Una idea es responsable de la privatización del agua

Imagínese que la actividad humana hubiese contaminado tanto la atmósfera que la calidad del aire fuese irrespirable en la mayoría de los lugares habitados. Imagínese que para poder vivir en estos lugares hubiese que limpiar y tratar el oxígeno.

Obviamente esto acarrearía un coste. Imagínese que, ante esta situación, los gobiernos considerasen el oxígeno como un bien estratégico y se atribuyeran la potestad de su gestión, en nombre de todos. Y ahora imagínese que esos gobiernos cedieran la gestión de este bien necesario para sostener la vida a empresas privadas.

Ahora, deje de imaginar y sustituya oxígeno por agua. Se dará cuenta de que lo que parecía distópico, ya no lo es tanto.

El agua, un recurso común

El agua es un recurso común y público, una necesidad vital, no solo para los seres humanos, sino para todos los organismos vivos. Esta es una realidad inapelable.

Nadie produce agua, el agua se gestiona, y de la correcta gestión de este preciado recurso natural depende, en gran medida, la supervivencia de nuestra especie. No es una exageración.

El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) reconoció "el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

La ONU reconoce el agua como un derecho humano pero, como ocurre con todos los derechos que reconoce la ONU, queda en potestad de los gobiernos cómo ejecutarlo.

En ocasiones se ofrecen recomendaciones o se sancionan ciertas prácticas, pero, generalmente, quedan como meras sugerencias, al no disponer de fuerza punitiva.

En España, y en la mayoría de los países, el agua se considera un recurso estratégico perteneciente al Estado y supervisado por este. El agua, en consecuencia, es de todos.

De ser libre a ser público

Durante siglos, por no decir durante toda la historia hasta la época moderna, el agua ha sido un recurso de libre aprovechamiento.

Cierto es que en núcleos poblacionales grandes o en tareas que requerían un uso intensivo el agua era gestionada por la autoridad competente o por una cooperativa de usuarios. Los acueductos romanos que recorren la península ibérica, o los sistemas de acequias y regadío de la época islámica, son un testimonio de ello.

Si uno no estaba de acuerdo con esta forma de gestión siempre podía elegir vivir lejos de estos y cerca de una fuente de agua que le permitiera acceso a este recurso. Obviamente esto conllevaba un sacrificio, pero, esencialmente, el acceso a este recurso era posible sin mediador.

A partir de la revolución industrial, que va mano a mano con la emergencia del Estado como entidad política, todos los recursos públicos de los que dispone un territorio pasan a ser propiedad de este, en nombre de todos.

Esta tendencia es justificable puesto que los núcleos poblacionales son cada vez más grandes y la intensificación de la industria exige cada vez más agua. Al ser un recurso escaso y limitado su gestión se vuelve una obligación pública.

El agua pasa entonces a considerarse un bien estratégico y los gobiernos invierten grandes cantidades de dinero público en su cuidado y gestión.

Esto es independiente de la calificación del gobierno. En España, la red de pantanos se debe, en gran medida, al periodo de la dictadura franquista.

De ser pública a ser privada

Las teorías políticas y proposiciones ideológicas de unos pocos pueden llegar afectar a muchos sin que estos necesariamente lo sepan. En ocasiones ni tan siquiera aquellos involucrados en llevar a la práctica dichas teorías y proposiciones son conscientes de ello.

El neoliberalismo es una doctrina política que surge en los años setenta como respuesta al keynesianismo. El keynesianismo comenzó en Estados Unidos a raíz de la Gran Depresión del 29 y, esencialmente, nace como un proyecto para dotar a instituciones públicas de poder para controlar la economía.

En respuesta a esto, el neoliberalismo propone reducir al mínimo la intervención del Estado y el libre mercado, es decir, la desregulación y privatización de la economía.

El auge del ideario neoliberal comienza en la década de 1970 y se cristaliza en la de 1980 con la llegada al poder en Estados Unidos del presidente Ronald Reagan y en el Reino Unido de la primera ministra Margaret Thatcher.

La privatización de empresas públicas se convierte en política de Estado en estos países. Esta mercantilización de todo lo social también afecta al agua.

Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento de la ONU, describe en un artículo titulado “El agua ¿bien común o negocio?”, cómo durante los setenta y los ochenta una condición que el Banco Mundial (BM) y otras instituciones financieras internacionales ponían como requisito para el acceso a financiación a países en desarrollo era la privatización de la gestión del agua.

En algunos casos, como en el Chile de Pinochet, esta situación se convirtió en un monopolio efectivo que ni siquiera la presidenta Michelle Bachelet pudo cambiar. En esas condiciones, si alguien necesitaba agua en Chile tenía que ir a negociar con la multinacional española Endesa a Madrid.

Esta deriva de extrema privatización ha llevado a que el agua esté presente en el mercado de futuros de Wall Street, y, por lo tanto, sujeta a la especulación financiera. Pedro Arrojo denuncia en este informe de la ONU que esto es una vulneración del derecho humano al agua.

Pero ¿de quién es el agua?

El agua, en España y en la mayoría de países, es un recurso común. Gema Martinez, del Departamento de Comunicación de la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento (AEAS) afirma a TRT Español que la legislación española “regula y defiende un bien común, como es el agua y su aprovechamiento, de forma que limita, condiciona y regula los usos y actividades que se pueden realizar en el Dominio Público Hidráulico (DPH) para asegurar su protección.”

Es decir, que el agua es un recurso que pertenece a todos los ciudadanos. Esta consideración es similar en la mayoría de los países, por lo que el agua nunca puede ser propiedad de una empresa privada.

Lo que se privatiza no es la propiedad, sino la gestión. A efectos prácticos –que no jurídicos- es casi lo mismo durante el tiempo que dure el contrato.

La gestión del agua en España es jurisdicción municipal y cada municipio puede elegir cómo gestionarla.

Liliana Pineda, abogada y responsable del Observatorio de Servicios Públicos de ATTAC, en conversación con TRT Español afirma que “tradicionalmente el agua se ha gestionado en España a través de empresas públicas de los grandes municipios o de varios municipios en conjunto, puesto que la infraestructura para gestionar el agua es muy cara requiere una gran inversión que se ha hecho históricamente con dinero público”.

Según Pineda “la privatización de la gestión del agua no se debe a una mala gestión por parte de las empresas públicas, sino a un cortoplacismo político que ingresa grandes cantidades de dinero por la privatización de la gestión y que es usado para tapar agujeros en las arcas municipales y otros fines”.

Un estudio de la Universidad de Granada ha comparado la eficacia de la gestión entre 28 sociedades públicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo que las empresas públicas son más eficientes que las privadas, lo que parecería apoyar la tesis de Liliana.

Conflicto de intereses

La gestión privada del agua significa que los beneficios obtenidos por la explotación de este recurso público van a parar a los accionistas de la empresa que tiene la concesión.

Por otro lado, cuando la titularidad y la gestión son públicas y transparentes y no obedecen al ánimo de lucro, el beneficio generado debería derivar en el interés común.

Gema Martínez de AEAS defiende en declaraciones a TRT Español que “la gestión de un bien estratégico se puede hacer con la participación de empresas privadas. Un ejemplo es el dinero, que también es un bien estratégico: en todos los países del mundo lo fabrica y directamente lo gestiona el Estado, a través de un banco central”.

Aunque técnicamente esto es cierto y cuando una empresa -ya sea pública o privada- presta un servicio es lógico y necesario que obtenga un beneficio, la cuestión que surge es si la persecución de un beneficio privado no presenta un conflicto de interés con la prestación de un servicio público.

Ángela Lara García, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cree que sí hay un conflicto de interés y declara a TRT Español que “no solo no es de beneficio, sino que, desde nuestro punto de vista, es incompatible su privatización con la garantía del derecho humano al agua y saneamiento (DHAS”).

“Los mercados tienen por objetivo maximizar el beneficio económico, y eso, en muchas ocasiones, es contrario al interés general que debe primar en la gestión de un bien público y esencial como es el agua. La gestión pública es una condición necesaria para que el agua se gestione de manera democrática, transparente, participada y bajo el marco del DHAS”, añade.

En declaraciones del jefe de Relaciones con los Medios de Aqualia a TRT defienden un modelo de gestión del agua urbana “en una intensa colaboración público-privada para su gestión. Este esquema de funcionamiento, reconocido a nivel internacional por su eficacia, ha permitido que en las últimas décadas los servicios de agua urbana hayan alcanzado, por lo general, un alto nivel de prestación en un país que padece un severo estrés hídrico y que no sólo atiende las necesidades de los más de 48 millones de habitantes, sino también las de decenas de millones de turistas que nos visitan cada año”.

Esto no deja de ser cierto y las empresas españolas de gestión de agua, como Aqualia o FCC, son reconocidas y contratadas a nivel internacional. A pesar de esto el conflicto de intereses sigue sin resolverse.

En lugares como España, con un estricto marco regulatorio, este conflicto no suele llegar al extremo de enfrentar al usuario con la empresa, pero en otros países sí.

Liliana Pineda afirma que en Barranquilla (Colombia) la privatización de la gestión del agua ha llevado a un incremento de un 100% del precio y dejando sin posibilidad de suministro a cientos de familias.

La culpa la tiene una idea

Si una empresa privada adquiere el contrato de gestión del agua por una licitación pública y presta un servicio adecuado respetando un precio como servicio público, en principio, esto no debería suponer un problema para el usuario final.

Incluso podría ser útil para las pequeñas administraciones municipales al gestionar un servicio que requiere un uso de capital intensivo a las que estas no pueden hacer frente.

Esto supone otra serie de problemas que se recogen en un estudio realizado por la Autoridad Catalana de la Competéncia (ACCO), como que el suministro de agua tiene una estructura oligopolística, que la participación conjunta de grandes operadores privados debilita la competencia, que se trabaja conjuntamente para debilitar las políticas públicas y que un mayor grado de concentración supone precios más altos.

Y a pesar de todo esto, las operadoras privadas que gestionan el agua solo están participando legalmente en un negocio.

Si hubiese que señalar un responsable de la privatización deberían ser, en todo caso, las administraciones públicas que convocan dicha licitación. Pero estas también operan dentro del marco legal y constitucional.

La responsable de la privatización del agua es, en última instancia, una idea. La que dice que el agua es un bien susceptible de ser mercantilizado. La que compara el agua a otros productos que también son de interés público, como el dinero o la electricidad.

Liliana Pineda, de ATTAC, afirma que cuando esto sucede el agua “se cosifica y se trata como cualquier otro objeto con el que se puede especular, se monopoliza, se expropia y se usa para el beneficio privado”.

El agua es un recurso esencialmente diferente a otros, como el dinero, el petróleo o incluso los alimentos. La diferencia radica en que el agua no se puede crear, y es única y esencial para la vida.

Cuando permitimos que se mercantilice y se le ponga un precio del cual se obtiene un beneficio privado, estamos permitiendo la monetización de un derecho humano y una necesidad vital.

La mercantilización de todo cuanto existe y la propuesta de que la mejor distribución de recursos la hace un mercado libre, es, esencialmente, una idea neoliberal.

Puede que esto funcione en determinados sectores, pero al aplicarlo indiscriminadamente a todo cuanto existe deja de ser una idea económica y se convierte en un postulado metafísico.

Imagínese que tuviese que pagar por el aire que respira. Puede parecer la proposición de una novela distópica, pero si esto ha pasado con el agua, quizás no lo sea tanto.