mundo" las que contribuyeron a generar la presión social que terminó desembocando en un acuerdo con la propiedad.
Un acuerdo para regresar a casa
Finalmente, esa presión ha dado paso a un "preacuerdo" con Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble. Maricarmen podrá regresar a su vivienda "si ella quiere", una vez que revise todas las cláusulas del pacto, explicó Duro, quien lo ha definido como "siempre la única alternativa posible".
"Ayer conseguimos este preacuerdo tras muchísimos meses y años de pelea", afirmó la abogada desde la Puerta del Sol. Según relató, la empresa "nunca quiso negociar", pero finalmente "se han visto desbordados" y "han reculado en su posicionamiento".
El acuerdo contempla un alquiler "similar al que ella venía pagando". Así, una vez que reciba el alta hospitalaria, la mujer podrá regresar al piso en el que ha vivido durante siete décadas. Duro destacó también la "buena voluntad por ambas partes" en la negociación.
Mientras tanto, Maricarmen ha enviado un mensaje a quienes han respaldado su caso: "Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro".
Una crisis que va más allá de un solo caso
La repercusión del desalojo se explica por un problema que afecta a buena parte del mercado residencial español. Durante la última década, el precio medio del alquiler se ha duplicado hasta alcanzar los 15,1 euros por metro cuadrado en agosto, según Idealista.
La compra de vivienda tampoco se ha abaratado. En el mismo periodo, su precio ha aumentado más de un 50%, hasta los 2.355 euros por metro cuadrado, de acuerdo con los datos oficiales citados. Como consecuencia, acceder a una vivienda se ha vuelto especialmente difícil para trabajadores y familias en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.
Para muchos de los manifestantes, el problema se traduce directamente en sus gastos cotidianos. "Nos afecta lo que está pasando porque no podemos llegar a fin de mes teniendo que pagar un alquiler, y compartiendo piso con 32 años", explicó Laura Requena, una profesora de 32 años.
Las protestas llevan la crisis a las calles
Con este escenario de fondo, el caso de Maricarmen se convirtió en uno de los símbolos de una movilización más amplia. Desde el sábado, varios cientos de activistas mantienen una acampada en la Puerta del Sol, una de las plazas más céntricas de Madrid. Durante su tercera noche, la protesta llegó a superar las 1.000 personas, mientras decenas de miles participaron en movilizaciones en distintos puntos del país.
La protesta también se extendió a otras ciudades. En Barcelona, grupos de manifestantes bloquearon parte de la avenida Diagonal, mientras que Málaga y Sevilla registraron acampadas de menor tamaño. Entre las consignas más repetidas están "Decreto Maricarmen ya", "los inversores son los invasores" y "Ni una Maricarmen más".
Al mismo tiempo, las autoridades madrileñas dieron un plazo máximo de 48 horas a la Delegación del Gobierno para desmantelar la acampada de Sol, que consideran ilegal.
La respuesta de Sánchez: el "decreto Maricarmen"
En medio de esta presión social, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes un nuevo paquete de medidas para afrontar la crisis. La propuesta, bautizada como "decreto Maricarmen", incluye cambios en los contratos de alquiler, los desalojos, los pisos turísticos y el acceso a la vivienda.
En concreto, el Ejecutivo plantea suspender los desalojos hasta 2030 y establecer la renovación automática de los contratos de alquiler cuando lleguen a su vencimiento. Ambas medidas están recogidas en dos textos que deberán ser debatidos y votados posteriormente en el Parlamento, donde el Gobierno no dispone de mayoría suficiente para garantizar su aprobación.
La ministra de Sanidad, Mónica García, adelantó también que el Ejecutivo pretende impulsar la "prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre". A ello se suma la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, dos modalidades que han ganado peso en las principales ciudades españolas.
Los contratos indefinidos, una reivindicación central
Precisamente, la duración de los contratos constituye uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y las organizaciones de inquilinos. El Sindicato de Inquilinos reclama que pasen a ser indefinidos, frente al modelo actual, que contempla contratos de duración limitada que pueden alcanzar los cinco años en determinados casos.
Desde la perspectiva del sindicato, esta temporalidad genera inseguridad porque, al finalizar el contrato, el propietario puede plantear nuevas condiciones económicas o decidir no renovarlo. Por ello, consideran que la protección frente a los desalojos debe ir acompañada de un cambio en la duración de los alquileres.
Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, aseguró que aceptarán el decreto "sin que se le cambie una única coma". De lo contrario, advirtió, "será un decreto farsa".
"De hecho, es el mínimo", añadió Racu. "Si de verdad queremos que no haya una Maricarmen más, es esencial ir a la raíz del problema, al inicio de todo. Los contratos no pueden ser temporales, no podemos aceptar contratos basura".
Fondos y pisos turísticos, en el punto de mira
La propuesta gubernamental aborda también dos asuntos que están en el centro de las protestas: la presencia de fondos de inversión en el mercado residencial y los alquileres turísticos de corta duración.
Las organizaciones de inquilinos acusan a fondos y plataformas como Airbnb de contribuir al encarecimiento de la vivienda al comprar inmuebles o destinarlos al turismo, reduciendo así, según su argumento, la oferta disponible para los residentes. Estas afirmaciones forman parte del actual debate político y social sobre las causas del aumento de los precios.
En respuesta, el Gobierno plantea regular los alquileres turísticos y aplicar un IVA del 10% a los apartamentos destinados a este uso, frente al 21% inicialmente previsto. La rebaja se produjo después del diálogo con distintos grupos parlamentarios.
Rodríguez recordó, además, que las comunidades autónomas tienen competencias para cerrar los apartamentos turísticos que operen de manera ilegal.
Más vivienda pública y ayudas para comprar
El paquete no se limita a regular el mercado del alquiler. De hecho, el Gobierno sostiene que aumentar la oferta de vivienda, especialmente la pública, constituye una de sus prioridades.
Por ello, propone aplicar un IVA superreducido del 4% a la construcción de viviendas públicas y protegidas. También plantea conceder préstamos a interés cero para compradores de primera vivienda, que podrían cubrir hasta el 20% del valor del inmueble, con un límite de 50.000 euros. El objetivo es financiar parte del importe que normalmente no cubren los bancos.
A estas medidas se suman bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 33.000 euros. Según los cálculos del Ejecutivo, podrían suponer un ahorro equivalente a un mes de alquiler y beneficiar hasta a 1,6 millones de hogares.
Por otro lado, el Gobierno pretende ampliar y proteger el parque público de vivienda y consolidar Casa 47, la entidad estatal encargada de gestionar parte de estas políticas.
Un decreto dividido en cuatro bloques
En conjunto, el Ejecutivo presenta el paquete como una iniciativa "ambiciosa", "amplia" y "transversal", dividida en cuatro bloques y destinada a abordar varios de los problemas del mercado residencial, no únicamente los desalojos.
Además, incorpora parte del trabajo incluido en el decreto que el Gobierno había previsto aprobar en julio, aunque con modificaciones y nuevos contenidos. Por ahora, no se ha especificado una fecha concreta para la entrada en vigor de todas las medidas.
El anuncio se produce, asimismo, en un escenario político complejo. El Gobierno de Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria y necesita apoyos para sacar adelante sus iniciativas. El propio presidente había asegurado el domingo que el Ejecutivo estaba trabajando "a contrarreloj".
La votación, pendiente del Congreso
El Gobierno esperaba llevar los decretos a un pleno extraordinario del Congreso el viernes para su debate y votación. Sin embargo, su aprobación no está garantizada debido a la composición de la Cámara.
Ante esa situación, la ministra Rodríguez pidió a todas las formaciones políticas, incluidas las de la derecha y la ultraderecha, que contribuyan a construir una "mayoría social" para aprobar las medidas.
"Es un acuerdo de mucha relevancia social. Es el principal problema de los españoles y las españolas", afirmó Rodríguez.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, valoró por su parte el acuerdo como un "Magnífico acuerdo. Hoy es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios. Y malo para especuladores".
